La Generalitat rehúye ante el juez toda responsabilidad en las transfusiones de sangre con SIDA

El director general del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Xavier Trias, manifestó ayer que la Generalitat "puso todos los medios necesarios" para hacer cumplir una normativa dictada por la propia Administración catalana, el 20 de octubre de 1986, por la que se obligaba a todos los hospitales públicos de Cataluña a efectuar la prueba de detección de anticuerpos del SIDA. Trias realizó estas afirmaciones al salir del Juzgado de Instrucción número 4 de L'Hospitalet (Barcelona), donde prestó declaración durante casi dos horas en relación al sumario incoado por las transfusiones de sangre contaminada con SIDA, realizadas en el hospital Príncipes de España de Bellvitge, entre noviembre de 1986 y febrero de 1987, y que afectaron, al menos, a tres pacientes.Las declaraciones de Trias contradicen la versión de una de las cinco encausadas, la doctora Carme Ferran, directora del banco de sangre de Bellvitge, quien en el recurso presentado hace más de un año contra su procesamiento señalaba que advirtió por escrito a la Generalitat en dos ocasiones del incumplimiento de la normativa y que desoyeron sus requerimientos. En este recurso se solicitaban las comparecencias ante el juez de Xavier Trias; del conseller de Sanidad, Josep La port ; y, del subdirector del ICS (equivalente en Cataluña al Instituto Nacional de la Salud), Jaume Berguedá. Laporte, que había sido citado ayer, se acogió a su condición de aforado y declarará por escrito, mientras que Berguedá compareció ante el juez a continuación de Trias.

Xavier Trias señaló que son los hospitales quienes deben comprar su material para hacer las pruebas del SIDA y que "todos los centros menos uno [el de Bellvitge] cumplieron la normativa". Estas palabras contradicen la versión de otro de los procesados, el ex director médico del hospital, Josep Marla Capdevila, quien denunció que otros centros sanitarios realizaron transfusiones sin cumplir con la normativa. En el sumario se señala que en los hospitales Álvarez de Castro, en Gerona, y de la Santa Cruz, en Vic, se detectaron tres casos positivos con fecha posterior a la orden de la Generalitat.

Trias negó que los altos cargos de la Generalitat tengan responsabilidad en el caso y descartó que se produzcan nuevos procesamientos. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona, que confirmó hace tres meses el procesamiento de cinco personas, no excluyó "hipotéticas responsabilidades de personas hoy no procesadas", en alusión al incumplimiento de la propia normativa de la Generalitat, que contemplaba la realización de inspecciones periódicas.