La demagogia del hambre

UNOS 250 jornaleros andaluces se trasladaron ayer a Madrid con la intención de concentrarse ante el palacio de la Moncloa a fin de llamar la atención sobre la situación del campo andaluz, y solicitar, en particular, el indulto del dirigente sindical Diego Cañamero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), condenado por un presunto delito de "coacciones".De no producirse el indulto por parte del Consejo de Ministros, Cañamero deberá ingresar en prisión mañana, viernes, para cumplir una sentencia de un mes y un día de arresto por haber encabezado en 1984 la ocupación de la finca El Garrotal, en Sevilla, a fin de exigir al propietario la contratación de un número fijo de jornaleros por cada hectárea de terreno cultivable. El de Cañamero es uno de los más de 500 procesos incoados -según fuentes del SOC- contra trabajadores del campo que han realizado en los últimos años ocupaciones de fincas, encierros, cortes de vías de comunicación y otras acciones encaminadas a llamar la atención sobre las condiciones de vida de los jornaleros de la comarca del Bajo Guadalquivir. Si el secretario general del SOC ingresa en prisión, en los próximos meses puede asistirse a un goteo incesante de nuevos encarcelamientos de sindicalistas, lo que contribuiría a avivar el fuego de una situación ya de por sí explosiva.

En muchas de las iniciativas de los sindicalistas del campo andaluz son encontrables dosis del mesianismo agrario, que goza de acreditada tradición en la región. Su resistencia a la. mecanización de la agricultura, las referencias a la dependencia del imperialismo que se derivaría de la modernización de las técnicas de cultivo, la búsqueda de apoyos ideológicos en países como Libia, el tercermundismo retórico de determinadas proclamas, la participación solidaria en iniciativas de fuerzas como Herri Batasuna reflejan las contradiciones del movimiento y su inmadurez. Pero si todo ello puede ofrecer muestras de una demagogia criticable, la realidad que evidencia empalidece esa crítica, pues nada hay tan demagógico como el hambre.

Cuando dirigentes campesinos como Paco Casero, Diamantino García, Jose Manuel Sánchez Gordillo o Diego Cañamero consiguen una amplia audiencia en la veintena de pueblos de las provincias de Sevilla y Cádiz en que el SOC está implantado es porque la situación de subdesarrollo tercermundista que denuncian no tiene nada de retórica. Según estudios solventes, el total de ingresos anuales medios de las familias de los jornaleros del Bajo Guadalquivir, que en su conjunto apenas alcanzan para cubrir el mínimo de subsistencia, se compone a partes iguales de los obtenidos de trabajos eventuales como temporeros, del subsidio de paro y de actividades de resultados tan aleatorios como la recolección de caracoles, la caza de conejos con hurón y la pesca de especies de río en los de la región. Y sí de contradicciones se trata, no es menor la de un Gobierno socialista que alimenta la fantasía popular con ensoñaciones como la de convertir a Andalucía en la California de Europa y, de momento, encarcela a jornaleros cuyo delito consiste en pedir trabajo.

En absoluto justificamos las ocupaciones de fincas ni la vulneración de la ley. Pero esas ocupaciones han sido en todo caso, la mayoría de las veces, simbólicas, y las peticiones de los jornaleros se han realizado siempre, o casi siempre, por métodos pacíficos. Y como efecto añadido, esas acciones han tenido el de evitar el surgimiento de reacciones individuales, fruto de la desesperación, como las que en el pasado ensangrentaron Andalucía. Con misticismo o sin él, con demagogia o sin ella, lo cierto es que la organización cívica de los jornaleros en torno a sus líderes locales ha tenido un efecto socializador, sustitutivo, en ocasiones, de inexistentes iniciativas de los poderes públicos respecto a problemas como el de la desescolarización de los hijos de jornaleros forzados a emigrar temporalmente al extranjero para participar en vendimias y actividades similares.

Las esperanzas de los jornaleros en los efectos de la reforma agraria que la Junta de Andalucía se comprometió a impulsar eran probablemente desproporcionadas, pero la paralización de esa iniciativa a cuenta de interminables recursos jurídicos, por una parte, y su paulatina reducción a mero gesto político sin apenas contenido práctico, por otra, son factores que han alimentado una frustración capaz de explicar los excesos cometidos en la protesta.

La ley obliga a todos, y debe ser cumplida y respetada. Pero el Estado de derecho dispone de mecanismos para corregir, sin quebrantar la legalidad, situaciones de hecho en las que la aplicación literal de la norma puede suponer una injusticia o al menos un agravio comparativo en el marco jurídico de una Constitución democrática que proclama el derecho de todos al trabajo. En estas condiciones, el indulto de Cañamero sería una medida indicadora de prudencia política y seguramente también una decisión ecuánime, y, por tanto, justa.