El Gobierno revisará a la baja los contratos de obra pública

El Gobierno tendrá en cuenta las repercusiones del convenio de la construcción recientemente firmado entre los sindicatos y la patronal del sector, a la hora de reformar las obras públicas y fijar las subida de precios, señaló Carlos Solchaga en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Solchaga afirmó que esta decisión no debía interpretarse como un "castigo" a las empresas constructoras por haber pactado una subida salarial por encima de lo que el Gobierno considera compatible con los objetivos de inflación, sino "una fórmula para lograr que todos nos podamos beneficiar de los aumentos de productividad que parece tener ese sector".Carlos Solchaga afirmó "que es prematuro tomar decisiones globales por el hecho de que el convenio colectivo de un sector concreto se haya desviado de los escenarios contemplados", pero, añadió, "es preocupante que en un sector, que en buena parte depende de la Administración, se haya corrido tanto".

Revisión de precios

Por ello el ministro señaló que, si es cierto "que está teniendo lugar un aumento tan importante de la productividad como se afirma", el Gobierno tendrá en cuenta este factor a la hora de revisar los reformados de las obras públicas y el establecimiento de los precios para el sector. Los precios se revisan trimestralmente, declaró el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, y será en ese momento (a finales de marzo) cuando se trate de lograr una moderación en los precios de las obras públicas.

El aviso del ministro viene a romper las expectativas de aumentos de los excedentes empresariales en la medida en que la Administración logre repercutir, en precios a la baja, una parte importante del aumento de la productividad supuesta del sector. Los trabajadores, al haber firmado ya el convenio colectivo del sector, tienen asegurado este año su participación en el aumento de productividad. El convenio fija una subida del 6% más 2,5 puntos procedentes de dicho aumento de productividad. Todo lo que el Estado logre reducir en sus contratos reducirá los márgenes empresariales de forma que la subida salarial y de la productividad no se traslade automáticamente a los precios.