Raúl Alfonsín informa al Gobierno argentino del proyecto de 'punto final'
El presidente argentino, Raúl Alfonsín, reunió a su Gabinete a las nueve de la mañana de ayer (una de la tarde, hora peninsular española) para informarle y hacerle firmar el proyecto de ley de Reconciliación Nacional, o de punto final, que será enviado inmediatamente para su sanción a las dos Cámaras.
Por la tarde, el ministro del Interior, Antonio Troccoli, informó de su contenido a las bancadas oficialista y de la oposición en el Congreso y en el Senado.,A las nueve de la noche (una de la madrugada, hora peninsular española), Alfonsín lanzó un mensaje radiotelevisado haciendo un llamamiento a la solidaridad nacional y anunciando el envío al Parlamento del proyecto de ley de punto final, que puede acabar con el océano de procesos por violación de los derechos humanos en Argentina. El proyecto es breve y ha sido redactado con meticulosa prolijidad jurídica para evitar inútiles debates técnicos en el Congreso. En él se prevé un plazo a partir de su aprobación para que los damnificados bajo la dictadura militar presenten sus denuncias ante los tribunales castrenses o civiles.
A partir de tal plazo prescribirían los crímenes cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, excepto las particularmente aberrantes, los supuestamente llevados a cabo por militares ahora prófugos (como el caso del ex general Guillermo Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército) y los que guarden relación con niños desaparecidos, secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautividad.
Todas las causas ahora abiertas contra los responsables o los sicarios de la guerra sucia contra la subversión permanecerán abiertas; entre ellas algunas tan importantes como la de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires o la de las actuaciones presuntamente criminales del Tercer Cuerpo de Ejército acantonado en Córdoba bajo la dirección del general Menéndez, ahora en prisión preventiva, y sus conmilitones. Todo ello a más de los nuevos juicios que puedan abrirse hasta la fecha de prescripción dictada por esta hipotética ley de punto final.
El destino de los ya condenados
El proyecto de ley no prevé para nada supuestos de amnistía, perdón u olvido para los ya condenados o los que lo fueran en el futuro. La filosofía del Gobierno argentino, por supuesto que antes política que jurídica, se encauza, como acaba de afirmar el presidente de la Cámara, Juan Carlos Pugliesse, sobre este hecho: "Quien no haya sido procesado en estos tres años no debe ser procesado más. Y, aunque tengamos la convicción de la culpabilidad o la responsabilidad de alguien, no tenemos las pruebas que el Estado de derecho tiene que llevar a la justicia para que se pueda condenar".Condenados -siempre en primera instancia- los tres primeros Gobiernos militares desde 1976 por sus atrocidades contra la población, el primer escalón represor militar-policial en la gran provincia de Buenos Aires, la penúltima junta militar por la pérdida de la guerra en Malvinas, y abiertos procesos individuales en toda la nación como el que ahora afecta al teniente de navío Astiz, y colectivos como los de Córdoba o la Escuela de Mecánica de la Armada, Raúl Alfonsín ha llegado tan allá como para padecer intento de asesinato por parte de los uniformados bajo su mando y necesita alcanzar un descansillo de normalidad jurídico-militar para no exhalar un último aliento.
No obstante sus razones de Estado, su apuesta es delicada. Uno de los tres bloques de diputados peronistas ya ha anunciado que se opone a la prescripción de aquellos delitos propiciando sean declarados como de lesa humanidad.
