La reconversión del campo andaluz

LA SENTENCIA del Tribunal Constitucional sobre la ley de Reforma Agraria, que desbloquea su aplicación, va a permitir al Gobierno andaluz desarrollar un programa de reconversión de la agricultura andaluza -el sector de mayor peso en la estructura económica de la región- basado en dos premisas fundamentales: una política productivista y de reordenación de cultivos, y actuaciones puntuales sobre la estructura de la propiedad, con el objetivo de apartar del sector a empresarios que demuestran ineficacia en la gestión de la tierra, que, por sus características de bien limitado, tiene una clara exigencia de rentabilidad social.El panorama actual de la agricultura andaluza presenta unas notas distintivas que justifican una actuación planificadora por parte de la Administración. En Andalucía, el peso de la población soportada por el sector se acerca al 20%, y prácticamente dobla la media de la Comunidad Europea (CE). Los efectos de esta dimensión de la agricultura se traducen en la existencia de 136.437 perceptores del subsidio de desempleo agrario o de 54.562 trabajadores agrarios en paro censados en las oficinas de empleo. Las derivaciones de esta situación, de la que son reflejo las movilizaciones de jornaleros que periódicamente se suceden en la región, son unos niveles de ingresos que difícilmente pueden cubrir las necesidades primarias de muchas familias, así como la existencia en varios aspectos de condiciones de vida tercermundistas.

El indudable esfuerzo de modernización que se ha realizado en la agricultura andaluza durante los últimos años por parte de la iniciativa privada -la producción final agraria regional ha rondado en 1986 los 419.000 millones de pesetas- no ha bastado para resolver los grandes problemas de ese medio rural. Y ello se debe en buena medida, de acuerdo con los diagnósticos de los expertos, a la falta de las adecuadas estructuras de comercialización y a la inexistencia de una industria auxiliar que asegure la permanencia en Andalucía del valor añadido de las producciones.

Este es, sin demasiadas dudas, el frente prioritario en el que debe actuar la acción planificadora de la Junta de Andalucía a través de la ley de Reforma Agraria. La inexistencia de estas estructuras es una grave carencia que se hace más evidente en un momento en el que la integración de España en la CE y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) exigen una profunda modernización para evitar una peligrosa pérdida de competitividad. Que la ley de Reforma Agraria sea el instrumento idóneo para resolver estos problemas es algo que todavía está por ver. El primer intento, realizado en la comarca de Antequera (Málaga) antes del bloqueo judicial del proceso, no cumplió las expectativas y se limitó, en su aspecto más espectacular, a la expropiación de uso de unas tierras conceptuadas como de las peores de la comarca. Ciertamente, en la reforma agraria se evidencia una voluntad de modernización y de progreso. Pero tanto las características del instrumento legal elegido y los fantasmas que se despiertan con la sola mención de su nombre mítico van a exigir un notable esfuerzo para no desviarse de los objetivos de racionalidad que se propugnan.