Procesados tres directivos y dos médicos de Bellvitge por efectuar transfusiones con anticuerpos del SIDA

F. SALES / PERE RÍOSEl Juzgado de Instrucción número 4 de L'Hospitalet (Barcelona) ha dictado auto de procesamiento contra tres directivos y dos facultativos de la residencia de la Seguridad Social Príncipes de España, de Belivitge, por su supuesta implicación en las transfusiones de sangre con anticuerpos del SIDA. El juzgado ha decretado la prisión de los cinco procesados, que podrán eludir si en las próximas horas abonan una fianza total de 3.900.000 pesetas. Asimismo, en el auto de procesamiento reclama a los procesados 15 millones de pesetas, que en caso de insolvencia deberá pagar el Instituto Catalán de la Salud (ICS), en concepto de responsabilidad civil en favor de los tres enfermos supervivientes de los cuatro a quienes se inoculó los anticuerpos del SIDA.

Los cinco procesados son Josep Maria Capdevila Miravet, ex director médico del hospital de Bellvitge; Fortunato Frías González, ex gerente de la residencia; Carme Ferran Camps, responsable del banco de sangre; Antoni Rubió Baget y Roberto Ramón Sans, primer y segundo médico encargados del citado banco de sangre.El juez Juan Miguel Jiménez de Parga considera que los cinco implicados podrían ser responsables de dos delitos continuados: uno de expedición de medicamentos deteriorados y el otro de expedición de medicamentos sin cumplir las "formalidades legales o reglamentarias", según se expone concretamente en el Código Penal.

Estos dos delitos se encuentran tipificados en los artículos 343 y 343 bis del Código Penal. El primer delito se sanciona con penas de prisión menor (hasta seis años) y multas. que oscilan entre 20.000. y 100.000 pesetas. El segundo delito está castigado con Penas de arresto mayor (hasta seis meses) y una multa idéntica a la contenida en el anterior artículo.

Además de estos. presuntos delitos, el juez ha considerado que el director médico Josep Maria Capdevila puede ser responsable de desobediencia a una orden de la Generalitat, lo que podría suponer una pena de seis años de inhabilitación especial para ejecer la sanidad pública. El delito de desobediencia sólo se ha podido aplicar a este procesado, dada su calidad de funcionario.

Rápida instrucción

El fiscal encargado del caso, José María Mena, aseguró ayer que el auto de procesamiento dictado por el juzgado de L'Hospitalet recoge la petición que la semana anterior hizo en este sentido. Destacó sin embargo, que entre sus peticiones no se encontraba el procesamiento del doctor Sans, médico adjunto al banco de sangre, pero precisé que los razonamientos expuestos por el juez para incluirlo en el auto le parecen acertados.Mena, que fue nombrado fiscal especial para llevar este caso, recalcó ayer que la investigación preliminar se ha efectuado en sólo dos meses, lo que, en su opinión, puede considerarse todo un récord, si se tienen en cuenta los graves problemas que provocan habitualmente el retraso de los procedimientos. El sumario ha sido tramitado exactamente en un plazo de 70 días, ocupa más .de 1.000 folios y recoge las declaraciones de un total de 13 personas. También se ha añadido al sumario numerosa documentación.

Citados a declarar

Los cinco procesados comparecerán hoy ante el juzgado de instrucción para prestar la declaración indagatoria. A partir de la fecha en que les sea notificado a los implicados el auto de procesamiento, éstos dispondrán de un plazo de cinco días para recurrir la resolución ante el mismo juzgado que la ha dictado. Al tratarse de un procedimiento de los llamados de urgencia, los procesados no podrán recurrir ante la Audiencia Provincial de Barcelona, como sucede en los casos denominados ordinarios.

El abogado José Luis Vázquez Sotelo, defensor de Fortunato Frías, que acudió ayer al edificio de los juzgados de L'Hosbitalet, manifestó: "Mi cliente es el más inocente de todos y no hay duda alguna de que recurriré el auto si se le procesa.". Vázquez Sotelo efectuó estas declaraciones pocos minutos antes de conocer el contenido del deicumento judicial.

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat no quiso hacer ninguna valoración o comentario sobre la decisión del juzgado. Fuentes próximas al conseller de Sanidad, Josep Laporte, manifestaron a la agencia Europa Press que "acatamos y respetamos las decisiones judiciales, sin hacer ningún tipo de valoración".

Por su parte, el actual director de la residencia Príncipes de España, doctor Jordi Bardina, no quiso tampoco comentar la decisión judiciái. Solamente señaló que en las últimas horas se habían recibido las citaciones del juzgado para que los procesados fueran hoy a declarar. El doctor Bardina era director de la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón de Barcelona y ocupala dirección en funciones del hospital de Bellvitge desde hace dos meses, al cesar el actual procesado.

Este procedimiento judicial empezó a instruirse a iniciativa del ex fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona Alejandro Sanvicente, quien, a través de la Prensa, tuvo conocimiento de las irregularidades supuestamente cometidas en la residencia de Bellvitge. El teniente fiscal de la Audiencia, Alejandro del Toro, pidió a la policía judicial que comprobara la información publicada.

Este informe policial sirvió de base para que el fiscal José María Mena redactara una querella criminal contra tres directivos del hospital.