Las inversiones públicas superarán en 1990 por primera vez el billón de pesetas

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 1990 que estudia el Consejo de Ministros sitúa las inversiones reales en una cifra que superará por primera vez este año el billón de pesetas, con un crecimiento del 17,34% respecto al ejercicio de 1989. Ello contrasta con un incremento en los gastos corrientes o de funcionamiento de la Administración pública que se eleva al 9,7%. En cuanto a los ingresos, el crecimiento previsto es del 7,5%, con una disminución de la presión fiscal en porcentaje sobre el producto interior bruto (PIB), estimado en 49,3 billones de pesetas.

El marco de referencia para la aprobación definitiva de los Presupuestos, sitúa la cifra de ingresos en 10,2 billones de pesetas, lo que supone un crecimiento del 7,5% respecto a los resultados del pasado ejercicio. Con ello, la presión fiscal medida en porcentaje sobre el producto interior bruto disminuye del 21,3% en 1989 al 20,8%. Considerada sólo la recaudación de impuestos, es decir, sin contar las transferencias, los ingresos patrimoniales ni la enajenación de inversiones reales, los ingresos ascienden a 9,1 billones de pesetas, un 18,2%, más que el año anterior. La presión tributaria, es decir, esta cantidad medida en relación al PIB se sitúa en el 18,6%, tres décimas menos que en 1989.En el mismo marco se sitúa una cifra de gastos global 11,6 billones de pesetas, de los cuales, 10,9 billones corresponden a los gastos no financieros y 730.137 millones a los financieros. De esta forma, el gasto no financiero crece un 10,3%, por debajo del 10,5% en que se estima crecerá la economía este año a precios de mercado.

En la distribución del gasto por capítulos del presupuesto, el que más crece son las inversiones reales (un 17,34%), con una cifra que superará ligeramente este año el billón de pesetas. Dentro de ellas, las inversiones civiles se sitúan en 716.139 millones (18,6% más que el año anterior) y las de defensa en 290.034 millones (un 14,35% más).

En cuanto a los gastos corrientes o de funcionamiento de la administración pública el crecimiento previsto es del 9,78%, con una cifra total de 8,9 billones de pesetas. Dentro de ellos, los gastos de personal aumentan un 11,2% y se sitúan en 2,1 billones de pesetas. El resultado será un déficit público de 650.000 millones de pesetas, lo que supone un 1,3% en relación al PIB previsto. El endeudamiento neto se sitúa en 774.019 millones, un 1,5% del PIB.

Todas estas cifras sufrirán modificaciones hasta su aprobación final por el Gobierno y las Cortes [los cuadros corresponden a los elaborados por Hacienda el 19 de enero]. Los acuerdos alcanzados con los sindicatos para compensar la pérdida de poder adquisitivo -35.000 millones de pesetas- se reflejarán en el capítulo I (gastos de personal), aunque aún queda por señalar el incremento salarial para este año que, de momento, se ha fijado en un 5% a cuenta. En cuanto a los pactos sobre pensiones, tendrán su impacto en el presupuesto de la Seguridad Social.

También pueden venir modificaciones por el lado de las mayores peticiones de gasto para cada ministerio (véase EL PAÍS del pasado 3 de febrero). La discusión más política se ha centrado, sin embargo, en la necesidad de una reducción del déficit calificada por algunos sectores del Gobierno de demasiado drástica -del 1,7% del PIB al 1,3%-.

Esta reducción es todavía mayor si se tiene en cuenta que situar el déficit en el 1,7% ha sido posible gracias a que las devoluciones del IRPF -323.000 millones de pesetas-, se están realizando en la actualidad. Si se hubieran producido en el calendario normal, se habría situado en el 2,4%.