Incoherencias

LA PUBLICACIÓN de las primeras cifras de los Presupuestos Generales del Estado ha coincidido este año con unas declaraciones del ministro de Economía amenazando con un ajuste duro si las negociaciones salariales van más allá de lo razonable. La amenaza explícita consiste en la práctica de una política económica que disminuya la demanda y provoque un aumento del desempleo.Estas declaraciones están, sin duda, motivadas por los malos resultados obtenidos últimamente en la lucha contra la inflación, y su carácter insólito se ve reforzado por lo sucedido en la esfera del Estado en los últimos días: así, por ejemplo, el acuerdo firmado entre la Administración y un sindicato profesional de funcionarios prevé un aumento salarial para el próximo año del 5,6%, cifra que nada tiene que ver con la inicialmente propuesta del 3%. La situación es tanto más notable cuanto que aparentemente la Administración sigue fijando como objetivo de precios el 3% para el año próximo. Como, por otra parte, los salarios en el sector privado han crecido tradicionalmente más deprisa que en la Administración, será muy difícil conciliar alzas salariales como las que, sin duda, se avecinan con el objetivo de precios del 3% para 1989 fijado inicialmente. Si la Administración hubiera dado ejemplo en su propia casa, las cosas se presentarían ahora de una manera distinta para todos.

Pero el problema no se detiene ahí. Las primeras cifras que se han dado a conocer de los presupuestos para 1989 son extremadamente inquietantes: según éstas, el gasto público aumentará el próximo año en un 15%, es decir, dos veces más deprisa que el gasto nominal de la economía. El Estado parece dispuesto a consumir vorazmente los recursos de la nación, dejando el ajuste para quienes no se cobijan bajo su paraguas protector. Dicho de otra manera: los asalariados deben ser razonables porque el Estado, que es quien dispone del monopolio de la fuerza, no lo es. En estas condiciones no es difícil imaginar en qué pueda consistir un ajuste duro de la economía. En el capítulo de los ingresos, el aumento de los impuestos acompañará al de los gastos, aunque con algunos matices: así, por ejemplo, se prevé un crecimiento de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas de un 27% sobre el inicialmente previsto el pasado año. Se trata de cifras más propias de un país del Tercer Mundo que de uno industrializado que se ha fijado como objetivo obtener un aumento de los precios del 3%. Esta cifra, y el 27% de aumento del IRPF, son claramente incompatibles, incluso si se tiene en cuen ta que, por lo general, el presupuesto inicial no tiene nada que ver con su liquidación definitiva.

Habida cuenta del fuerte aumento de los gastos e ingresos previsto, un eventual ajuste tendría que basarse esencialmente en un endurecimiento de la política monetaria. Como una advertencia de lo que puede ocurrir en los próximos meses, el Banco de España ha comenzado a elevar los tipos de interés en las subastas de la deuda pública. Pero esta política tiene algunas consecuencias inevitables: el grado de apertura alcanzado por la economía española hace que un aumento del precio del dinero atraiga una masa de capital importante a corto plazo e impulse la peseta al alza, en un momento en el que asistimos a un deterioro de la competitividad de nuestros productos como consecuencia del aumento de los costes internos. Se trata de problemas complejos, pero lo menos que puede decirse es que existe incompatibilidad entre el rigor que se pretende imponer a la economía y un presupuesto que parece pensado para otras épocas.