Cultura reconoce graves problemas de seguridad en los museos y archivos de titularidad estatal

El Ministerio de Cultura invertirá 1.500 millones de pesetas en el desarrollo de un plan integral de seguridad de los museos y archivos de titularidad estatal, según informó a este diario el director general de Bellas Artes y Archivos, Jaime Brihuega. El plan, cuyo proyecto fue debatido el pasado martes por el Consejo del Patrimonio -órgano consultivo y de intercambio integrado por representantes de la Administración central y de las comunidades autónomas-, prevé acabar, en un plazo de dos años y medio, con la precariedad de medios de seguridad que padecen los 137 centros que componen la red de archivos y museos propiedad del Estado.

Los sistemas de seguridad de que disponen los 77 museos y 60 archivos que componen la red de titularidad estatal, según Brihuega, padecen, a la vista de lo consignado en el proyecto, graves deficiencias. El Museo de Muro (Mallorca) o el Palacio de Águilas (Ávila), por ejemplo, sufren, según el plan, "una carencia absoluta" de instalaciones de seguridad electrónica. En otros centros, como la Casa de Cervantes de Valladolid o el Museo de Bellas artes de Granada, las instalaciones "han quedado totalmente obsoletas e irrecuperables", siempre según el documento debatido por el Consejo del Patrimonio.Con frecuencia, añade el plan, las instalaciones de seguridad, "aceptablemente realizadas, presentan importantes puntos débiles", como sucede en el Museo de Bellas Artes y en la Casa Murillo de Sevilla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo, en el Museo de Arte Romano de Mérida, en el Museo de Bellas Artes de La Coruña o en la Casa de las Veletas de Cáceres.

En instituciones tan importantes como el Museo Español de Arte Contemporáneo o el Museo Arqueológico Nacional las instalaciones destinadas a garantizar la seguridad e integridad de sus fondos "adolecen", según el plan, "de falta de adecuación a la función encomendada". Existe, por último, "un número limitado de museos" en los que "el riesgo latente de robo es realmente grave". Este último grupo incluye, entre otros, los almacenes del Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Cerámica de Valencia y el Museo Provincial de Orense.

La falta de personal adecuado subraya en muchos centros la gravedad de la situación creada por las deficiencias técnicas de los sistemas de seguridad. "La carencia de jefe de seguridad, o de persona que asuma esta función con preparación específica para ello", señala el plan, "hace inviable el correcto funcionamiento de un sistema de seguridad". La falta de vigilantes, "generalizada en casi todos los museos", agrega el documento, "resulta gravemente peligrosa" durante las horas de visita, en las que este tipo de empleados "constituyen la única protección de las colecciones". Y por la noche, la situación es todavía peor: "La ausencia de vigilancia nocturna, unida a la vulnerabilidad de las centrales técnicas", precisa el documento, "crea una importante debilidad de la seguridad a museo cerrado".

Sistema integral

El Ministerio de Cultura se propone corregir esta situación con la implantación de un llamado sistema integral de seguridad coordinado por una oficina de seguridad en cada comunidad autónoma, desde las que se atenderá a los centros de titularidad estatal cuya gestión ha sido transferida, y otra en la sede del ministerio en Madrid. Esta última atenderá los museos y archivos gestionados directamente por el ministerio.La implantación del sistema obligará a sustituir la mayoría de los equipos de que disponen actualmente los centros a proteger. Las distintas procedencias de estos equipos, precisa el plan, "dificultan seriamente el servicio de mantenimiento y la centralización de alarmas". La sustitución o instalación de nuevos equipos en cada centro y la puesta en marcha de las oficinas de seguridad se complemeritará, entre otros medios, con la contratación de líneas telefónicas protegidas o el establecimiento de sistemas de doble comunicación por radio.

El nuevo sistema prevé la protección total de los fondos depositados en los museos y archivos, no sólo contra el robo -bien sea por intrusión, ocultamiento previo en el interior o sustitución de las piezas-, sino también contra el fuego, los llamados daños de origen humano -manipulación, grafittis- y los desperfectos de origen ambiental -humedad, temperatura, iluminación-, entre otros supuestos.

El desarrollo del plan será financiado por el Ministerio de Cultura, que prevé para ello una inversión de 1.500 millones de pesetas en el plazo de dos años y medio.

Esta cifra incluye, además de la compra e instalación de los equipos adecuados, la formación del personal necesario para su correcto funcionamiento. En el caso de los museos y archivos cuya gestión ha sido transferida, el pago del personal, y por tanto su número, corresponde a las comunidades autónomas, según Brihuega.

Representantes de la comunidades autónomas en el Consejo del Patrimonio calificaron de "aceptable" la cifra que el ministerio prevé invertir en el plan. Algunos de estos representantes, sin embargo, expresaron su temor a que el plan implique la paralización de otras proyectos como la construcción de museos y archivos en ciudades que no disponen de este tipo de infraestructuras.