Huelga de hambre de los presos acusados del atentado contra Pinochet
Un grupo de 12 prisioneros políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR, comunista) acusados de haber particípado en el atentado contra el general Augusto Pinochet del pasado mes de septiembre entró ayer en su 21º día de huelga de hambre en protesta por el trato que reciben.El movimiento se generalizó el lunes y ayer, cuando se sumaron en forma escalonada un total de 346 presos políticos de todos los penales del país, según informó un grupo de ellos que ofreció ayer una conferencia de prensa.
Los huelguistas, que sólo toman agua, sal y azúcar, piden un proceso justo, el término de las incomunicaciones y aislamientos prolongados y que se les reconozca su condición de presos políticos. Jorge Pino Molina, qué ha adelgazado medio kilo diario como promedio, dijo: "Exigimos ser juzgados por tribunales imparciales que se ajusten a derecho".
Según los presos políticos, las irregularidades en sus procesos comenzaron desde el momento de la detención, cuando fueron torturados por la policía secreta. Víctor Díaz, hijo de un subsecretario del partido comunista que fue detenido por la policía y está desaparecido, fue torturado y estuvo incomunicado más de un mes.
Vasily Carrillo, hijo de un dirigente sindical que se suicidó y que pesa 17 kilos menos que cuando comenzó el ayuno y muestra síntomas de pérdida de lucidez, estuvo aislado casi dos -meses después de ser torturado. Pino dijo a EL PAIS que "la incomunicación durante semanas es una continuación de la tortura".
Sodomía, lesiones y hurto
El médico Pedro Marín, acusado de dirigir una clínica clandestina del FPMR, presentó una querella contra la Central Nacional de Informaciones (policía secreta) por sodomía, lesiones, torturas y hurto. Mientras estaba con los ojos vendados, recibió aplicaciones de electricidad, golpes y fue violado. Durante las torturas, se le cayó la venda y pudo observar a uno de sus torturadores -"gritaba como un loco y aplaudía, y por eso grabé su rostro"-, denunció Marín a la justicia. Su mayor sorpresa fue reconocer después al individuo actuando de secretario en la fiscalía militar.
Un médico de la Cruz Roja que fue a visitar a los presos en ayuno vio cómo los guardias comían delante de los huelguistas. Mónica Maldonado, una fiscal que fue a comprobar si las denuncias de torturas eran ciertas, aseguró que los detenidos tenían inflamados sus cuerpos, escoriaciones y costras.
Describió el estado anímico de los prisioneros como de "aflicción y nerviosismo". Después de su visita, la fiscal fue amenazada de muerte y debió recibir protección policial.
Los abogados de los presos políticos han denunciado además que la fiscalía militar les pone trabas para defender a sus clientes.
