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Editorial:

El insoportable deterioro colombiano

EL ASESINATO, producido en la tarde del domingo, de Jaime Pardo Leal, candidato en las elecciones presidenciales de 1986 del partido de izquierda Unión Patriótica, demuestra que el deterioro de la situación política y social en Colombia está llegando a unos límites insoportables. La personalidad misma de la víctima, calificada en un mensaje del presidente de la República como "símbolo de la paz", subraya hasta qué punto su desaparición es un golpe para el proceso de pacificación que intenta abrirse camino.Colombia ostenta el triste récord del número de asesinatos cometidos con objetivos políticos. Entre las víctimas abundan los sindicalistas, líderes campesinos, profesores, estudiantes, intelectuales, periodistas. Aunque han caído políticos de diversos partidos, la militancia que más ha sufrido ha sido la de la Unión Patriótica, creada hace dos años -después de la tregua firmada por el presidente Belisario Betancur con la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) como plataforma de acción legal de los comunistas y grupos afines. Cuatrocientos setenta de sus dirigentes y miembros han sido asesinados, entre ellos dos senadores, dos representantes en la Cámara, cientos de concejales y alcaldes. Ahora, el asesinato de Jaime Pardo ha sido una "muerte anunciada". Su nombre ocupaba un lugar destacado en las listas de personas amenazadas por los escuadrones de la muerte.

Ante esta serie ininterrumpida de asesinatos políticos es inevitable preguntarse hasta qué punto existe en Colombia un Estado de derecho. Hay un presidente y cámaras elegidas, un Gobierno legal responsable de garantizar, el orden utilizando a la policía y a las fuerzas armadas. Pero cuando los asesinatos políticos devienen práctica usual, hay que buscar causas de fondo. De la trágica realidad colombiana se desprende una doble sensación: impotencia de los órganos legales, y, en cambio, que poderes en la sombra, en los que el narcotráfico se entrelaza con grupos de hacendados y con sectores del aparato militar y policiaco, disponen de grupos armados ilegales para impedir que el país pueda disfrutar de una estabilidad civil, basada en la ley y en una confrontación limpia de opciones electorales.

El momento escogido para asesinar a Jaime Pardo no ha sido casual. Diversos hechos indican que surgen posibilidades más favorables para un proceso de pacificación. Crece la presión popular contra la violencia, sea de unos o de otros. Los seis grupos guerrilleros, unidos, habían creado la Coordinadora Simón Bolívar y hecho una oferta de paz al presidente. Para 1988 están convocadas elecciones, en las que los alcaldes, por primera vez en la historia, serán designados por sufragio universal. Ello refuerza la tesis -que Jaime Pardo ha personificado al frente de la Unión Patriótica- de que las aspiraciones campesinas, que han permitido a las guerrillas tener amplios apoyos en las zonas rurales, deben ser planteadas en el terreno legal. Al asesinar a Pardo se ha querido cerrar esa perspectiva de desarrollo de un movimiento popular en marcos legales y electorales.

Teniendo en cuenta la actitud del presidente liberal Virgilio Barco, no se puede ser optimista en cuanto a la evolución futura. Elegido en mayo de 1986 con una gran mayoría, éste ha decepcionado las esperanzas puestas en él. Su política ha sido un serio retroceso con respecto a lo realizado por el presidente conservador Betancur, el cual había dado un paso histórico al entablar negociaciones y concluir treguas con los dos movimientos guerrilleros más importantes, reconociendo que en la raíz de esos movimientos había graves problemas sociales que era insoslayable abordar. Su esfuerzo quedó cortado por la terrible matanza del Palacio de Justicia de Bogotá, aún no totalmente esclarecida. En todo caso, la actitud de Barco ha sido mucho más intransigente. No ha logrado debilitar a las guerrillas, pero las treguas han ido perdiendo vigencia y en diversas zonas los combates se han recrudecido. Este clima favorece a los ultras civiles y militares, enemigos acérrimos de la reconciliación. El hecho políticamente más grave para el presidente Barco es su impotencia ante la generalización del asesinato político. Sobre todo cuando las mismas autoridades reconocen que existen datos demostrativos de complicidades en la policía y en el Ejército. Las palabras de duelo y la condena del último crimen no bastarán para asegurar el imperio de la ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de octubre de 1987