Cuatro de los procesados en el juicio contra el general Camps renuncian a la defensa

La segunda jornada del juicio que se celebra en Buenos Aires contra el general Ramón Camps y otros seis militares y policías argentinos, por graves violaciones de los derechos humanos, se inició ayer sin la presencia de cuatro de los acusados, que el día anterior habían intervenido en un serio incidente al iniciarse la vista oral. La Cámara Federal de Apelaciones deberá designar abogados de oficio para los cuatro inculpados, quienes anunciaron que renuncian a la defensa en el proceso.

En los incidentes del jueves participó el comisario Miguel Etchecolatz, uno de los procesados, que solicitó a gritos hacer uso de la palabra, después de que entraran en la sala los seis jueces de la Cámara Federal de Apelaciones. El comisario Etchecolatz, visiblemente alterado, pretendía leer antes de comenzar la sesión una declaración firmada por cuatro policías enjuiciados.El presidente del tribunal civil Guillermo Ledesma, no permitió que la declaración fuera leída y expulsó del recinto a Etchecolatz quien fue seguido de los otros tres firmantes del escrito. En ese texto se califica al proceso iniciado el jueves de "parodia" y los firmantes (Etchecolatz, los comisarios Héctor Vides y Alberto, Rousse y el médico policial Jorge Bergez) señalan: "Somos enjuiciados por la sociedad que defendimos". El escrito fue entregado a las agencias de noticias, por lo que pudo hacerse público su contenido.

El otro policía enjuiciado es el cabo Norberto Cozzani. Junto con Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1977, conocido como el carnicero de Buenos Aires, ha sido procesados su sucesor, el general Ovidio Pablo Ricchieri.

Los firmantes del escrito, que cumplieron funciones en la policía de la provincia de Buenos Aires bajo las órdenes de Camps y Ricchieri, agregan que la justicia "encubre a los verdaderos responsables de la violencia que no originamos" y califican de "arbitrario" el juicio, cuyas sentencias se darán a conocer en noviembre, según fuentes judiciales.

Los generales Camps y Ricchieri también ha desconocido al tribunal civil que los juzga y se han negado a presentar defensa o testimonio. Ambos han advertido que no comparecerán ante el tribunal, al que acusan de no tener el fuero necesario parajuzgar sus acciones en el campo militar.

Inesperada declaración

Tras los incidentes, comenzó a prestar declaración, como testigo de la defensa, el comisario Rodolfo González Conti, quien respondió a numerosas, preguntas del juez Ledesma y del fiscal Julio César Strassera. Sin embargo, la declaración que más sorprendió a la sala fue la del funcionario policial Eduardo Aranguren, uno de los 10 testigos presentados por las defensas de los procesados.Eduardo Aranguren, que estuvo destinado en el departamento jurídico de la policía de la provincia de Buenos Aires -en cuya jurisdicción se cometieron, entre 1976 y 1982, los delitos que se investigan- responsabilizó al personal de la policía encargado de las acciones represivas de "una cantidad enorme de robos y homicidios". La declaración contrastó con las respuestas evasivas dadas por otros testigos en la misma sesión, que duró siete horas.

Centros de detención

Sin embargo, Araguren coincidió con ellos al afirmar que la policía "actuó contra la subversión cumpliendo órdenes que daba el Ejército de Tierra". Y agregó: "No tengo conocimiento", cuando se le preguntó sobre la existencia de centros clandestinos de detención de la policía bonaerense.Durante las cinco primeras sesiones, el tribunal escuchará los testimonios presentados por las defensas. Y la semana próxima se conocerán los testimonios de la acusación. Camps ha admitido en declaraciones a la Prensa que unas 5.000 personas desaparecieron en Buenos Aires durante el período en que él fue el jefe de la policía y ha agregado que la mayoría está muerta. Los procesados son acusados de 32 homicidios, 120 casos de tortura, 214 secuestros con extorsión seguidos de la desaparición de 47 de las víctimas, 10 secuestros de menores de edad, 18 robos y dos abortos producidos a causa de torturas. Éste es el segundo gran juicio por violaciones de los derechos humanos celebrado desde el retorno de la democracia a la Argentina, en 1983.

En el primero, fueron condenados los nueve miembros de las tres primeras juntas militares argentinas, que gobernaron entre 1976, y 1982.