Una española, entre los ocho muertos en un atentado contra un tren de turistas en Perú

Ocho personas resultaron muertas y 44 heridas, algunas de ellas muy graves, en un atentado perpetrado ayer en Perú contra un tren de turistas que va desde Cuzco hasta la ciudadela incaica de Machu Picchu. Entre los muertos figuran la ciudadana española María Teresa Carbonell, de 30 años, que viajaba con su marido y su hijo, que resultaron heridos. En medios policiales peruanos se considera este atentado como el primer acto de respuesta de Sendero Luminoso a la represión de los motines en tres cárceles limeñas. En relación con esos sucesos, el presidente Alan García anunció el martes el encarcelamiento de 95 policías.

El atentado se produjo a las 8.30 de la mañana, hora peruana (las 14.30, hora peninsular española), cuando una potente carga explosiva, al parecer de dinamita, estalló dentro de uno de los vagones del tren, al que habían subido unas 70 personas, en su mayor parte turistas extranjeros. El convoy se encontraba en la estación de San Pedro, en la localidad andina de Cuzco -antigua capital del imperio inca, situada a 1.155 kilómetros al sureste de Lima-, y se disponía a partir hacia la ciudadela de Machu Picchu, a unos 100 kilómetros de allí.Según testigos presenciales, el vagón voló prácticamente por los aires. Se oyeron gritos de dolor y, después, se vieron algunos cuerpos despedazados. Cuatro de las víctimas murieron en el acto y sus restos tuvieron que ser rescatados de entre los hierros retorcidos del tren. Las otras cuatro personas fallecieron mientras era trasladadas al hospital.

Seis de las ocho víctimas mortales del atentado fueron identificadas ayer. Además de la ciudadana española Teresa Carbonell, fallecieron el peruano José Collantes, la brasileña María Olivera da Silva, el alemán Ernest Martin y su esposa y el estadounidense Corsino Lee Shelby, como informaron las autoridades cuzqueñas, que, a última hora de ayer, aún no habían descubierto la identidad de los otros dos fallecidos. En cuanto a los heridos, algunos de los cuales se debaten entre la vida y la muerte, figuran 14 peruanos, siete norteamericanos -uno de ellos sacerdote-, seis franceses, dos españoles, dos brasileños, un argentino, un finlandés, un belga y un surcoreano.

No pudieron confirmarse las informaciones que indicaban que entre los pasajeros se encontraban algunos miembros de la Internacional Socialista, cuyo primer congreso en América Latina se clausuró el lunes en Lima.

El atentado no ha sido reivindicado, pero todo apunta a que se trata de una acción terrorista de Sendero Luminoso, grupo que jamás se atribuye la autoría de sus acciones. De ser así, se trataría del primer ataque de los senderistas contra el turismo, principal fuente de recursos de Cuzco, y también de su primera venganza tras la represión de los motines del pasado día 18 en las cárceles limeñas, supuestamente organizados por senderistas.

En relación con la actuación de las fuerzas de seguridad en dichos motines, el presidente peruano, Alan García, dirigió en la noche del martes un discurso a la nación. Denunció el "aniquilamiento" de entre 30 y 40 presos "rendidos e inermes" en la cárcel limeña de Lurigancho por parte de la Guardia Republicana durante la represión de los motines y afirmó que ha ordenado el encarcelamiento de los autores de este "crimen". Según una fuente oficial, los responsables de la matanza en el penal de Lurigancho, en el que no hubo ningún superviviente entre los amotinados, fueron 15 oficiales y 80 soldados, que han sido encarcelados. No obstante, García respaldó en términos generales en su discurso la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía en la represión de los motines, surgidos en vísperas del comienzo en Lima del congreso de la Internacional Socialista, y que dejaron un saldo de más de 300 muertos.

La Guardia Republicana es un cuerpo policial, aunque durante esta operación se hallaba bajo la autoridad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al que el Gobierno encargó "el restablecimiento del principio de autoridad en los pbnales". En Lurigancho estuvo también presente el Ejército de Tierra, que, según todos los indicios, fue al menos testigo del fusilamiento de los presos que se rindieron.

En su mensaje, siempre con rostro grave y tono enérgico, García dijo: "El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha cumplido con lealtad la orden recibida por el Gobierno y respaldamos sus acciones". Sin embargo, añadió: "No avalo, ni apruebo, ni respaldo la comisión de excesos, la venganza criminal e instintiva, porque las fuerzas de la ley deben estar por encima de la venganza primaria y brutal".

La Guardia Republicana, al igual que el resto de los cuerpos policiales, es impopular y no dispone de tantos mecanismos de presión como los militares. Recientemente, su jefe máximo fue destituido porque miembros de la institución permitieron la fuga de un peligroso criminal de los calabozos del palacio de justicia.

García aseguró que se volverá a actuar de la misma forma si se reproducen hechos semejantes. El presidente declaró que "no hay nada que negociar con quienes sólo deben esperar la sanción de la ley".