El decreto de ayudas al cine faculta al ministro a autorizar personalmente subvenciones excepcionales

El Ministerio de Cultura remitió ayer a las asociaciones que agrupan a los diversos sectores de la industria del cine el anteproyecto de decreto de Ayudas a la Cinematografía, que sustituirá próximamente al vigente decreto Miró, de 28 de diciembre de 1983. El anteproyecto es, con algunos retoques, muy similar al borrador que, como consecuencia de una filtración salió a la luz a mediados del pasado mes de marzo. Un artículo del anteproyecto dispone textualmente que, "con carácter excepcional y previa autorización individualizada del ministro de Cultura, el Instituto de la Cimematografía podrá otorgar subvenciones de hasta 200 millones de pesetas por película".

Dicho artículo, número 12 del anteproyecto, añade que estas subvenciones excepcionales están destinadas a "financiar la producción de largometrajes de coste extraordinario, realizados preferentemente en régimen de coproducción". No se establece para este apartado de filmes de alto presupuesto un criterio de concesión de ayudas de cuyo carácter objetivo haya constancia ni se establece ningún organismo técnico consultor para determinar cuáles serán los filmes destinatarios de esas subvenciones excepcionales.Por otra parte, el artículo 3 del anteproyecto, que establece los criterios de aplicación de las ayudas a la producción, describe una serie de casos en los que no serán subvencionadas las películas, y añade "salvo que, excepcionalmente, atendiendo a valores culturales o artísticos, el director general del ICAA las exima de algunas de estas limitaciones".

Este tipo de decisión personal vuelve, más matizada, a aparecer en el artículo 11, cuando afirma que "las subvenciones, sobre proyecto se otorgarán por la Dirección General del Instituto de la Cinematografía, a solicitud del productor interesado y previo informe no vinculante del comité asesor que a tal efecto se constituya". Estas disposiciones, que permiten la subvención de películas por decisión personal (lo que se presta al dirigismo, ya que las asesorías técnicas no son vinculantes) de altos funcionarios, han sido precisamente las más criticadas del decreto Miró, al que este anteproyecto sustituirá, por todos los síntomas, en breve plazo.

En carta que acompaña al texto del anteproyecto, el director del Instituto de la Cinematografía, Miguel Marías, invita a los representantes de los diversos sectores del cine a los que ha sido remitido el nuevo decreto a que, si lo estiman oportuno, "expongan su parecer en razonado informe" y lo remitan en un plazo de 10 días a la Dirección General del ICAA.

Primeras reacciones

Miembros del comité unitario que representa a todos los sectores de la industria en las conversaciones que mantienen con el Ministerio de Cultura sobre los problemas del cine español y sus posibles soluciones indicaron a este periódico que en una primera lectura no ven variaciones sustanciales entre este anteproyecto y el borrador que ya fue contestado por ellos a raíz de su filtración a la Prensa a mediados de marzo pasado.Anunciaron también miembros de este comité su intención de reunirse en fecha inmediata con objeto de estudiar detenidamente el texto legal y pronunciarse sobre su contenido. Y precisaron, no obstante, que a su juicio, la resolución de los problemas fundamentales del cine español no entran en el alcance de este decreto, pues dependen de un conjunto de medidas de caracter más variado y que conciernen a otros departamentos gubernamentales además de Cultura.

Insistieron en que dichos problemas sólo tienen una solución política de tipo global, destinada a lograr el saneamiento del mercado cinematográfico, que a su juicio es prioritario e imprescindible para que cualquier disposición legislativa sea operativa, ya que las vías de rentabilidad del cine español se encuentran en la actualidad secuestradas por las masivas desviaciones del dinero que el cine genera hacia otros sectores distintos del estrictamente cinematográfico, como son el videográfico y el televisivo. El anteproyecto de decreto deberá ser remitido al Consejo de Estado y, para su homologación con la legislación comunitaria, al organismo correspondiente de la CE. Los plazos habituales en este tipo de consultas permiten deducir que el nuevo texto legal podrá alcanzar vía libre para ser aprobado en Consejo de Ministros en un plazo aproximado de dos meses, por lo que es presumible que pueda entrar en vigor en septiembre próximo. En la orientación general de su articulado, el anteproyecto mantiene los criterios anunciados por el borrador filtrado en marzo y que en esencia consisten en una inversión de los establecidos en 1983 por el decreto Miró. Si en éste dominaba el concepto de subvención pública anticipada al proyecto de un filme, en el nuevo proyecto de decreto el criterio dominante es el de la subvención posterior y complementaria a proyectos ya sustentados por inversiones de dinero privado. El anteproyecto crea ayudas públicas selectivas a la exhibición y distribución, a los festivales y a la escritura de guiones cinematográficos. En su exposición de motivos afirma que "promueve la inversión privada en la producción de películas, con objeto de reducir su dependencia de las subvenciones estatales y de fortalecer la estructura financiera de este sector empresarial, e implanta los principios de igualdad, proporcionalidad y objetividad como elementos básicos para determinar las películas beneficiarias de ayudas públicas".