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Tribuna:LA REFORMA SANITARIA EN MADRID

Malas perspectivas para la sanidad

La situación en que se encuentra la sanidad española tras el cuatrienio de Administración socialista y sus perspectivas de desarrollo entran dentro de la calificación de preocupantes, dada la divergencia que existe entre el dispositivo asistencial, claramente insuficiente, y la demanda que la comunidad exige en materia sanitaria.

La comparación de algunos parámetros básicos de países europeos en relación con los españoles nos da una idea cierta de la distancia que separa a nuestro país del resto de la órbita occidental, e incluso europea-oriental, aunque es más deprimente contemplar la poca voluntad desarrollada por los gestores sanitarios del último cuatrienio para reducir esas diferencias y elevar el nivel de la sanidad española en materia de inversiones, gasto, equipamientos, servicios, etcétera.La incidencia del gasto del Insalud en el producto interior bruto ha experimentado a lo largo de los últimos años un significativo descenso, que nos aleja cada vez más de las cantidades que se invierten en Europa en el sector sanitario. Así, en 1982 fue de un 3,84%; en 1983, el 3,70%; en 1984, el 3,57%; en 1985, el 3,49% y, en 1986, el 3,43%.

Hay que tener en cuenta que el gasto del Insalud viene a suponer aproximadamente un 70% del gasto general en sanidad, por lo que podemos deducir que el gasto sanitario es del 5% del PIB, mientras que los países europeos destinan a sanidad cantidades que superan el 8% de su PIB.

Esta disminución de la inversión, asociada a un incremento de la población atendida, hace que el gasto por persona haya ido descendiendo paulatinamente, según puede comprobarse con los siguientes datos: en el año 1981, el número de beneficiarios fue de 31.656.000, correspondiendo un gasto por persona de 20.691 pesetas; en 1982, de 32.527.000 y 20.580; en 1983, de 33.280.000 y 19.840; en 1984, de 35.895.000 y 17.651, y en 1985, de 36.670.000 y 15.350.

La exposición de cantidades indica claramente el deterioro que viene sufriendo la asistencia sanitaria, al disponer de menos presupuestos, ni siquiera válidos para mantener el volumen actual de recursos materiales y humanos con que contamos. El número de camas hospitalarias desciende progresivamente bajo la excusa de que aquí tenemos excesivas y no están suficientemente aprovechadas, y los puestos de trabajo se amortizan automáticamente, cubriendo las vacantes de obligada cobertura con contrataciones de tipo eventual.

En este contexto se encuentra el dispositivo sanitario de la Comunidad Autónoma de Madrid, que aunque cuenta con centros más modernos y tecnologías nuevas y avanzadas, sin embargo, soporta una presión importante de enfermos desplazados de otras comunidades, lo que hace que su dispositivo sea insuficiente.

La política sanitaria de la Administración socialista durante el pasado cuatrienio en la Comunidad de Madrid ha ido encaminada a la elaboración de un plan que sienta las bases de una profunda reestructuración sanitaria destinada a disminuir el dispositivo asistencial madrileño y reducir los recursos humanos y materiales disponibles en aras al objetivo general marcado desde el ejecutivo de Economía: economizar y rentabilizar.

Menos camas y empleados

Dicho plan contempla una reordenación de los recursos sanitarios en Madrid, ya sean propios del Insalud, de la CAM o privados-concertados, y cuya traducción fundamental se halla en la reducción del número de camas hospitalarias en número de 1.945, y la desaparición de 6.645 puestos sanitarios de trabajo, aunque la realidad posterior indica que las previsiones contempladas en el plan pueden variar, incrementándose el número de centros hospitalarios cerrados y el número de puestos de trabajo perdidos.

En definitiva, estas ideas de reestructuración sanitaria, entregadas en forma de documento a los sindicatos, conforman un modelo de reconversión sanitaria para disminuir más el ya de por sí esquilmado dispositivo asistencial madrileño.

Las medidas tomadas en el último año han ido en esta dirección y hacen pensar, como anteriormente indicaba, que la realidad va a ser más dura que la perspectiva al entrar en el ámbito de la reconversión centros asistenciales que en principio parecían estar fuera de él, como sucede con las instalaciones hospitalarias de la Cruz Roja, o como podría suceder con la Fundación Jiménez Díaz.

Esta reconversión se da de forma distinta en el sector privado que en el público. En el sector privado simplemente se rescinden los conciertos que había establecidos con estos establecimientos, desconcertándose el uso público de 2.560 camas privadas y provocando el cierre total de algunos de estos centros, como ha sucedido ya con las clínicas de San Francisco Javier, San Ignacio, Los Nardos y San Nicolás, y causando el despido automático de 2.880 trabajadores, según previsiones.

En el sector público se pretende fundamentalmente amortizar puestos de trabajo. Trasladando personal sanitario de los centros donde la Administración considera que hay excedentes a los hospitales de nueva, ¡y retrasada!, apertura, o congelando las plantillas actuales, sin abrir convocatorias de nuevas plazas hasta que las plantillas se adapten a los cálculos matemáticos de ratios personal/ cama y otras orientaciones parecidas, y sin tener en cuenta otro tipo de consideraciones, como la necesidad de conseguir una asistencia sanitaria con gran calidad, que indudablemente no puede obtenerse con reducción de plantillas, acúmulo de tareas y desaparición de motivos incentivadores en el personal.

La traducción del plan reconversor para el sector público es un balance final de creación de 876 camas (frente a las 2.560 que se pierden al rescindir los conciertos con clínicas privadas) y la amortización de 3.065 puestos de trabajo (pese a que los nuevos hospitales de Leganés, Getafe y Alcalá de Henares emplearán a 2.100 personas).

7.000 puestos eliminados

En definitiva, se avanza hacia la disminución del dispositivo asistencial argumentando exclusivamente que los recursos públicos están infrautilizados y que forzando su aprovechamiento, disminuyendo el número de días de estancia del enfermo en el hospital y filtrando al máximo posible el número de enfermos candidatos al ingreso se podía conseguir reducir el número de camas hospitalarias públicas de cerca de 19.000 existentes a cerca de 16.000, que serían necesarias en el año 1990, y el personal sanitario de 35.000 a 3 1.000, según cálculos siempre muy aproximativos.

Un trabajo elemental como éste no debe convertirse en una exhaustiva exposición de datos numéricos que nublan la visión general que trata de darse; sin embargo, sería significativo entresacar, por ejemplo, el número de puestos de trabajo que se amortizarán en los hospitales más grandes:

Ciudad Sanitaria La Paz, 2.203; Ciudad Sanitaria Primero de Octubre, 846; Ramón y Cajal, 748; Clínica Puerta de Hierro, 540; hospital Provincial, 1.000 y 500 camas; Fundación Jiménez Díaz, 700 y 261 camas.

Atención especial merecen los centros asistenciales de la Cruz Roja (hospital Central, Unidad de Quemados e Instituto de Diabetología), que en virtud del acuerdo firmado entre el anterior ministro de Sanidad y el presidente de la Asamblea Suprema se enfrentan a una posibilidad de cierre a corto plazo. Estos centros reúnen un total de 660 camas y 1.509 trabajadores. La alternativa más idónea, a nuestro modo de ver, sería la integración total de este dispositivo en el propio Insalud, ya que es este organismo el que financia la práctica totalidad de los gastos de estos centros.

Sin embargo, las ideas que por el momento se barajan serían las de trasladar estos centros al hospital de futura apertura de Getafe, construido para albergar 350 camas y 700 trabajadores. Está claro que en el traslado, que se justifica utilizando el argumento de la descentralización hospitalaria de Madrid al extrarradio, se perderían 310 camas y no se sabe cuál sería el futuro de 809 trabajadores.

Otros centros específicos, dedicados actualmente a la asistencia sanitaria y sin futuro todavía decidido, podían perder sus camas, sus funciones o ser transferidos a otras dependencias no sanitarias, lo que, en cualquier caso, incide en el cómputo global sustrayendo camas y personal a todos los madrileños y enfermos de otras comunidades, que en un número importante viene a tratarse a Madrid al no contar con servicios específicos sus comunidades de origen.

Entre estos centros podríamos citar el hospital Hermanos Laguna, de Alcorcón; hospital de Santa Cristina, Clínica del Trabajo, Infante Don Felipe, Psiquiátrico Infantil Fray Bernardino, Casa de la Madre y la Clínica de la Concepción (Fundación Jiménez Díaz), que debate su futuro entre un plan de viabilidad que significaría la pérdida de 261 camas y 700 puestos de trabajo y su cierre total.

Las perspectivas, como se puede apreciar, no son nada halagüeñas, sobre todo si comparamos el dispositivo asistencial de la comunidad madrileña con el de los países europeos de nuestro entorno, y que ofrece los siguientes resultados medidos en camas por cada 1.000 habitantes: Francia, 8,2; Irlanda, 11,3; Holanda, 12,3; Dinamarca, 10,5; Suecia, 16,5; Finlandia, 15; España, 5,3; Madrid, 5,85; previsiones de Madrid para el año 1980: 3,1.

Todas las comparaciones son odiosas, pero ésta es más, porque simplemente obedece a al seguimiento disciplinado de una política de ahorro emanada directamente del Ministerio de Economía, y que obviamente ha generado ya un importante volumen de ahorro y producirá más en un futuro próximo de cinco años, pero a costa de jugar con el dispositivo y calidad asistenciales, y que indefectiblemente se traduce en masificación de las consultas a nivel ambulatorio y kilométricas listas de espera que los ciudadanos nos vemos obligados a padecer.

es secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad de CC OO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de agosto de 1986