Los escritores critican la futura ley de Propiedad Intelectual

Los escritores agrupados en torno a la Associación d'Escriptors en Llengua Catalana (AELLC) y la Asociación Colegial de Escritores (ACE, sección de Cataluña) se reunieron anteayer en una asamblea en el Colegio de Periodistas para criticar el articulado del proyecto de ley de Propiedad Intelectual que se discutirá en el Congreso, y analizar los problemas derivados del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Los escritores rechazan varios puntos del proyecto.En el acto intervinieron Raúl Guerra Garrido, J. L. Giménez Frontín y Corredor Matheos, por parte de la ACE, e Ignasi Riera y Guillem Jordi Graells, por parte de la AELLC. También intervinieron representantes de los colegios de abogados y periodistas que propondrán sus propias enmiendas a la citada ley.

Las reivindicaciones mínimas de los escritores se centran en una serie de puntos de los que destaca la necesidad de un control de tiradas. Aunque el proyecto de ley lo reconoce, no especifica el sistema.

Los escritores reclaman que la ley ha de concretar que el control de tirada supondrá la numeración y sellado de los ejemplares. Otro de los puntos claves es la oposición de los escritores a que se conceda al editor la condición legal de autor de una obra colectiva. Aunque hay ejemplos en este sentido -un gran diccionario-, los escritores temen que este concepto permita disfrazar la autoría de otras obras colectivas. También se pronuncian contra el pago a tanto alzado.

Fotocopias

Igualmente, se oponen a la cesión de derechos de por vida y exigen el derecho del autor a la colección de su propia obra (antologías y obra completa).

La asamblea mostró su preocupación porque la creación de un canon por uso de fotocopiadoras revierta a los autores perjudicados a través de sociedades de gestión (en España existe la Sociedad General de Autores que agrupa músicos, escritores, etcétera) y que pueda resultar que los escritores se vean obligados a crear sus sociedades de gestión, alternativa casi ¡Imposible.

La asamblea denunció que el proyecto de ley no contemple -para evitarla- la práctica de algunas editoriales que adquieren unos derechos de autor para todo el territorio español, sólo publican el libro en castellano e impiden su traducción a otros idiomas peninsulares.

Asimismo, se reclamó que el certificado de liquidación de ventas tenga rango de documento mercantil y se informó de paradojas como el hecho de que la ley contempla que ante la liquidación de una empresa editorial, el escritor deba devolver los anticipos.

La asamblea acordó exigir al Gobierno que no traicione las expectativas creadas por sus portavoces e introduzca rápidamente un régimen de franquicia profesional y le invita a comprometerse públicamente en la reforma de la legislación comunitaria para conseguir un IVA cero.