Acuerdo comunitario para reducir la producción vinícola europea
El Consejo de Ministros de Agricultura de la CE alcanzó ayer un acuerdo sobre un conjunto de medidas dirigidas a reducir la producción de vino de mesa, excedentario en la Comunidad Europea.Con este acuerdo queda cerrado el paquete de estabilizadores agrícolas que se aplicarán a los productos sometidos a la organización de mercados y cuyo objetivo es equilibrar la relación entre la oferta y la demanda.
Carlos Romero, ministro español de Agricultura, consideró que en este acuerdo se han conseguido "algunas modificaciones positivas" sobre las propuestas iniciales realizadas tanto por la Comisión de la Comunidad Europea, como de la presidencia germanooccidental.
El acuerdo se alcanzó tras muchas horas de debates y enfrentadas posiciones entre los países productores de vino y los no productores.
En medios cercanos a algunas delegaciones de países productores se criticó la pasiva postura del ministro italiano, Philippo Maria Pandolfi, en la defensa de los intereses del sector vitivinícola.
Para la destilación obligatoria, el acuerdo alcanzado establece, a partir de la campaña 1990-1991, un precio equivalente al 50% del precio de orientación en el caso de que no se sobrepase el 10% de la cantidad normal (10.000 hectolitros) y de una reducción progresiva hasta un 7,5% del precio de orientación para las cantidades por encima de dicho umbral.
Por otro lado, el sistema de primas para el arranque de viñedos será de forma creciente en la relación entre hectolitro por hectárea, por ejemplo, de 20 a 30 hectolitros por hectárea, 2.800 ECU (387.856 pesetas); de 30 a 40 hectolitros por hectárea, 3.500 ECU (unas 484.820 pesetas); de 40 a 50, 3.800 ECU (unas 526.000 pesetas).
En razón del período transitorio previsto en el tratado de adhesión, en España sólo se empezará a aplicar este régimen de primas al arranque de viñedos a partir de la campaña 1992-1993 sin embargo, el documento aprobado contempla la posibilidad de que se adelante un año.
Los Gobiernos nacionales podrán limitar el arranque de viñedos hasta un 10% del potencial vitivinícola del país.
La delegación española no consiguió ver completamente satisfecha su petición sobre la exención de regiones con riesgos de despoblamiento o problema socioeconómico; sin embargo, el acuerdo contempla la posibilidad de que España pueda recurrir a una cláusula de salvaguardia para suspender el arranque en determinadas zonas en el caso de que se produzcan efectos negativos.
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