'Operación Indulgencia'

Un alto funcionario del Gobierno del presidente Menem mantuvo este diálogo con un juez:-Van a tener que postergar la citación.

-No pensamos hacer tal cosa.

-Hay un pedido de juicio político contra ustedes. Vamos a activarlo.

-Haga lo que considere conveniente, pero retírese de este despacho.

En una fulminante operación de baja intensidad, el hospital Militar descubrió que al general procesado le flaqueaba el corazón, y Migraciones certificó que había ido a curarse a Brasil. La justicia fijó nueva fecha para indagarlo sobre medio centenar de homicidios, entre ellos el de un niño de 14 años que apareció flotando en el río con un palo en el ano. El jefe del Ejército, general Isidro Cáceres, se franqueó con periodistas: "¿De qué lo vamos a enfermar ahora? ¿Adónde lo vamos a mandar, a Siberia? El indulto sale ya o habrá graves problemas". El ultimátum vencía el viernes 13.

Una senadora peronista ex¡gió la renuncia al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia cuya amiga se tiró por la ventana de un hotel de París en sostén y calzones. Como el juez denunció un chantaje para obtener renuncias en la Corte y designar amigos del Gobierno, la senadora difundió la última carta de la suicida, que comenzaba: "Me has humillado, me has hecho sentir una mierda...". Si la Corte declarara la inconstitucionalidad del indulto, "cae el general Cáceres y se arma un lío infernal", confesó el ahora renunciante secretario de Justicia. Por eso era urgente meterle mano, sin reparar en medios.

Menem pretende que el indulto a 40 militares de la guerra sucia y a 174 carapintadas fue un acto espontáneo, pero nadie le cree. Lo firmó cuando se vencía el nuevo plazo para que el general del corazón maltrecho se presentara ante sus jueces. De los 60 civiles añadidos a los decretos de gracia para equilibrar la cuenta y reafirmar la doctrina de los dos demonios sólo dos estaban detenidos. Varios habían obtenido la declaración de inocencia de sus jueces. Tres no son guerrilleros sino guardaespaldas sindicales, que estaban presos por secuestros extorsivos ajenos a cualquier motivación política. Una docena están muertos o desaparecidos, lo cual constituye un episodio macabro en una tragedia de enredos.

Una comisión militar investigadora había recomendado conducir ante un pelotón de fusilamiento a los miembros de la Junta que ocupó las islas Malvinas y condujo la guerra con el Reino Unido por haber "lesionado gravemente el honor de nuestras armas y dañado profundamente la fe de la nación en su valor y eficiencia profesional". El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas les condenó a prisión. Es difícil que esta defenestración presidencial de las pocas sentencias pronunciadas por los militares estimule la tan demandada autocrítica castrense. Al alegar ante el tribunal que lo condenó el orgulloso general Leopoldo Galtieri, dijo que la sociedad le debía un desfile de homenaje. La última curda tituló su portada el matutino Página 12. El día de ese disparate está hoy más próximo.

Los dirty warriors no cumplen la tibia cláusula del arrepentimiento requerida por la Iglesia. Reivindican con fervor lo actuado y prometen repetirlo. Si los tipos penales se definen para tutelar bienes que la sociedad considera valiosos, el indulto los desampara de forma brutal. El indultado general Ramón Díaz puso como ejemplo las guerras coloniales francesas y la reivindicación de la tortura formulada por el general Massu. Su compañero de blanqueo, el general Luciano Benjamín Menéndez, sostuvo que sólo había causado daño irreparable a comunistas y que los juicios a los vencedores, impulsados por los vencidos, formaban parte de la guerra revolucionaria. Menéndez propone castigos a los jueces, a los políticos y a los periodistas que osaron cuestionar la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Otro ciudadano desde ahora libre de todo reproche legal, el general Santiago Omar Riveros, defendió los delitos aberrantes y atroces como actos de servicio ordenados por los comandos superiores. Ante la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, ironizó: "Las guerras subversivas no se ganan arrojándole rosas al enemigo ni con ejemplares del Código Penal en la mano". El también liberado general Adel Vilas es autor de un libro, cuya publicación le prohibió el Ejército, en el que presenta la tortura de los detenidos como un arma de combate, aprendida de la experiencia francesa en Indochina y Argelia. Su ídolo es el terrible coronel Trinquier.

La indulgencia con los asesinos de los setenta es una claudicación ética, la liberación de quienes hace apenas meses procuraron derrocar al Gobierno constitucional, una tontería política. Uno de los oficiales de la fuerza aérea condenados por la ocupación del aeropuerto de Buenos Aires durante el alzamiento del teniente coronel Aldo Rico, en su alegato final, amenazó a los jueces y expuso su escala de valores: las constituciones son mutables, en cambio la nación es permanente. Las fuerzas armadas son aún previas, porque antes de cada patria se empinó un guerrero. Como constituyen la nación en armas, es subversivo llamarlas hijas de la Constitución. La autoridad la ejerce quien tiene derecho a mandar y no es elegida por ninguna mayoría popular. Somos soldados de la patria, no militares de la partidocracia.

Que los indultos producirán una pacificación de los espíritus y que las rebeliones fundamentalistas de Rico y del coronel Mohamed Alí Seineldín fueron problemas internos del Ejército que no afectaron al sistema institucional es una ingenua expresión de deseos. El presidente de la Confederación Nacionalista y asesor de los carapintadas, Walter Beveraggi Allende, dijo a un diario de Uruguay que "la salida de la crisis sólo surgirá mediante una revolución que tendrá una dosis de, violencia. Rico y Seineldín están preparando ideológicamente al Ejército. A los civiles nos compete preparar el terreno político para allanarles el camino cuando estén dadas las condiciones".

Duras palabras se han pronunciado contra la impunidad. Éstas, entre las más categóricas: "La única manera de cerrar para siempre las puertas de un horroroso pasado es no interfiriendo en la labor del poder judicial. La única garantía para mirar con limpieza hacia el futuro reside en la aplicación de la ley. Sin esas premisas, los argentinos veremos naufragar nuestros mejores ideales democráticos, que se resisten a proteger a quienes sometieron al país a la más deleznable de las tiranías. Nadie tiene el derecho a no responder por sus culpas, sea militar o civil. Nadie tiene derecho al olvido cuando se trata de delitos aberrantes que vulneran lo más preciado de la dignidad humana. Nadie, menos el Gobierno democrático, posee la aptitud moral para absolver encubiertamente a los ladrones, los torturadores y los homicidas ( ... ). Si la reconciliación no se basa en la verdad, tendrá pies de barro y será hipocresía". Su autor, Carlos Menem, hace tres años, cuando el presidente todavía era Raúl Alfonsín, y la ley de punto final comenzaba el lento suicidio de la democracia, que él ahora profundiza con su apurada operación Indulgencia.