Absueltos en Perú la mayor parte de los policias implicados en la matanza de Lurigancho
El coronel Rolando Cabezas, señalado como el principal responsable de la matanza de 124 presos ocurrida el 19 de junio de 1986 en el penal limeño de Lurigancho, fue condenado ayer a 15 años de prisión por un Consejo de Guerra de Justicia peruano. Junto a él también fue condenado el teniente Javier Oswaldo Martina quien recibió como condena siete años de prisión. Fueron los únicos veredictos de culpabilidad emitidos por e tribunal. Los restantes 76 policías acusados fueron absueltos y puestos inmediatamente en libertad por falta de pruebas.El tribunal militar comenzó sesiones públicas orales hace menos de cuatro meses sobre los hechos que concluyeron con la muerte, después de que su rendición, de 124 presos desarmados y acusados de terrorismo. Dicho tribunal tenía como cometido imponer penas que oscilaran entre seis y 25 años de prisión. Sin embargo, la insistencia en la falta de pruebas y también en una "neurosis colectiva de conversión" dieron como resultado final la condena de sólo dos de los acusados.
Todavía se hallan pendientes la apertura de dos causas más por las matanzas ocurridas en otros dos penales, en la misma fecha, después de que 375 presos del movimiento clandestino maoísta Sendero Luminoso se amotinaran simultáneamente además de en las cárcel de Lurigancho en la de Santa Bárbara y la de la isla-prisión El Frontón, siendo reprimidos brutalmente. La brutal represión se saldó con más de 240 reos muertos.
En las actas del juicio que acaba de finalizar se apunta como comprobado que 63 internos fallecieron por choque traumático y 61 por el estallido del cráneo, a causa del tiro que recibió cada uno en la cabeza.
Los amotinados, que se autodenominaban a sí mismos "prisioneros de guerra" y que se habían organizaclo autónomamente dentro de las cárceles, tomaron en aquella madrugada algunos rehenes e instalaciones de los centros penitenciarios en coincidencia con la fecha por la cual se celebraba en Lima el congreso mundial de la Internacional Socialista de ese año, presidido entre otras personalidades por el veterano político oeste-alemán Willy Brandt.
Atrincherados en los tres penales, los senderistas exigieron respuesta a una petición que iba desde mejoras en las condiciones carcelarias hasta garantías ante eventuales represalias.
El presidente Alan García y su Consejo de Ministros encargáron la solución de los desórdenes al Ejército, la Marina y la Policía Nacional. Al final de una madrugada de horror, el balance era el siguiente: ningún superviviente en Lurigancho, dos reclusas muertas en Santa Bárbara y más de 100 muertos en El Frontón que quedó arrasado por la artillería de la Marina.
El estupor y el secretismo se mantuvieron desde ese mismo momento -en que el presidente Alan García reconoció "excesos" por parte de los uniformados e hizo célebre la frase de "se van ellos o me voy yo"-, hasta que a finales de 1987 el senador izquierdista Rolando Ames y una comisión senatorial realizaron un informe.
Este documento tuvo dos conclusiones, una de la mayoría oficialista, que culpaba el exceso militarista de la acción, y'otro, en minoría, de Ames y senadores de la oposición que señalaban las responsabilidades políticas del presidente García y su Consejo de Ministros, y recomendaban un juicio político para ellos, una vez concluyeran sus mandatos a finales de julio de 1990.
