El que la hace no la paga

La ley española permite al Estado repercutir sobre los jueces y magistrados el importe de los daños abonados a los ciudadanos, cuando se hayan producido "por dolo [intencionalidad] o culpa grave" de los titulares de los órganos judiciales. Pero esta previsión todavía no se ha cumplido, a pesar de que en muchos de los errores no es difícil percibir la responsabilidad judicial.En la situación caótica de los órganos judiciales españoles es difícil ser exigente con quienes administran Justicia, pero establecer esa responsabilidad, como la de todos los servidores del Estado pagados con dinero del contribuyente, es una de las consecuencias naturales de la democracia. La ley italiana de 13 de abril de 1988 prevé la repercusión de las indemnizaciones estatales sobre el sueldo de los jueces y magistrados por un importe que puede alcanzar hasta la tercera parte del salario anual.

Es previo el adecentamiento y modernización de las oficinas judiciales, el incremento drástico del número de jueces bien pagados y la dotación de los medios personales y materiales necesarios. Pero mientras no se establezca la responsabilidad plena de quienes deciden sobre la libertad, la hacienda y la honorabilidad de sus conciudadanos, el ejercicio del poder judicial correrá riesgos tales como la frivolidad, la negligencia y el arbitrismo.