La Iglesia y EE UU estrechan el cerco en torno a Pinochet

El régimen del general Augusto Pinochet ha recibido presiones del presidente norteamericano, Ronald Reagan; su secretario de Estado, George Shultz, y de la Conferencia Episcopal chilena para que el plebiscito de sucesión presidencial previsto para 1988 se realice en condiciones justas. Las peticiones, aunque separadas, coincidieron entre el jueves y sábado, y suponen un amargo regalo de Navidad para la dictadura.

Lo que más desagrado causó en el régimen fue la declaración conjunta de Reagan y Shultz. Ambos pidieron que la decisión sobre el futuro presidente "sea tomada dentro de un clima de pleno respeto por los derechos humanos y civiles de manera que la determinación democrática de la mayoría sea expresada en forma libre y que, posteriormente, sea respetada en su totalidad". Además, "muchos meses antes de la votación" debe haber un clima de libertad y competencia política, equitativo acceso a los medios de comunicación y facilidades para inscribirse en el censo electoral, dijeron. Un procedimiento electoral legítimo no es compatible con los estados de excepción, terminan Reagan y Shultz.Aunque Pinochet no ha replicado, sí lo hizo el jefe naval y miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino. El almirante afirmó que "no necesitamos lecciones de nadie". Al contrario. "Yo le daría lecciones al señor Reagan", dijo, sobre que se: debe votar en festivos y no en días hábiles.

"El señor Reagan salió elegi do con el 27% de los inscritos Se pueden dar cuenta ustedes de qué tipo de democracia se trata. Es una democracia sólo de título que es manipulada por el Congreso o el partido en el Gobierno", manifestó Merino. El embajador norteamericano en Chile, Harry Barnes fue contundente. Se limitó a tina larga carcajada y a decir: "Mi democracia es representativa".La Conferencia Episcopal chilena, en su mensaje de fin de año titulado Que el Señor nos ilumine desde el pesebre, coincidió en un punto con el Gobierno de Reagan. Los obispos pidieron acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación, especialmente la televisión, para que la consulta popular del próximo año tenga validez moral.