España denunciará al Tribunal de Justicia Europeo los mecanismos complementarios de intercambios para frutas y hortalizas

La Comunidad Europea está aplicando, desde el pasado 1 de marzo, montantes reguladores a las exportaciones de vino y unos mecanismos complementarios de los intercambios (MCI) para las patatas tempranas que colocan la ventas de ambos productos a los países comunitarios en una situación peor a la que tenían antes de la entrada en vigor para nuestro país de la Política Agrícola Común.El contenido de estos mecanismos ha sorprendido al sector y a la Administración, quien en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos celebrada ayer tomó la decisión de proponer al Consejo de Ministros la denuncia de la aplicación de parte de estas medidas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades, por considerar las injustificadas y de dudosa legalidad.

Según la nota oficial emitida por la Oficina del Portavoz del Gobierno, la decisión de la Comisión Delegada supone "reaccionar con los instrumentos a disposición de los Estados miembros contra la marcha atrás que supone el mecanismo complementario de intercambios para la exportación española de frutas, hortalizas y patata temprana".

En el último Consejo comunitario de Ministros de Agricultura, celebrado a finales del pasado mes de febrero, los representantes de los países miembros decidieron la aplicación de montantes reguladores para las exportaciones de todos los vinos españoles -incluidos los de denominación de origen-, y dejando tan sólo fuera de ésta a los de jerez.

Esta generalización de montantes reguladores para todas las exportaciones vinícolas españolas es, en opinión del Gobierno, de dudosa legalidad, deja al sector en peor situación que la que poseía hasta ahora y viola el propio Tratado de Adhesión hispano comunitario. En el Tratado, la aplicación de estos derechos reguladores -que en el caso español suponen un encarecimiento de estos productos en el exterior- se contemplaba como un mecanismo que se aplicaría tan sólo en los casos en que se registraran perturbaciones importantes en los mercados comunitarios.

La otra medida que ya está repercutiendo a los intereses españoles es la que afecta a las ventas de patata temprana. Según se aprobó por mayoría -con la abstención de Portugal y el voto en contra de España- en la reunión del comité especial de agricultura comunitario celebrado el 24 y 25 de febrero, desde el pasado 1 de marzo los exportadores españoles de patatas deberán depositar una fianza previa en el Ministerio de Comercio, y tendrán que especificar el destino final de dichas exportaciones.

Propuesta de Francia

Este requisito no existía hasta ahora y supone una traba muy importante para sus ventas, si se tiene en cuenta que la mayor parte de ellas se venden en consignación a mecados centrales en países europeos desde los que se distribuyen a los diferentes destinos.La aplicacion de este mecanismo de cauciones derivado de los MCI fue propuesto por Francia, quien contó en la citada reunión del comité especial de agricultura con el apoyo de todos los demás países miembros, a excepción de las dos naciones ibéricas.

La Administración española, que considera de dudosa legalidad esta medida, ha decidido denunciarla ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Asimismo, existe una preocupación generalizada, tanto en el Gobierno español como en el sector, por los movimientos que se están detectando en la Comisión Europea en estos momentos para intentar extender la implantación de estas cauciones -dentro de los denominados mecanismos complementarios de los intercambios (MCI)- a las exportaciones de todas nuestras frutas y hortalizas a partir del quinto año posterior al ingreso español en la Comunidad Europea.