La izquierda judicial denuncia una “campaña inaceptable” para desestabilizar al Constitucional

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha denunciado la existencia de una “campaña inaceptable” contra el Tribunal Constitucional, que persigue su desestabilización. Mediante un comunicado hecho público este miércoles, la asociación defiende el papel del órgano de garantías como “el máximo intérprete de la Constitución”, subrayando que su labor es “esencial para la protección de la ciudadanía frente a todos los poderes, incluido el judicial”.

La toma de posición de Juezas y Jueces para la Democracia constituye una primera respuesta de la izquierda judicial a los ataques que en los últimos meses se vienen registrando contra el Constitucional. Esta ofensiva se ha recrudecido con el inicio de los debates entre los magistrados sobre los recursos presentados contra la ley de amnistía, una deliberación que ha venido precedida por las recusaciones contra algunos miembros del tribunal.

El comunicado de JJpD expresa su “profunda preocupación” ante la mencionada “campaña de presiones” contra el Constitucional, subrayando que se producen “contra sus integrantes y particularmente su presidente”, Cándido Conde-Pumpido. Sin mencionarlo expresamente, la declaración se refiere a dirigentes políticos, en particular del PP, que como Esteban González Pons hace unos meses, se han referido al órgano de garantías como “cáncer de la democracia”, o a quienes como en fechas recientes el propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, han advertido de que los magistrados del Constitucional podrían a ser acusados de prevaricación por sus resoluciones. “El Constitucional es un tribunal político al servicio del Gobierno y sus magistrados no están exentos de prevaricar”, afirmó el líder del PP en una entrevista a El Mundo.

Frente a la campaña de acoso al tribunal que denuncia, Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que los nombramientos de las magistradas y magistrados del tribunal se han realizado conforme a la Constitución, siguiendo procedimientos establecidos y respetados bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas durante más de cuarenta años. Aludiendo claramente a las manifestaciones de Feijóo, el comunicado de la izquierda judicial añade que si bien la crítica a las resoluciones del órgano de garantías “es legítima dentro del debate democrático”, se observa con preocupación cómo en los últimos tiempos “se han lanzado insinuaciones sobre la posibilidad de admitir querellas contra integrantes del Tribunal Constitucional por el ejercicio de sus funciones”.

JJpD subraya que la erosión de las instituciones “por el mero hecho de mantener visiones distintas sobre la interpretación de la Constitución es una absoluta irresponsabilidad”. La declaración añade que “la práctica deslegitimadora con la que vemos que se actúa últimamente respecto de cualquiera que no se pliega a los intereses de determinados grupos es un grave error que amenaza el sistema de equilibrios en que todo sistema de derechos y libertades se sostiene”.

El comunicado da un paso más al afirmar: “No podemos permitir que el pluralismo constitucional se vea amenazado por el uso del derecho penal como herramienta de presión política”. Y en respuesta clara al propio Supremo ―que en autos recientes ha mencionado la posibilidad de que los magistrados del Constitucional puedan ser perseguidos por prevaricación―, la declaración de JJpD expone que “la coacción penal no es un método válido para delimitar la interpretación constitucional”, por mucho que se venga observando que esta línea de actuación constituya “una tendencia preocupante que observamos tanto a nivel nacional como internacional”.

Juezas y Jueces para la Democracia –uno de cuyos fundadores fue precisamente el actual presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido― concluye afirmando que la independencia del órgano de garantías “no puede estar sujeta a intereses ajenos a su función”. Por tanto –se añade en la declaración- cualquier intento de “imponer una tutela externa sobre sus decisiones desvirtúa su papel y compromete el respeto al marco constitucional”.

El comunicado concluye con un llamamiento a la responsabilidad y el respeto institucional por parte de todos los actores políticos y sociales. “La solidez de nuestra democracia depende de la confianza en nuestras instituciones, y esa confianza debe mantenerse incluso cuando sus resoluciones puedan generar discrepancias”, apunta.