El proyecto de 'punto final' divide a los argentinos

El proyecto de ley de Reconciliación Nacional -mal llamado de punto final-, presentado por el Gobierno de Raúl Alfonsín ante las dos cámaras, y la nueva y tercera absolución del teniente de navío Alfredo Astiz, por prescripción de la agresión, tortura y muerte de la joven argentino-sueca Dagmar Haguelin, han vuelto a dividir a los argentinos.

El intento del Gobierno radical de establecer una fecha final para los interminables procesos contra los militares y policías involucrados en la guerra sucia frente a la subversión izquierdista ha sido mal explicado al país y no demasiado correctamente presentado a la opinión pública por el presidente Alfonsín, quien en su discurso radiotelevisado del jueves pasado se encontró al borde de equiparar la violencia ilegítima del Estado con la ilegal violencia del terrorismo revolucionario.Pero el mayor daño lo ha causado la coincidencia en el tiempo del anuncio del proyecto de ley mal llamado de punto final y la tercera absolución de Astiz. El teniente de navío no es en absoluto ni el más criminal ni el más abyecto de los militares argentinos que perdieron su honor en la represión de la guerrilla, pero ha devenido en un arquetipo de lo peor de todos ellos: doblez, engaño, traición, fanatismo, cinismo, crueldad, prepotencia.

Pero su absolución por la Cámara Federal de Apelaciones -civil- tras dos absoluciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas debe escribirse en cursiva por implicar, al mismo tiempo, una condena moral. La Cámara Federal ha reconocido a Astiz como autor del descerebramiento y ulterior desaparición de la adolescente Dagmar Haguelin, pero se ha visto incapaz de condenarle ante la prescripción de su delito, cometido hace más de 10 años.

La queja de lo más sensibilizado de la población tiene fundamentos: los delitos de lesa humanidad no deben ser prescriptibles y, en todo caso, en ese país las prescripciones penales debieran contarse a partir de 1983, cuando, ya bajo un régimen democrático, las denuncias podrían presentarse sin correr peligro de muerte.

La absolución del teniente de navío, quien, no obstante, se encuentra involucrado en el sumario de la Escuela de Mecánica de la Armada que se verá próximamente, ha influido negativamente en la presentación del proyecto de ley de Reconciliación Nacional.

Aquél no prevé para nada un borrón y cuenta nueva, sino la fijación de un plazo para presentar nuevas denuncias. Los procesos en marcha o en apelación continuarán su curso, así como las indagatorias sobre los militares o policías prófugos y los casos relativos a la desaparición de niños.

Aún aprobándose en los tres primeros meses de 1987 esta ley de reconciliación, los procesos por la guerra sucia continuarían en Argentina al menos durante dos años más. El proyecto de ley, además, ni perdona, ni indulta, ni amnistía a los ya condenados en primera instancia o a los que le fueren en firme en el futuro.

El debate que se abre se enreda en los gaseosos conceptos de la obediencia debida y en los límites contingentes entre la brutalidad criminal y la lesa humanidad. Buena parte de los argentinos, cierto que tardíamente, descubre ahora que hay atrocidades que en su día fueron patrocinadas por el Estado y que ni pueden ni deben ser perdonadas, reconciliadas o finalizadas con la sola ofrenda de las cabezas de turco de los principales o más visibles responsables. Al menos el presidente Alfonsín ha logrado la más firme declaración de constitucionalidad de las Fuezas Armadas en la entrega de despachos, el sábado, de las nuevas promociones de oficiales y suboficiales de las tres armas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general del Aire Teodoro Waldner, afirmó que "...nunca habrá mejor revolución que la de las urnas, ni mejor golpe que el que vuestro respeto a las leyes y subordinación al orden constituido aplique a los que quieran incitarlos a su quebrantamiento".

"Cuidado", continuó Waldner, "con sus cantos de sirena y con sus propuestas de convertirlos en salvadores; casi siempre, al final de los Gobiernos de facto, quedaron muchos más militares desprestigiados que instigadores al golpe que hayan asumido su responsabilidad".