Los ministros de Agricultura de la CE aprueban la financiación del catastro vinícola
Los ministros de Agricultura de los doce aprobaron ayer la financiación de un catastro vinícola de la Comunidad Europea (CE) cuyo coste global asciende a 140 millones de ECU (unidad de cuenta europea, equivalente a 137 pesetas). U propuesta de la Comisión Europea de suscribir el 50% del coste de la operación, que tardará seis años en llevarse a cabo, fue finalmente aceptada. El resto será abonado por los Estados miembros en función de su producción vinícola.
Las pretensiones iniciales de los países miembros de la Comunidad productores de vino, especialmente España y Grecia, deseaban que la participación comunitaria en los gastos del catastro fuese superior a la aprobada por los ministros agrícolas de la CE. Por su parte, los países del norte de Europa, sobre todo la República Federal de Alemania, Dinamarca y el Reino Unido, pretendían reducir dicha participación a tan sólo un 25%.Cuando esté acabado el catastro vinícola, en el año 1992, permitirá evitar fraudes en la producción, así como determinar con mayor objetividad las ayudas comunitarias a los vinicultores y la atribución de primas al arranque de viñedos.
Los ministros decidieron, por otra parte, aplicar un mecanismo complementario de intercambio para la patata tempranera y las plantas certificadas de patata de calidad inferior. En caso de distorsión en el mercado de los diez primeros miembros de la CE, el sistema adoptado garantiza que España y Portugal, a la hora de fijar techos a sus exportaciones de estos dos productos, no serán sometidos durante el período transitorio a limitaciones más estrictas que los países terceros.
El representante español en la reunión ministerial, Julián Arévalo, presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA), hizo, por otra parte, ayer causa común con su colega irlandés al oponerse a la aprobación por los titulares de Agricultura de la importación a la Comunidad, de aquí hasta el año 1988, de 152.000 toneladas de mantequilla neozelandesa.
Oposición española
Además de recordar una vez más que los excedentes almacenados de mantequilla de los países productores de la Comunidad alcanzaban 1,3 millones de toneladas, españoles e irlandeses hicieron hincapié en que Nueva Zelanda, a diferencia de los países comunitarios, continuaba aumentando su producción de productos derivados de la leche, contribuyendo así a agravar el problema.
La delegación española insistió en que más allá de 1987 no debía ser comprado por Europa ese producto neozelandés. Para el año próximo, el Ejecutivo europeo ha propuesto, sin embargo, la adquisición de 77.000 toneladas de mantequilla de aquel país, que sería comercializada únicamente en el Reino Unido.
Como para adoptar una decisión de este estilo se requiere, en el seno de la Comunidad Europea, el requisito de unanimidad, los ministros de Agricultura de los doce tenían la intención de renunciar a zanjar ayer el asunto y trasladar a sus homólogos de Asuntos Exteriores, que mantendrán una reunión en Bruselas a principios de la semana próxima, la discusión del asunto y que fueran ellos quienes intentasen lograr la unanimidad requerida.
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