La conexión peruana

Una aceleración del círculo represivo para combatir el narcotráfico en Perú tiene pocas probabilidades de éxito si no se abordan soluciones que partan de la superación del subdesarrollo, señala el autor, después de analizar los factores que hacen al complejo entramado social vinculado al cultivo de la hoja de coca.

Durante 1986 se vertieron en los ríos amazónicos del valle del Alto Huallaga, en el nororiente peruano, 57 millones de litros de keroseno, 32 millones de litros de ácido sulfúrico, 16.000 toneladas métricas de cal viva, 6,5 millones de litros de acetona, e igual volumen de tolueno. Estos productos son utilizados en la preparación de la pasta básica de cocaína por los laboratorios que los narcotraficantes mantienen como núcleo de sus dominios selváticos.A pesar de su magnitud, el problema ecológico ha sido absolutamente eclipsado por los aspectos que afectan directamente a la seguridad nacional, especialmente desde el inicio, a finales de julio, de la más importante ofensiva militar lanzada sobre este territorio, convertido en un estado dentro del Estado. La participación directa de las fuerzas armadas, con la utilización de helicópteros artillados soviéticos y norteamericanos, ha puesto fin a una situación de ambígüedad en la política antisubversiva del Gobierno del presidente Alan García, ya en las postrimerías de su mandato.

El 27 de marzo de este año una columna de casi 60 hombres de la guerrilla maoísta SenderoLuminoso atacó al puesto policial de Uchiza, una de las más importantes poblaciones del Huallaga, y después de un sitio que se prolongó durante casi medio día, obtuvo la rendición de un puñado de sobrevivientes de un destacamiento originalmente compuesto por 20 hombres. La guerrilla ejecutó a los oficiales y perdonó las vidas de su subordinados. El dramático diálogo telefónico entre el jefe del puesto y el primer ministro Armando Villanueva, ampliamente difundido por la Prensa peruana, en la cual el policía exigió la intervención del Ejército -ayuda q ' ue nunca llegó- contribuyó decisivamente a la crisis ministerial que culminó con la renuncia del premier.El destacamento militar ubicado en las proximidades de Uchiza, así como los de Tarapoto y Tingo María, no acudieron en auxilio del puesto porque el Ejercito no tenía bajo su jurisdicción las operaciones que se realizaban en el Alto Huallaga. La exclusión del Ejército obedecía a la reticencia de los militares de involucrarse en escenarios delictivos potencialmente corruptores para sus oficiales, y a que los tres últimos gobiernos prefirieron la estrategia policial recomendada por la DEA (agencia antinarcóticos norteamericana).

La DEA probablemente reflejaba el recelo de Washington por los 100 asesores militares soviéticos, encargados de mantenimiento de armamento e instrucción, que residen en Perú (US Department of State, 1986). Los Gobiernos constitucionales de Belaúnde y Alan García no han ocultado las tensiones irresueltas en su posición acerca de la participación de la fuerza armada en la política nacional. La respuesta contrainsurgente de los últimos nueve años ha significado un rol creciente de los militares en la política estatal, en un virtual monopolio sobre el proceso de decisiones en tomo a la contrainsurgencia. La responsabilidad política y control absoluto de los militares sobre las zonas de emergencia ha forzado a que un 40% de la población peruana viva en condiciones de declaración intermitente de estado de emergencia, con su enorme coste político para la vigencia del sistema democrático.

Este proceso de abdicación de la autoridad democrática, como lo califica Amnistía Internacional, ha acarreado para Perú las mismas consecuencias que tuvo en el Cono Sur: lo que los militares denominan excesos, pero que las convenciones internacionales reconocen como violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que han permanecido impunes.

El punto de ruptura de la cuerda tuvo lugar, como siempre, en su punto más débil. Desde que se hizo abrumadoramente evidente la colaboración entre los narcos y la guerrilla, a principios de 1988, la configuración política y estratégica dio un brusco giro. Los 250.000 pobladores vinculados directamente al cultivo de la hoja de coca en 300.000 hectáreas y la producción de pasta base estructuraban un orden social articulado por el consenso: una base social compuesta por toda la población; una base económica agraria e industrial centrada en la coca y una base política y militar no cuestionada, que es Sendero Luminoso. El narcotráfico dejaba de ser meramente delictivo y entraba de lleno a amenazar el eje central del arco fronterizo mas grande del pais.

"Todos apoyan la coca"

Un abogado ex cambista de dólares residente en Tingo María desde hace 20 años lo explicaba así a una revista limeña: "Aquí todos apoyan la coca o el narcotráfico, porque todos dependemos de ello y porque muchas fortunas que ahora son legales se hicieron a punta de coca. Después de todo, ser honesto en TIngo María es muy peligroso".

La cocalización de la guerrilla ha requerido una reconversión de las táctias senderistas, no muy conocidos por sus buenos modales, para adaptarse a una población muy diferente a la de sus originales bases andinas. El Alto Huallaga es una zona de colonízación reciente. La mayoría de los pobladores son inmigrantes, -venidos en sucesivas oleadas desde 1975, provenientes de la costa y la cordillera andina,atraídos por Eldorado del niás fértil de los valles de la selva. Es una población que aún no ha llegado a establecer relaciones de vida comunal, prevalenciendo el respeto al más poderoso.

Antes de la llegada de Sendero, en 1984 -presencia que se consolida en 1987-, las 17 organizaciones de narcotraf ¡cantes locales dependientes de los cárteles colombianos imponían su ley en los precios y el orden social. La defensa del pequeño agricultor cocalero durante las guerras entre las bandas rivales confirió a Sendero una autoridad creciente. Las bandas redujeron sus abusos y el orden de la Nueva,Democracia, como llama Sendero a su proyecto, fue impuesto en base a una rígida moral que castiga los robos, el adulterio 3, el consumo de drogas. El comisario senderista cumple funciones de juez, policía y regulador económico al determinar el sistema productivo y fijar los cupos (que deben pagar los narcos, monto calculado en casi 100 millones de dólares anuales.

Los agentes de la DEA han declarado a la Prensa de Nueva York que creyeron que iban a Perú a destruir laboratorios clandestinos y se encontraron con un potencial Vietnam. Las iniciativas andinas del Pentágono, que según el The Washington Posi incluyen una norma secreta en el programa antidroga del presidente Bush, por el cual se autor¡zaría el despliegue de personal militar norteamericano en áreas seguras del Valle del Huallaga, son un paso más en la total adopción de la solución militar.

Populismo anticomunista

EL populismo ferozmente anticomunista de los narcos colombianos no tiene correlato en Perú, lo que sumado a la agresiva captación de narco dólares por parte de la banca estatal y privada terminan de cerro, el círculo de la esquizofrénica ambivalencia del Estado -y del país- hacia la cocaína. Rechazo moral, combate militar y seducción económica. Una mano golpea al narcotráfico, la otra intenta captar su dinero para compensar el cierre de las líneas de crédito convencionales.

Las próximas contiendas electorales municipales y generales de noviembre y abril, muy polarizadas por el retroceso electoral del centro izquierda del régimen aprista y la confrontación ideológica entre la izquierda, el neoliberalismo de Vargas Llosa, hacen de éste un momento particularmente incierto. La guerra desatada en Colombia contra el narcotráfico ha provocado de inmediato que el dólar suba su cotización en el mercado negro, debido a la interrupción temporal del aparato comercial controlado por el cártel de Medellín.

Los antecedentes hacen difícil creer en el éxito de la aceleración de un círculo represivo que no contempla soluciones basadas en la superación del subdesarrollo. Investigadores independientes han propuesto en Perú vender al Gobierno norteamericano toda la producción de hoja de coca.. Si esto fuera practicable, EE UU se ahorraría gastos militares y quizá humanos, en un país cuyas dimensiones -1.300.000 kilómetros cuadrados- y geografía empequeñecen cualquier referente centroamericano.

es periodista peruano.