El sabor mortal de las almejas

"Ese señor no debió matarle. Le debió coger para que lo prendieran, pero no matarle. ¿Que ya ha salido de la cárcel? Pues que no ande mucho por la calle para que no le vean mis hijos. No tardará en morir". Carmen Chaves -ya viuda, con seis hijos- recoge a rachas las lágrimas que fluyen entrecortando su relato sobre el asesinato a tiros de su marido, José Diz, dos días atrás, cuando faenaba de furtivo en un vivero de almejas en Arosa. "Sólo había ido tres veces a ese sitio. Hay otros que iban desde hace tres meses y no les ha pasado nada, y mi marido está muerto".

Antes de dedicarse al furtiveo José Diz fue emigrante en Alemania durante 14 años. Ahí, sobre la alacena, está el retrato del remolcador donde trabajaba hasta que la empresa cerró. Entre unas vacaciones y otras fue dejando aquí, en la Corea, el barrio de San Pedro, en Vilanova de Arosa, seis hijos. La Corea son casas modestas propiedad del Estado por las que pagan ciento y pico pesetas de renta mensual. Aun así, no se sabe en qué trabajan los inquilinos para pagar esa miseria. Pero si no se sabe porque no figuran en ningún registro, no hay más que dar una vuelta en cuanto anochece y se averigua.Muchos de los paisanos de esta margen de la ría de Arosa -Cambados, Grove, Vilanova- se dedican a robar por la noche en los caladeros de almejas. El furtivismo es un hecho tan cotidiano en Arosa como tomar un albariño o unas patatas con grelos. Y de la mano de él, el contrabando y las mafias que lo organizan. Nunca podría, imaginarse don Ramón del Valle Inclán -cuya casa natal se restaura con cargo a los fondos nacionales de empleo- que su Arosa se convertiría en una ría sin ley donde la escopeta de caza, las armas cortas y las anclas con guadañas fueran las únicas referencias disuasorias para defender la propiedad.

Y pensar que en sus tiempos había que comer las almejas a escondidas, para que no fueran a sospechar que había hambre en casa. Todavía en la época de la República, poco antes de que estallara la guerra civil, se pagaba una caja de 30 kilos a siete pesetas. Nadie las quería.

Lo que daba de comer entonces eran los salazones, gracias a unos emigrantes catalanes que montaron varias fábricas en Vilanova y otros pueblos, a mediados del siglo pasado. Los que no marchaban a América, primero, o a Alemania, después, encontraban trabajo en estas fábricas, hasta que prácticamente todas se fueron a pique al dejarse comer el terreno por marroquíes y portugueses.

Tres millones la batea

En los años setenta, al sentirse los primeros síntomas de la crisis económica, la ría de Arosa, considerada la más rica de Europa en marisqueo, se convierte en una bolsa de parados a la que se suman los retornados de la emigración. Para entonces se comienzan a explotar las bateas de mejillones, de las que con unas inversiones en torno a los dos o tres millones de pesetas, amortizables en 10 años, pueden obtenerse limpios, anualmente, de dos a cuatro millones, siempre que no ocurra ningún percance, ya sea meteorológico o provocado por las bacterias, como el que mantiene en veda estos días una zona de la margen coruñesa.El pescado de a flote, ya sea de bajura o en alta mar y los mejillones cultivados en bateas, marchan bien, dentro de la vicisitudes normales del sector pesquero. Pero José Diz, la víctima no ha seguido esa suerte. Empeñó tres millones en una batea y no le dio frutos.

Otros no pudieron empeñar y, como él, se dieron al furtivismo. ¿Por qué no? "Si el mar es de todos", se sale en una noche y por 100 kilos de almejas que se capturan de una tacada se mete uno en el bolsillo 70.000 pesetas, ahora que en Barcelona o Madrid las pagan a 3.000 pesetas el kilo. Nadie va a hacer nada por impedirlo, ni siquiera en los tiempos de veda, ni siquiera en los caladeros donde se preservan las crías para próximas campañas...

Emilio Borrás, el presunto y luego descartado autor de los disparos que causaron la muerte a José Diz y heridas graves a su sobrino Fernando González en la madrugada del lunes 27 de octubre, lanzó esa noche muchos disparos al aire, como todos los días. Él tiene una concesión en la playa de la parroquia de Abanqueiro (Boiro) desde tan antiguo que ni recuerdan los vecinos. El terreno no va más allá de 50 metros dentro del mar por unos 150 o 200 metros de playa. Según dicen los vecinos, que en asamblea improvisada se solidarizaron con él y alabaron su generosidad y buen comportamiento con el pueblo entero, se gastó millones de pesetas en la repoblación de arena para dar cama al vivero, lo alimentaba, mantenía fijos a dos vecinos todo el año y cuando se levantaba la veda les daba trabajo a todos -hombres y mujeres- y con la venta de cada kilo hacía el reparto siguiente: 500 pesetas para siembra, 500 para el que lo recogía y otras 500 para él.

Cuando la Guardia Civil sospechó por el color de las almejas furtivas que procedían de su cultivo, Emilio Borrás se declaró culpable de disparar al aire, como se ve obligado a hacer desde hace meses para que los furtivos no esquilmen el vivero. "No le dejaban dormir ninguna noche", dice una vecina, que se alegra de que le hayan dejado en libertad, libre de sospecha.

Desde que la Xunta asumió las competencias sobre las aguas interiores a la línea de la costa, la Comandancia de Marina no actúa como vigía de la ría. Ni la Guardia Civil, que sólo lo hace a requerimiento de la Xunta y en tierra, mediante la verificación de las guías de Sanidad. Para vigilar todas las costas gallegas, el consejero de Pesca -confirmado en su cargo luego de dimitir esta semana junto al vicepresidente- alega que sólo cuenta con 14 hombres.

Sin ley y sin nadie que vele por lo que no hay, los furtivos han venido haciendo en los últimos 15 años un dinero fácil cuyo coste se cifra en el siguiente balance: tres mujeres heridas tras una batalla con guardias jurados por pescar en zona acotada; Guillermo Irango, de 40 años, vecino de Vilanova, furtivo, muerto por disparos de los guardias jurados de Rianxo el 26 de julio de 1981; un grupo de planeadoras furtivas hiere gravemente a los guardas de una lancha de vigilancia de la isla de Arosa el 17 de agosto de 1984; seis días más tarde un guarda de Santa Eugenia resulta herido por disparos de furtivos; el 31 de agosto de 1985 el furtivo Evaristo Pérez Cores es disparado y herido desde tierra en el puente de Arosa; el 27 de agosto de este año Rodolfo Alonso, de 23 años, es asesinado en la playa de Ribeiriña; la semana pasada, un guarda de la isla sufrió un garrotazo en la cabeza, donde le aplicaron 15 puntos de sutura.

En el marco de esta ría sin ley, los alcaldes y las cofradías de pescadores de las márgenes de Arosa, que habitan más de 200.000 habitantes, atribuyen el incremento de la violencia y la práctica del furtivismo a la ausencia de una política de pesca racional y a las secuelas del contrabando.

La Audiencia de Pontevedra realiza por estos días trabajo extra. Tiene pendiente la sentencia sobre una presunta banda de 12 contrabandistas de tabaco, para los que el fiscal solicita 48 años de prisión menor y 44 millones de pesetas. En otro juicio pendiente por la misma causa figuran involucrados 14 presuntos contrabandistas y otros 14 números de la Guardia Civil de Grove y Sanxenxo. Estas causas proceden de una toma de postura decidida por el anterior gobernador civil de Pontevedra -actualmente en Alicante- en contra del contrabando descarado que se practicaba en Arosa con la connivencia, al parecer, de algunos miembros de la Guardia Civil.

El instrumento de que se servían los contrabandistas para escurrirse de la vigilancia costera eran y son las planeadoras, unos vehículos fueraborda dotados con motores superiores a los 50 caballos. Desde que el Gobierno incrementó el celo en la represión del contrabando se alterna su uso con el furtiveo. De esta manera, jóvenes como Fernando González Diz, sobrino del muerto y convaleciente en un hospital de Pontevedra de los disparos que también causaron la muerte de José Diz, compartía el furtiveo con la descarga de contrabando, que se cotiza a 10.000 pesetas. "Y si no cooperan", añade su tía, Carmen Chaves, "les echan de las empresas de construcción" que suelen servir de tapadera a los contrabandistas para blanquear el dinero. El pago a estos descargadores nocturnos se efectúa en droga, a veces. "El dinero fácil y esa droga es la causa de que Vilanova de Arosa, una población que no llega a los 2.000 habitantes, tenga en su censo a 67 enfermos drogadictos", dice su alcalde, Sito Vázquez.

Entre tanto, el marisqueo de la almeja -en 1985 la lonja de la isla facturó 600 millones, frente a la mitad que sigue un curso furtivo- se agosta poco a poco y se depreda lo que queda, la ría de Arosa, convertida ya en zona sin ley, recuenta la caída de muertos y contempla con los hombros encogidos la llegada de un justiciero -¿de la Xunta?- que imponga orden en la mar.