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El presidente de la Conca anuncia la posible creación de camaras privadas

La Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (Conca) celebró ayer en Madrid un congreso nacional como un intento más de presionar a la Administración ante el inicio de la discusión en el Senado del proyecto de ley que supondrá la desaparición de la actual estructura organizativa local y su sustitución por otra más funcional y operativa, en opinión de la Administración. El presidente de la Conca, José María Giralt, apuntó la posibilidad de que se creen cámaras agrarias privadas si la ley es definitivamente aprobada.

La decisión de celebrar un congreso nacional de cámaras agrarias poco antes de que se inicie el trámite final para la aprobación del proyecto de ley que supone su reestructuración organizativa, postergada desde hace ocho años, y el hecho de que el lema del congreso fuera "por un siglo de historia" fue explicado por algunos de los intervinientes en el acto como la demostración de que este tipo de organización de los agricultores y ganaderos tiene fuertes raíces históricas y está en consonancia con lo que ocurre en otros países de la CE.A pesar de todo ello el tono de las intervenciones en el congreso, y las opiniones de los dirigentes que asistían al mismo, daban por sentado la imposibilidad de lograr que no se apruebe el proyecto de ley y que por lo tanto desaparezcan la mayor parte de las cámaras agrarias locales que, según el Ministerio de Agricultura, apenas si representan algo y cubren pocos servicios a los agricultores y ganaderos. Estas personas señalaban que 1987, ante el cambio legal, debe suponer el cierre del modelo sindical a seguir en el campo español en los próximos años, lo que obligará a nuevas definiciones a las actuales organizaciones agrarias.

La Conca estima debe oponerse a la ley porque, en su opinión, ello representará que se perderá un patrimonio cuyo valor de mercado asciende a 170.000 millones de pesetas.

Diferencia de criterios

El Ministerio de Agricultura, por el contrario, indica que el valor declarado de estos organismos, según los datos oficiales entregados a la Administración por los propios representantes de las Cámaras, asciende a 12.111 millones. Esta cifra podría elevarse hasta 15.00 o 17.000 millones de pesetas si se calculara el valor real de los inmuebles y propiedades de las entidades, según Jesus López Sánchez Cantalejo, director general del Instituto de Relaciones Agrarias.Sobre el presunto expólío que la nueva ley supondrá para el campo español, López Sánchez precisa que "las administraciones sólo dispondrán de este patrimonio, y siempre para fines agrarios, si las cámaras desaparecen. La ley también contempla que algunas de las actividades económicas sean asumidas por cooperativas agrarias". "La ley está abierta y no predispone la desaparíción de estos organismos, cuyo futuro será determinado por las propias comunidades autónomas", añade.

La Conca también ha denunciado que con la nueva ley desaparecerán una serie de servicios para el agricultor que hasta ahora eran realizados por las cámaras, como las construcción de caminos o la explotación de comunales y pastos. La Administración, por el contrario, defiende que estos servicios pasarán a realizarse a través de los ayuntamientos.

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