Sanidad y farmacéuticos "entierran el hacha de guerra" con un nuevo convenio

El ministro de Sanidad, Julián García Vargas, y el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Ernesto Marco Cañizares, firmaron ayer un nuevo convenio para la dispensación de recetas de la Seguridad Social, tras más de un año de negociaciones, por el que se fija un margen comercial de un 29,9%, arrumbado ya el intento de la Administración de dejarlo en un 28,2%. Marco estima que el convenio no difiere del anterior, pero supone "enterrar el hacha de guerra".

Marco afirma que en aras de ese compromiso han renunciado a un "deterioro de 18.000 millones de pesetas por una mala aplicación del IVA" pero a cambio se les ha garantizado intervenir más activamente en la redacción del anteproyecto de ley del Medicamento, cuya elaboración supera ya los cinco años y medio.Marco destacó dos puntos concretos cuya negociación han logrado pactar con Sanidad: el número de profesionales que pueden atender las oficinas de farmacia en función de su volumen de ventas y la redistribución geográfica de la ubicación de estos establecimientos. El presidente de los farmacéuticos, a punto de ser sustituido en el puesto por Pedro Capilla, estima que al igual que en algunas zonas se hallan "pegadas" las farmacias, en otras, como en las zonas costeras turísticas, existe un déficit que produce que se originen colas en épocas vacacionales.

El anterior director general de Farmacia, Félix Lobo, consideraba que España, con 18.000 farmacias, era el país europeo con mayor número de estos establecimientos por habitante.

Marco se hacía ayer lenguas del nuevo clima de diálogo abierto con la Administración. "No es bueno estarse enfrentando todos los días con la Administración. No hay ningún conflicto con este ministro ni con el nuevo director general de Farmacia, Joaquini Bonal, que es farmacéutico". Sin embargo, no ahorraba críticas al anterior ministro de Sanidad, Ernest Lluch, y al predecesor de Bonal, Félix Lobo. "Hicieron una ley del Medicamento que no nos gustó porque estatalizaba la profesión. Respondimos con una huelga a la japonesa y nos castigaron bajando el margen, que luego nos devolvió una sentencia del Tribunal Supremo".

El convenio que se firmó ayer tiene una vigencia de cuatro años. Ha sido suscrito por Sanidad en nombre de Insalud y de tres autonomías que han asumido ya su gestión -Andalucía, Euskadi y Comunidad Valenciana-, que cuentan con convenios específicos, aunque su texto difiere escasamente. Cataluña no lo firmó ayer por que tiene convenio en vigor.

Más de un bíllón

Los convenios firmados se estima que supondrán un volumen económico aproximado de un billón dos cientos mil millones de pesetas, a razón de 300.000 millones anuales.

El Insalud, en una nota de Prensa, reconocía ayer que la firma del convenio suponía "la culminación de un proceso de acercamiento entre Sanidad y la corporación farmacéutica como representante de las oficinas de farmacia, superando las tensiones que se habían producido en años anteriores". Y se insistía que "se establecen vías de diálogo" y que los farmacéuticos desisten de recurrir la aplicación del IVA a las especialidade farmacéuticas.

Entre las novedades del convenio figuran que las recetas de la Seguridad Social tendrán una validez de 10 días y que los farmacéuticos, en caso de carecer de la especialidad prescrita, podrán sustituirla por un medicamento similar si lo admite el interesado.

Por otro lado, se advierte que el "Insalud no abonará ningún medicamento ni producto sanitario cuando se compruebe documentalmente la falsedad de la receta presentada".

Y se añade: "Los farmacéuticos extremarán la cautela en el caso de prescripciones de estupefacientes y psicotropos pudiendo anotar en el dorso de la receta el número del Documento Nacional de Identidad o el número de la cartilla de afiliación de la persona que acuda a la oficina de farmacia a retirar la medicación". "¿Y si el cliente viene armado de una navaja, qué pasa, quién le pide el DNI?", se pregunta Marco.