Menos humos

El aumento exponencial que el consumo de tabaco ha experimentado en España durante las últimas décadas y el ritmo alarmante en que año tras año están aumentando las enfermedades causadas por el consumo masivo de tabaco son hechos ante los cuales todo Gobierno debe reaccionar con firmeza. Es cierto que en estos momentos existe una importante contradicción entre el reconocimiento explícito de la nocividad del tabaco y el hecho de que la industria tabaquera continúe disfrutando de importantes privilegios conferidos por la participación en el negocio del propio Estado. No hay que olvidar, sin embargo, que cuando se constituyó Tabacalera como monopolio del Estado se desconocían por completo las consecuencias letales del producto.La ley que sobre el tabaco aprobó recientemente el Parlamento es un primer intento de adecuar la legislación vigente al compromiso que el Gobierno tiene ante el país, y de acuerdo a la Constitución, de proteger la vida y la calidad de los años vividos de todos los ciudadanos. En esta tarea nuestro Gobierno cuenta, además, con el total apoyo de la OMS y de los programas de promoción de la salud de la CEE.Respaldo ciudadanoPor otro lado, las medidas encaminadas a la promoción de la salud y a controlar el tabaquismo cuentan también -con el masivo apoyo de la población, que -contrariamente a lo que destacadas personalidades dr. la cultura española pretenden hacernos creer- ni se siente agredida ni pnvada' de ninguna libertad fundamental.

En este sentido, los datos hechos públicos recientemente son esperanzadores y descalifican por sí solos los sospechosos intentos de acusar a la nueva ley de innecesaria o restrictiva de las libertades individuales. De acuerdo a la encuesta que la CEE realizó entre los 12 países miembros en 1987, el 69% de los españoles -incluyendo fumadores y no fumadores- está de acuerdo en que se deberían incrementar los impuestos sobre el tabaco, el 69% de ciudadanos de este país está a favor de la prohibición total de la publicidad relativa al tabaco y el 78% está a favor de la prohibición de fumar en los lugares públicos. Este posicionamiento mayoritario de la población en 1987 se vio incluso reforzado en los resultados de las encuestas realizadas el pasado mes de marzo, es decir, inmediatamente después de la publicación del decreto.

De acuerdo a esta opinión generalizada, las asociaciones ciudadanas y de defensa del consumidor se han manifestado clara y reiteradamente a favor de medidas que controlen la producción, promoción y venta del tabaco.Exigen también el desarrollo de programas de información a largo plazo en la comunidad, de educación para la salud de los niños y adolescentes a través del sistema educativo, y de programas de apoyo a todo fumador que quiera dejar el tabaco y no lo consiga por sí mismo. En esta circunstancia se halla el 55% de los fumadores españoles debido a la falta de recursos que hasta hoy se han destinado a atender esta creciente demanda.

La industria tabaquera todavía pretende ignorar la opinión mayoritaria de la población, insistiendo en desestimar que una aplastante mayoría de sus clientes no fuma por placer, sino por la dependencia a la que le ha sometido el tabaco.

La industria tabaquera se empeña en negar la evidencia científica incontestable de que la nocividad del consumo masivo de tabaco es muy superior al resto de contaminantes a los que estamos sometidos en la sociedad moderna. Insiste, además, en presentarse como fuente de bieneátar, generadora de ingresos para el Estado, creadora de puestos de trabajo, impulsora de desarrollo, suministradora de placer, mecenas del arte y del deporte y defensora de las libertades individuales. Con sutiles y tan superficiales argumentos esta industria está intentando desviar la atención pública de la realidad más cruda: el producto del cual todos esos pretendidos beneficios surgen es la primera causa de muerte prematura e incapacidad en nuestro país. De forma más gráfica: el número de muertes anuales en España causadas directamente por el tabaco equivale a que cada año desapareciera por completo una población como Soria, Teruel, Aranjuez o Figueres.

Además cabe señalar otro problema del que casi nunca se habla, y es la tala de árboles necesaria para la producción de tabaco. Por cada hectárea de tabaco curado en España se precisa talar otra hectárea de bosque, acelerando así considerablemente el ya grave proceso de desertización que sufre nuestro país.

Sin duda, los intereses económicos de esta poderosísima industria son el obstáculo más importante para que, tanto a nivel nacional como internacional, se consiga el respeto de los derechos ciudadanos a la salud, a la información veraz y a una razonable libertad de elección. Si comparamos los escasos recursos económicos de los que dispone el Gobierno para informar, educar y atender a la población respecto a este problema con los 10.000 millones de pesetas anuales que invierte Tabacalera en la promoción de sus productos y los 14 billones de dólares que invierten las multinacionales en publicidad internacional, la desproporción es no sólo evidente, sino además vergonzante.No habrá una auténtica libertad de elección hasta que todos los niños y adolescentes de este país reciban una correcta información y educación al respecto y dejen de verse acosados por la publicidad equívoca y sin escrúpulos que se encarga de asociar el tabaco con sus deportes favoritos, con su música predilecta, -con viajes a los paraísos soñados y la realización de las aventuras más apetecibles. No habrá libertad de elección mientras todos los fumadores adultos que desean dejar el tabaco no cuenten con los recursos necesarios para conseguirlo. No habrá auténtica libertad de elección mientras Tabacalera, como declara sin rubor, pueda continuar dirigiendo sus tradicionales inversiones publicitarias a nuevas actividades de promoción indirecta para contrarrestar las restricciones recientemente aprobadas.

Necesidad de avanzar

Ante esta desproporción de poder es lamentable comprobar que se acuse ahora de hipocresía al Ministerio de Sanidad y Consumo cuando intenta iniciar la difícil labor de superar esta situación. Recordemos que en la última década intentos similares a éste han costado el puesto a tres ministros de Sanidad en Estados Unidos, el Reino Unido e Italia. En estos países, sin embargo, el poder de la industria se ha visto limitado por la conciencia cívica de la población y las personalidades de mayor prestigio de la ciencia, el arte y la cultura, que han sabido ponerse al lado de los más débiles y, al exigir sus derechos, han logrado la aplicación progresiva de medidas legislativas y de promoción de la salud.

Las medidas legislativas son sólo una de las acciones necesarias para controlar la actual epidemia tabáquica. Lejos de asegurar la superación del problema, medidas parciales no sólo son ineficaces, sino que, además, resultaron negativas en algunos países. Las medidas legislativas resultan irrelevantes y hasta contraproducentes a menos que su aplicación vaya acompañada y reforzada por programas a largo plazo de sensibilización, educación y apoyo en la comunidad. Se ha comprobado la efectividad de dichos programas en todos los países donde han sido aplicados. Por tanto, es también responsabilidad de nuestro Gobierno desarrollarlos. Se han dado los primeros paso! hacia la esperanza y ahora se debe continuar avanzando. Esta celebración no es sólo una anécdota dentro del proceso por un mundo más habitable y solidario; en nuestro país puede ser el símbolo de un reto a largo plazo para que todos salgamos ganando.