Dalí y el Estado español (1979-1982)

A la altura de 1979 la sociedad española reivindicaba para sí a Picasso, quería el retorno del Guernica y se sentía obligada a un reconocimiento público mediante la organización de una exposición antológica por el Estado y la adquisición de piezas significativas del pintor; todo ello pudo hacerse precisamente en función de la práctica unanimidad existente entonces. En el caso de Dalí, la situación era distinta: alguna de sus actitudes había enturbiado el juicio sobre su relevancia en la historia del arte en ciertos sectores de nuestra sociedad; eso hacía temer que fuera difícil prestarle el debido reconocimiento público y al mismo tiempo abrir la posibilidad de que, en ejercicio de su más estricta y autónoma voluntad, el pintor dejara, a la hora de su muerte, parte de su obra pictórica al pueblo español. Otras importantísimas dificultades complementarias eran, en la fecha indicada, la virtual ignorancia del paradero y contenido de la colección personal del artista y el hecho de que el reconocimiento de la totalidad de su obra tampoco se hubiera producido, con la magnitud y extensión suficientes, en todo el mundo.Como directores generales de Bellas Artes en el período que media entre 1979 y el final de 1982 queremos ahora (y sólo ahora), cuando se conoce la voluntad testamentaria de Dalí, explicar cuál fue la política del Estado en esta parcela, de la que éramos responsables. Creemos que si el pueblo español va a ser dueño del patrimonio de Dalí ello se debe a su voluntad, en todo momento respetada, pero a este resultado sin duda ha podido coadyuvar una gestión que se basó en la toma de la iniciativa para el contacto con el artista, en la voluntad de reconocimiento público de su obra, en la localización de su colección y en su ubicación en España, abriendo con ello la eventual posibilidad de que los españoles fueran beneficiarios de su herencia artística. Caracterizó a esta política, además, una continuidad que ha permitido tener el final ya conocido.

Exposición en París

El primer contacto con Salvador Dalí tuvo lugar semanas antes de su exposición en el Centro Pompidou parisiense, primer gran acontecimiento internacional de su obra que se le dedicaba en los últimos años, para solicitar que la exposición se presentara también en Madrid y Barcelona. Cuando, en diciembre de 1979, tuvo lugar la inauguración de la exposición de París, el primer firmante de este artículo, director general de Bellas Artes entonces, oyó de Dalí lo que luego ha venido a ser cierto: su colección sería de aquel a quien representaba, es decir, del pueblo español. En marzo de 1980, la Administración del Estado convirtió en monumento histórico-artístico el Teatro Museo Dalí de Figueres. Meses después, en noviembre, se firmó en Port Lligat un contrato entre Dalí y el director general de Bellas Artes, cuyo contenido revela bien a las claras los propósitos de esa política del Estado que ya han sido mencionados. A petición de Dalí, la exposición se llevaría a cabo en el Museo del Prado en noviembre y diciembre de 1981. El núcleo de esa exposición estaría constituido por la colección personal del artista depositada en Londres, París y Nueva York, que sería importada en régimen temporal. Con ocasión de la exposición, el Estado español adquiriría una obra suficientemente representativa del artista, destinada a la exhibición pública permanente.

Este contrato, sin embargo, no pudo llevarse a la práctica en la fecha prevista. Hubo dos razones para ello. Tan sólo unos días después de su firma se recibió una carta firmada por Dalí y, hecho muy significativo, por Gala. En ella se pedía un aplazamiento hasta el otoño de 1982, y Dalí prometía exhibir "una obra completamente única", que "tendría el tamaño aproximado de Las meninas", en ésta que debía ser "la exposición más importante de mi vida". De hecho, la exposición se celebró poco después de esa fecha, a principios de 1983. El segundo motivo a reseñar, si bien dificultó la exposición antológica en ese momento, tuvo como consecuencia la definitiva instalación del pintor en Gerona: en nueva carta dio cuenta del deterioro de su estado de salud, que pudimos comprobar quienes le visitamos por aquellas fechas. Sin duda sufría presíones para no autorizar su exposición en España, pero al mismo tiempo mantenía la esperanza de nutrirla con obras nuevas salidas de su mano. Estaba impresionado por la vuelta del Guernica y deseoso de hacer su exposición; por eso autorizó que se hiciera, por el momento, una de obra gráfica a partir de enero de 1982 en Madrid. Fue la primera ocasión en que un Gobierno democrático español exhibía a Dalí. Durante 1981 el pintor se trasladó a España, puso en orden su situación fiscal, con la ayuda de la propia Administración -ayuda que conviene no magnificar, pues tampoco fue decisiva entonces para la posterior llegada de sus obras a nuestro país-, y, sobre todo, recibió el homenaje de los Reyes de España, que le visitaron en Port Lligat en verano, siempre conscientes de que en su caso no podía repetirse lo sucedido con Picasso.

Así las cosas, se llega al año 1982, verdaderamente clave en la última etapa de la vida de Dalí y en sus relaciones con las instituciones públicas españolas. Durante los primeros siete meses de ese año se suceden los honores otorgados al artista: en enero, concesión por el Rey de la Gran Cruz de Carlos III, previo acuerdo del Consejo de Ministros; en marzo, la Generalitat de Cataluña le condecora con su máxima distinción, la Medalla de Oro; en julio, ya muerta Gala, el Rey le otorga el título de marqués de Dalí de Púbol. Todo ello va creando una atmósfera favorable a la celebración de la exposición antológica, que tan laboriosamente se venía gestando.

En abril de 1982 se produce la sustitución al frente de la Dirección General de Bellas Artes de Javier Tusell por el segundo de los firmantes de este artículo, pero la política del Estado respecto a Dalí no cambió, sino que siguió en la misma dirección. En junio de ese año fallece Gala. Se produce entonces lo que pudiéramos llamar punto de no retorno en las conversaciones entre el Estado y Dalí, con la importante participación, a partir de ese momento, de la Generalitat de Cataluña.

Hasta la muerte de Gala, los intentos de celebrar la exposición antológica, pese al convenio firmado en noviembre de 1980, no habían dado fruto, como se ha visto. Seis días después de su fallecimiento, Dalí accedía a realizar la exposición en términos semejantes a los establecidos en aquel primer documento. El protocolo de la exposición, firmado en Púbol por Dalí y el director general de Bellas Artes el 16 de junio de 1982, es revelador de las intenciones del artista en esa fecha: todavía no había tomado ninguna decisión sobre la definitiva instalación en España de su colección personal, y por eso mismo, como en 1980, exigió que el Estado se comprometiera a de volver las obras de su propiedad que figuraran en la exposición a los lugares que él determinara.

Por otro lado, en este protocolo se indica ya la necesidad de establecer una colaboración para las cuestiones relativas a la exposición entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, colaboración que , con la apertura del testa mento de Gala, debería extenderse a todo lo concerniente a la sucesión de ésta y a las cuestiones que afectaban a la obra de Dalí en general. Esta cooperación, sin la que no puede entenderse el desarrollo de los acontecimientos en la segunda mitad del año 1982 y en años sucesivos, hasta la constitución de la nueva Fundación Gala-Dalí en Figueres, fue fundamental para la repatriación del patrimonio artístico en manos de Dalí. Es por ello de justicia reconocer el esfuerzo de la Generalitat en todo este proceso, siempre sobre la base del respeto, como es lógico, de la voluntad del artista.

Acuerdos

En el verano de 1982, tras la muerte de Gala y con motivo de su sucesión, los representantes de Dalí, Antoni Pitxot, Robert Descharnes y, sobre todo, su abogado, Miguel Doménech, concluyeron verbalmente, en nombre del pintor, varios acuerdos básicos con la Dirección General de Bellas Artes. Estos acuerdos suponían: a) la instalación definitiva en España del núcleo principal de la colección de Dalí, yendo así más lejos de lo acordado en el protocolo de la exposición antológica del 16 de junio; b) la adopción de una estrategia común, como consecuencia de lo anterior, para eliminar el riesgo de cualquier litigio motivado por la herencia de Gala que pudiera poner en peligro la repatriación de las obras de Dalí, y c) la administración del patrimonio daliniano, tras la muerte del artista, por instituciones españolas, pero respetando siempre la voluntad que pudiera llegar a manifestar Dalí en su testamento sobre la manera en que ello habría de hacerse y sobre la designación concreta de dichas instituciones.

Estos acuerdos básicos requerían, además, el concurso de la Generalitat de Cataluña para llevarse a cabo, por lo que en su momento fueron trasladados a la institución autonómica por la Dirección General de Bellas Artes. Es bien conocido que Gala dejó en su testamento las obras de arte de su propiedad, por mitad, al Estado y a la Generalitat; legando el resto de sus bienes a su marido, y la legítima, "a quien correspondiera", y manifestando al mismo tiempo que su hija Cecile (hija también de Paul Eluard) no tenía que recibir nada de su herencia. Naturalmente, la señora Cecile Boaretto no quedó conforme con esto y, al no existir ninguna causa legal de desheredación, reclamó a Dalí, durante el verano de 1982, el pago de su parte de la herencia.

En estas circunstancias, la renuncia del Estado y de la Generalitat a los bienes y derechos que les otorgaba el testamento de Gala era imprescindible, puesto que la discusión sobre las obras de arte que pertenecían a la mujer de Dalí, además de llevar a las instituciones públicas a un enfrentamiento directo con este último, hubiera significado entregar a la señora Boaretto un arma poderosa para discutirle la cuantía del patrimonio de Gala, base

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para fijar su parte de la herencia. La Generalitat, al igual que la Administración del Estado, lo comprendió así, y ambas procedieron a tramitar sus respectivas renuncias, tras aceptar la herencia de Gala, para facilitar a los. representantes de Dalí llegar a un acuerdo con los de su hijastra. Este acuerdo se consiguió a principios de septiembre, pero no se firmó hasta el 14 de octubre de 1982 (el documento de renuncia de la señora Boaretto a la herencia de su madre, a cambio de diversas compensaciones, así como el protocolo de 16 de junio de 1982, están reproducidos en el libro El último Dali, del equipo de investigación de EL PAÍS, publicado en 1985).

Evitar pleitos

Con este acuerdo, obra principalmente de Miguel Doménech, Dalí y, con él, las instituciones públicas españolas consiguieron evitar un largo y costoso pleito en todos los lugares donde se encontraba en aquel momento el patrimonio del pintor (España, Estados Unidos, Suiza, Francia y Mónaco). Este pleito hubiera durado probablemente hasta hoy mismo y, de haberse producido, ahora no se estaría discutiendo sobre el destino de las obras heredadas por el Estado español, sino sobre los derechos de unos u otros en la herencia de Gala, mezclados con la de Dalí, en medio de una maraña judicial inextricable y con varios Estados extranjeros afilando sus armas fiscales sobre el patrimonio daliniano.

Mientras Dalí y su hijastra negociaban a través de sus representantes, el Estado y la Generalitat acordaron actuar conjuntamente en lo sucesivo en relación a Dalí, para evitar dar impresión de conflicto institucional o de aspiraciones o deseos enfrentados o contrapuestos, lo que podría poner en peligro el mantenimiento de los acuerdos básicos establecidos por el Estado con Dalí. Como es natural, mientras Dalí no expresara cuáles iban a ser las instituciones españolas encargadas tras su muerte de la custodia y conservación de su legado cabía toda clase de suposiciones sobre ello, y tanto los representantes del Ministerio de Cultura como los de la Generalitat pensaron que las administraciones estatal y autonómica serían, conjuntamente con la institución que existiera en Figueres, las beneficiarias del testamento. Sin embargo, todos los que intervinimos entonces en la sucesión de Gala, aun partiendo de la voluntad expresada por Dalí respecto a la permanencia en España de su obra, éramos conscientes de que el artista podía tomar cualquier decisión sobre las instituciones españolas herederas de su patrimonio, puesto que no se había comprometido a nada más concreto con ninguna de las administraciones públicas competentes. Por ello, el Estado y la Generalitat sólo podían llegar a establecer un acuerdo político de cooperación y actuación conjunta, como así hicieron, sin condicionar la voluntad de Dalí. Este acuerdo hubiera sido especialmente eficaz en el caso de que el artista no hubiera manifestado otra voluntad que la de legar su obra a España y Cataluña, genéricamente hablando, como tantas veces había dicho en el pasado reciente.

No hay, por este motivo, ningún engaño en el último testamento de Dalí, pues en rigor no se llegó a pactar con él ni con sus representantes ninguna distribución concreta de su futura herencia ni, por supuesto, ninguna cláusula de su testamento. Mucho menos puede hablarse, como con ligereza se ha hecho, de coacción por parte del Estado, que además de ignominiosa y contraproducente, hubiera resultado ridícula aplicada a una persona como Dalí.

Lo que, en cambio, sí hizo e Estado con la ayuda de la Generalilat, en 1982, fue impulsar y apoyar por todos los medios la traída a España del patrimonio artístico disperso de Dalí y acordar con sus representantes autorizados, de forma genérica, que su herencia futura fuera entregada a nuestro país. El hecho de que Dalí, al legar su patrimonio concretamente al Estado español, haya dispuesto que éste se ocupe de su obra entra, por tanto, dentro de las posibilidades que le dejaban, moralmente hablando, las conversaciones del verano de 1982, y no puede interpretarse como incumplimiento por su parte de ningún acuerdo aceptado por él entonces.

Por otra parte, el Estado, en sentido estricto, como conjunto de las instituciones generales, es expresión de toda España, Y por ello engloba también a Cataluña. Pero no sólo hay eso: el Estado, en sentido amplio, comprende asimismo a las instituciones políticas específicamente catalanas. Dalí, al entregar su obra al Estado, no ha excluido, pues, a Cataluña, lo que, desde luego, no era su intención. Simplemente, ha utilizado una posibilidad que tenía en su mano y que permite la presencia de sus obras en los principales centros artísticos de España, incluidos los catalanes. El mantenimiento de la política de actuación conjunta y de colaboración en esta cuestión de la Administración del Estado y de la Generalitat de Cataluña es no sólo políticamente deseable, sino culturalmente exigible, para estar a la altura hoy, como se estuvo hace siete años, del magnífico legado que han hecho al conjunto del pueblo español la generosidad y la grandeza de espíritu de Salvador Dalí.