Ajustes contables

LA NOTICIA de que el Gobierno ocultó que el primer año de adhesión a la Comunidad Europea (CE) se cerró con un balance presupuestario desfavorable para España vuelve a poner de relieve que entre cambiar la realidad o los datos que sirven para conocerla siempre es más fácil lo segundo. No parece casual que fuera un economista, David Ricardo, quien consagró la fórmula según la cual "si la práctica no confirma mis previsiones, tanto peor para la práctica". Y nuestros administradores parecen dispuestos a hacer buena la frase de aquel parlamentario inglés según la cual en este mundo existen mentiras, grandes mentiras y estadísticas.El Ministerio de Economía y Hacienda publicó en la primera semana del presente año que España había aportado a las arcas comunitarias durante 1986 unos 13.294 millones de pesetas menos de lo que había recibido, cifra que el órgano ministerial utilizado -el semanario Información Comercial Española- daba por "prácticamente definitiva". Ahora se admite que el balance definitivo arroja un déficit para España de 8.000 millones de pesetas. Es posible que, como acaba de declarar el secretario de Estado para la Comunidad Europea, la cifra resulte irrelevante si se la compara con el monto global de las relaciones España-CE, que alcanzaron el año pasado los 350.000 millones de pesetas. Pero por ello mismo resulta más incomprensible el empeño en ocultarla. Especialmente si se considera que la importancia histórica del ingreso de España en la CE en absoluto puede medirse por el resultado contable de las relaciones financieras en el primer año. Los economistas más solventes consideraban muy probable que el balance fuera negativo en ese período, especialmente por la falta de experiencia de las instituciones y empresarios españoles en la solicitud y tramitación de las diversas ayudas comunitarias.

Tal vez convenga recordar que la información optimista ofrecida en enero por el Gobierno pretendía salir al paso de una absurda campaña iniciada meses antes por la CEOE, y magnificada luego por Coalición Popular, que pretendía demostrar en base al previsible déficit que las condiciones de adhesión negociadas por el Gobierno eran un desastre. Si el Gobierno no considerase a los españoles incapaces de entender cualquier mensaje no condensable en una consigna de pegatina, hubiera optado por explicar las cosas en lugar de disfrazarlas. Porque bastante más preocupante que ese desajuste resulta el hecho de que nuestro país elevó ese mismo año el déficit comercial con la CE en casi 400.000 millones, al realizar en el Mercado Común el 57,8% de sus compras, frente al 44% del año anterior, sin aumentar con tanta intensidad la concentración de las ventas. Pero también estos desequilibrios habrá que juzgarlos a largo plazo, pues si las importaciones suponen sustituir empleo exterior por empleo exterior, también contribuyen a modernizar el aparato productivo, condición, a su vez, para competir luego en mejores condiciones.

El Gobierno se había empeñado en ahuyentar la sospecha de que España pudiera ser contribuyente neto desde el primer año a las arcas comunitarias. Un país pobre no debe financiar a los ricos, y ese principio loable no podía ser desmentido por las cifras. Al reconocer ahora que en "estrictos términos de caja" hubo un déficit de 8.405,3 millones de pesetas, el Ministerio de Economía y Hacienda, artífice del maquillaje, se extiende en consideraciones sobre ajustes en términos de contabilidad, donde lo que cuenta no son los ingresos y pagos, sino los derechos reconocidos y las obligaciones adquiridas. ¿Acaso cuando se presentaron las cifras "prácticamente definitivas" de enero no se hablaba también de pagos e ingresos? (véase EL PAÍS de 6 de enero pasado). ¿Por qué una devolución por IVA que sería recibida en 1987 se contabilizó como ingreso en diciembre? La opinión pública y el Parlamento, donde el Gobierno ha insistido una y otra vez, incluso por boca de su presidente, en que España no resultaría contribuyente neto, se merecen una explicación oficial de los hechos y de las responsabilidades. Y sobre todo tienen derecho a saber en cuántas otras ocasiones, y en cuáles, el Gobierno ha engañado, manipulando cifras y haciendo malabarismos pueriles, sobre los datos de la economía.