Inversión de futuro

Los objetivos son dos. En primer lugar, se trataría de superar aquellas barreras consecuencia inevitable del Tratado de Adhesión -por ejemplo, el mecanismo complementario de los intercambios que afecta a determinadas producciones hortofrutícolas- o derivadas de problemas internos, como es el caso de la declaración de España como zona exenta de peste porcina.En segundo lugar, y de mucha mayor importancia, se trata de poner al sistema agroalimentario español en condiciones de afrontar la competencia europea y mundial, y, paralelamente, de redistribuir las rentas del sector hacia sus agentes menos favorecidos, las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, no por la vía de un proteccionismo fuera de lugar, sino mediante la ayuda para garantizar su viabilidad y la asunción de un protagonismo creciente en el proceso transformador de sus producciones.

En esta tercera etapa de la política agroalimentaria que ahora comienza, el papel de los Presupuestos Generales del Estado deviene fundamental. La política agrícola común gira en tomo a la regulación de las producciones y mercados financiada por cuenta del FEOGA-Garantía, satisfaciendo en mayor medida la necesidades de aquellas empresas, productoras o transformadoras, con adecuada dimensión y, por tanto, viabilidad presente y futura. Una política económica sensible a todas las realidades de la agricultura, la pesca y la alimentación españolas exige que aquella asimetría sea corregida mediante una política- complementaría de gasto que sólo puede instrumentarse, previa identificación de los problemas a resolver, a través del presupuesto, singularmente de sus capítulos sexto y séptimo. Conviene no olvidar, a la hora de evaluar el gasto neto con cargo a recursos nacionales, que el criterio de cofinanciación que aplica la CE convierte al gasto público alimentario en generador de recursos comunitarios.

Entre los principales problemas que presenta el subsistema extractivo -agrario tradicional- figuran la insuficiente dotación de infraestructuras, singularmente de regadío; la necesidad de mejorar la estructura productiva y la cualificación del capital humano, especialmente de quienes están al frente de las explotaciones; el escaso desarrollo asociativo, y, por último, un esfuerzo en investigación y desarrollo (I+D) insuficiente en relación con las posibilidades del sector, pese al incremento de dotación de los últimos años.

En relación con los subsistemas industrial y comercial cabe señalar como problemas significativos, además de algunas de las insuficiencias precedentes -escaso desarrollo en I+D, por ejemplo-, la deficiente estructura productiva, de carácter dual, de la industria alimentaria. En 1985 todavía existían en España 40.000 industrias de alimentación, en su mayoría familiares. Las 50 primeras empresas produjeron en 1986 el 33,2% del total, y las 100 primeras, el 45,1 %.PenetrarEn segundo lugar hay que referirse a la penetración de capital extranjero durante los últimos años. Siete de las 10 primeras industrias de alimentación y bebidas y seis de las 10 primeras empresas de distribución, clasificadas de acuerdo con su volumen de ventas, están dominadas por empresas foráneas. Todos los días aparecen noticias acerca de nuevas tomas de posiciones, sorprendidos los promotores extranjeros de la incapacidad del tejido empresarial autóctono para construir entidades a la altura de las posibilidades.

Por último, el sector público empresarial alimentario, que podría desempeñar un papel decisivo como catalizador de iniciativas nacionales -Merco y Carcesa, por ejemplo, constituirían, unidas, la primera industria alimentaria- se encuentra escindido en diversos holdings, carece de conciencia como tal grupo público y no existen mecanismos suficientes de vinculación a la autoridad administrativa competente en la materia.

Frente al panorama precedente, las prioridades políticas y presupuestarias parecen obvias. En relación con el sector agrario, asumiendo que el eje preferente de actuaciones lo constituye la explotación familiar, urge mejorar sus estructuras productivas y la calidad del. capital humano, singularmente al que esté al frente de las explotaciones; sostener las rentas de los más desfavorecidos y fomentar aceleradamente la organización económica de agricultores, ganaderos y pescadores para la industrialización y comercialización en común. En el sector transformador es preciso capitalizar las empresas, incrementando su dimensión y productividad para que puedan hacer frente a la competencia foránea en el interior, en el doble frente en que se plantea: la oferta de productos y el control de superficies de distribución. Sobre todo, es preciso nacionalizar el fenómeno transnacional, propiciando la aparición de corporaciones de capital predominantemente español que puedan afrontar en el interior y en el exterior, con razonables posibilidades de exito, las dificultades de un mercado de compradores en vertiginosa concentración: véase los casos de Alemania o Francia, por ejemplo. En los dos subsistemas, es preciso hacer un esfuerzo especial en I+D, incluyendo la creación de los centros directivos e instituciones necesarias.

Todas estas prioridades, en cuanto tienen relevancia financiera, figuran en el proyecto de presupuesto para 1989 del MAPA, cuya estructura ha sido modificada. No cabe negar importancia al esfuerzo financiero -y de otra índole- que, soportado por los Presupuestos Generales del Estado, requiere un programa como el que ha sido apuntado en los párrafos precedentes, esfuerzo que para ser eficaz habrá de ser sostenido en el tiempo. Pero, a diferencia del gasto público dedicado en años anteriores para sanear sectores en crisis y sostener la renta de los colectivos laborales afectados, ahora se trata de extraer todas las potencialidades de un sistema productivo, el agroalimentario, que, antaño como hogaño, goza de buena salud y tiene claras expectativas de futuro.