Los hospitales públicos ante un futuro incierto

La negativa experiencia que hoy padecen los enfermos españoles podría llegar a perpetuarse si se aprobase el actual proyecto de decreto, elaborado por el Ministerio de Sanidad, con el que se pretende regular la estructura y funcionamiento de los hospitales del Insalud.No pretendemos ser agoreros, ni mucho menos plantear posturas reivindicativas. La Organización Médica Colegial es la primera en reconocer que el usuario sufre en sus propias carnes, porque los vive, los fallos estructurales que se dan en la gran mayoría de los centros hospitalarios, así como la falta de recursos, la burocratización, las listas de espera o las camas en los pasillos.

Ante tal situación, que muchos han coincidido en definir una y otra vez como caos asistencial, a nadie se le escapa que la búsqueda de soluciones pasa, entre otros factores, por la adopción de criterios técnicos, el asesoramiento de los especialistas y la respuesta científica que los profesionales brindan en su diario ejercicio con su experiencia ante cada paciente.

Pues bien, algo en principio tan lógico es, sorprendentemente, todo lo contrario a lo que desde el Ministerio de Sanidad se establece en el mencionado proyecto. El sistema que contempla ese reglamento para nada se corresponde, por ejemplo, con la imprescindible jerarquización profesional que requiere el correcto funcionamiento de los hospitales, como tampoco guarda relación alguna con los principios de méritos y capacidad que nuestro derecho reconoce para el acceso a la función pública.

En concreto, el reglamento deja al libre arbitrio de la Administración la designación de todos los cargos de responsabilidad de los hospitales, no sólo los gerenciales o de más alto nivel directivo, sino hasta los puramente médicos. Incluso en las juntas facultativas -órganos concebidos para asesorar profesionalmente- se da la paradoja de que se integrará personal no facultativo.

Tales circunstancias vienen a colmar el ánimo de desilusión que en los profesionales de la medicina han provocado la ausencia de incentivos y expectativas de promoción y la continua desconfianza de la Administración en sus propios médicos. Y desde luego en nada resuelven, ni tan siquiera frenan, el deterioro continuo que en los últimos años ha experimentado la asistencia sanitaria, circunstancia esta que a la Organización Médica Colegial le preocupa seriamente, y en la que una vez más brinda a la Administración todo su apoyo.

Intuimos que el usuario seguirá siendo el receptor de ese gran cúmulo de carencias y dificultades, si este reglamento se lleva a cabo. Por tanto, no resulta aventurado predecir un riesgo de generalización de esos conflictos que tanto se prodigan en nuestros centros sanitarios, lo que sin duda contribuiría a incrementar la desatención de los enfermos.

Por ello, desde la Organización Médica Colegial nos permitimos hacer una llamada a la responsabilidad de las autoridades sanitarias, dado que todavía es tiempo de rectificar, de dar un giro definitivo que abandone de una vez por todas la vía de la improvisación y de la crispación. Nuestra naturaleza de defensores de la salud de la colectividad nos obliga a esta advertencia, sin que ello suponga merma alguna a nuestro deseo de colaborar con los poderes públicos. Hoy, señor ministro de Sanidad, se oyen nuestras quejas. Ojalá no sea necesario escuchar las de los pacientes.