El congreso sobre derechos humanos pide mayores penas para la tortura en España

El primer congreso sobre Los derechos humanos en Europa, organizado por el Consejo de Europa y el Gobierno vasco y clausurado ayer en San Sebastián, acordó pedir a los poderes públicos la agravación de las penas para el delito de torturas y la responsabilidad de los mandos policiales o penitenciarios de los recintos donde se practiquen.

Éstos son algunos de los puntos aprobados unánimemente por los 200 juristas y expertos reunidos durante tres días en San Sebastián, y asumidos por Juan Ramón Guevara en nombre del Gobierno vasco para su traslado a las instituciones del Estado. Otras cuestiones abordadas fueron la eficacia de los derechos socioeconómicos y los nuevos desafíos de la biogenética y los abusos informáticos.La moción aprobada por el congreso, tras el debate moderado por el magistrado Juan Alberto Belloch, considera "necesaria y urgente" la reforma del artículo 204 bis del Código Penal, para definir el delito de tortura y adaptar su pena a la gravedad atribuida al mismo por la Constitución y los convenios internacionales. Pide también la ratificación por España del convenio europeo contra la tortura y propone que se abra expediente disciplinario siempre que haya denuncia de torturas o malos tratos, la ampliación de la asistencia letrada a detenidos, la responsabilidad de los jefes policiales o penitenciarios por los delitos cometidos en las dependencias a su mando, la derogación de la legislación antiterrorista y la puesta en marcha de planes de formación para el respeto de los derechos del detenido.

En la previa discusión sobre El derecho a la vida y la prohibición de la tortura, Belloch resaltó el sistemático desconocimiento del derecho a la vida por los terroristas y la distorsión que este fenómeno genera en el Estado democrático. En igual sentido, José Antonio Rubalcaba, presidente de la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco, hizo un llamamiento a ETA para que renuncie a la violencia. José Luis de la Cuesta, profesor de Derecho Penal, destacó el carácter absoluto con que está prohibida la tortura en Europa, incluso en casos de guerra, emergencia o como medio de salvar una vida. Fernando Salas, abogado y presidente de la Asociación contra la Tortura, atribuyó esta práctica a la continuidad de los métodos policiales del franquismo y recordó que la legislación actual ha permitido condenar a los torturadores de el Nani a sólo unos meses de cárcel por este delito. El abogado Juan María Vidarte propuso el reforzamiento de la asistencia letrada al detenido y la nulidad de todas las actuaciones policiales realizadas en ausencia del abogado.

Exigencia ética

El último debate previo a la clausura estuvo presidido por el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, quien resaltó el derecho fundamental a la huelga y alertó ante el riesgo de que puedan producirse en laboratorio virus tan perniciosos como el del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y pidió una ley que desarrolle la protección constitucional frente a los abusos informáticos. El director de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Peter Leuprecht, alertó contra el peligro de convertir al niño en "un producto programado y ensayado".En la discusión sobre los derechos económicos y sociales, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, Martín Pallín, resaltó la dificultad de su protección judicial. Por su parte, el catedrático de Derecho Político José Luis Cascajo afirmó que los poderes públicos están comprometidos con los principios rectores de la política social y económica establecidos en la Constitución y acusó de timidez al Tribunal Constitucional en la interpretación de los mismos.