Carne de 5.000 vacas con neumonía fue distribuida en el mercado con el beneplácito de la Administración

La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura han ocultado durante cuatro años la existencia de un foco epidémico de perineumonía bovina en la localidad segoviana de Navas de San Antonio. Por acuerdo de ambas Administraciones, en todos los documentos oficiales se enmascaró la perineumonía como tuberculosis para evitar que esa enfermedad, de declaración obligatoria según la ley de epizootias, pudiera traer repercusiones negativas para el mercado español ante la Comunidad Europea (CE). La carne procedente de las 5.000 reses sacrificadas fue liberada al consumo humano.

Aunque el reglamento de mataderos permite, según los casos, comercializar la carne de vacas que hayan dado positivo en la prueba tuberculínica, es taxativo cuando se refiere a la perineumonía contagiosa, y dice que hay que decomisarla en su totalidad e incinerarla por no ser apta para el consumo.El foco epidémico de la perineumonía surgió en agosto de 1985, cuando las autoridades españolas negociaban con la CE temas relacionados con la sanidad animal para eliminar barreras comerciales. Por este motivo, según Pedro Llorente Martínez, director general de la producción en industrias agroalimentarias de la Junta de Castilla y León, ni el anterior Gobierno autónomo -socialista-, ni el actual -presidido por José María Aznar, del Partido Popular (PP)- declararon oficialmente la epidemia, siguiendo instrucciones del Ministerio de Agricultura.

Llorente reconoció a este periódico que no declararon la epidemia y que, en los partes que se remiten al organismo Ínternacional de epizootias, España seguía apareciendo como exenta de perineumonía. Afirma que entre 1985 y 1987 se trató de erradicar, pero no se llegó a un acuerdo con los ganaderos sobre las indenmizaciones a percibir, y que hasta noviembre de 1988, tres años des pués de la aparición del foco las Administraciones no ordenaron el sacrificio total de la cabaña, unas 2.200 reses que aún quedaban, y el vaciado ganade ro del pueblo en tres meses plazo que terminó el pasado 1 de abril.

Ultimátum

Según han comentado a este periódico varios ganaderos y miembros de la corporación municipal de Navas de San Antonio, con mayoría del Centro Democrático y Social (CDS), a raíz de que, en octubre de 1988, aparecieran nuevos brotes epidémicos, las Administraciones central y autonómica les dieron un ultimátum. "Nos dijeron", señalan los vecinos de Navas, "que disponíamos de 48 horas para matar todas las reses y que teníamos tres alternativas: o negociar, con la posibilidad de vender la carne como si se tratara de tuberculosis; o declarar la enfermedad, y se nos cerraban todas las fronteras comerciales; o, en caso contrario, las mataría la Guardia Civil por una orden del gobernador y las enterrarían sin más".

Así las cosas, los ganaderos optaron por negociar con las Administraciones y aceptar el sacrificio de su cabaña para vaciar el pueblo. Así, además de las indemnizaciones pactadas, podrían obtener los beneficios de la carne, declarada oficialmente como positiva a la prueba tuberculínica, tras seguir las directrices que establece el reglamento de mataderos. Varios ganaderos han reconocido que se dirigieron a mataderos de otras localidades como Madrid, Toledo y Bilbao.

En algunos casos, se liberó toda la carne para el consumo, pues muchas vacas no estaban enfermas; en otros, se realizaron decomisos parciales, principalmente pulmones e hígados, y otras fueron incineradas totalmente. La reglamentación sobre ganaderos, vigente desde 1986, es taxativa a la hora de actuar con el ganado que se presenta afectado por la perineumonía contagiosa y establece el decomiso total y la incineración. Al haberse enmascarado la perineumonía con la tuberculosis, la comercializ ación de la carne se hizo posible, también con el conocimiento oficial de la Junta de Castilla y León y del ministerio.

Al no existir declaración de enfermedad, los ganaderos, a medida que iban sacrificando reses durante los dos primeros años, introducían otras nuevas, que tardaban poco tiempo en contagiarse. La actitud de la Junta y del Ministerio de Agricultura ha sido criticada por un miembro del Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia, quien se lamenta de que ni siquiera remitieran una orden interna a estos profesionales, lo que ha supuesto un grave impedimento a la hora de erradicar la epidemia. Este veterinario cree que los organismos oficiales deben ser rápidos y eficaces con estos asuntos, que luego terminan escanándoseles delas manos como ha ocurrido recientemente con la peste equina.

Pese a la promesa de que en febrero de 1989 todos los ganaderos serían indemnizados, a 14 de ellos aún se les adeudan 90 millones de pesetas.