Cuba detiene a un grupo de panameños por realizar pintadas críticas contra el Gobierno

El 28 de febrero pasado, La Habana amaneció con un cartel donde se leyó: “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”. En medio de una Cuba colapsada, las consignas no apelaban ahora a ninguno de los líderes históricos del castrismo, poniendo así en otros la esperanza del país: en Trump, el presidente estadounidense que está prometiendo un cambio en la isla antes de fin de año; en Rubio, el cubanoamericano que ha vuelto a colocar a Cuba en la agenda de Washington; y en Hammer, el jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en La Habana, un personaje que entre la diplomacia y el carisma se ha popularizado en Cuba y —como quien conoce las últimas— les ha asegurado que en poco tiempo tendrán un mejor país. La pregunta ahora era: ¿Quién había puesto ese y otros carteles antisistema que aparecieron a fin de mes en algunas de las principales arterias de la capital?

El sábado, en zonas como Boyeros o Jaimanitas, escribieron con letras grandes “Abajo la tiranía” o “Comunismo: enemigo de la comunidad”. Todos los carteles tenían la fecha de ese día y las siglas CDPC, de la ONG independiente Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas. No obstante, el propio centro salió a aclarar que ni es el autor de los carteles, “ni ha participado en su elaboración o colocación”.

Lo que luego se supo a través de un comunicado del Ministerio del Interior (Minint) fue que los responsables de difundir esta clase de contenido político en contra del Gobierno no eran ciudadanos cubanos, sino diez panameños que ahora están acusados del delito de propaganda contra el orden constitucional, que el Código Penal cubano condena con hasta ocho años de cárcel.

El gobierno panameño también ha confirmado la detención de sus ciudadanos. “El Gobierno panameño actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico de la República de Cuba”, sostuvo la Cancillería panameña, que en estos momentos realiza gestiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para conocer la “situación jurídica” de los implicados, con el fin de “garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente”.

Por el momento se conoce muy poco sobre quiénes son los panameños implicados o quiénes estaban detrás de la acción, por la que, según el comunicado del MININT, iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a Panamá. Tampoco se sabe si es que pretendían llevar a cabo algún otro plan dentro de la isla, que hace solo unos días comunicó del intento de una decena de exiliados de entrar al territorio nacional para liberar el país. La Fiscalía cubana los va a procesar por terrorismo, indicó en una nota este martes. Se pensó en un primer momento que el incidente, que dejó cuatro muertos, entre ellos un ciudadano estadounidense, iba a despertar la roña de Washington con La Habana. Pero la respuesta ha sido bastante moderada, en medio del cerco económico y las aparentes negociaciones que, se presume, definirán el futuro próximo de Cuba.