Procesado por delito monetario un industrial que exportaba al Este tecnología de doble uso

Carlos Mira Gallart, consejero delegado de la empresa Suin, SA, creada para la comercialización de tecnología de doble uso (la que puede ser utilizada para fines civiles y militares), fue procesado el 15 de noviembre de 1985 como presunto autor de delitos monetarios supuestamente cometidos al efectuar los pagos de comisiones a terceras personas, según se conoció ayer. Mira no ha sido perseguido por la importación y exportación de tecnología, auténtico problema de fondo por el que EE UU presentó en su día una protesta oficial a las autoridades españolas. La empresa contaba para ello con las autorizaciones gubernativas correspondientes.

En la operación figuran implicadas al menos otras dos personas, una de las cuales está pendiente de prestar declaración ante el juez de delitos monetarios, Luis Lerga, mientras que la otra se encuentra en paradero desconocido.Carlos Mira fue procesado por considerar el juez que en las diligencias practicadas existen contra él indicios racionales de criminalidad. El juez estima que los hechos pueden constituir un delito monetario, previsto y sancionado en el artículo 6-B, en relación con el 7-1, de la ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios.

Contra lo que es habitual, el auto de procesamiento dictado contra Carlos Mira no fue recurrido. El juez decretó la prisión preventiva de Mira, aunque fijó una fianza de 30 millones de pesetas para acceder a la libertad provisional.

Esta fianza fue aportada casi de inmediato, y Mira se encuentra ya en libertad.

El magistrado fijó también otra fianza de 80 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes. Las fuentes consultadas creen que esta fianza también ha sido satisfecha, por lo que no se ha hecho necesario el embargo de los bienes. Según estos informantes, las personas implicadas en operaciones de este tipo disponen de abundantes fondos para hacer frente a problemas que les puedan surgir, por lo que las fianzas no suponen un grave quebranto para ellos, sino que son consideradas como un riesgo más.

Material conflictivo

El auto de procesamiento dictado por el juez Lerga, y al que ha tenido acceso este periódico, señala que Carlos Mira actuaba como consejero delegado de Suin, SA, empresa residente en España y dedicada a la importación y comercialización de aparatos de electrónica para la comprobación automática de los parámetros eléctricos de circuitos integrados. La citada empresa, desde 1976 hasta junio o julio de 1983, compró materiales de alta tecnología a la compañía Fairchild, de San José de California (EE UU), para las que había obtenido previamente las correspondientes autorizaciones de importación y de exportación del Ministerio de Comercio y de la Dirección General de Aduanas.

Los pagos de estas operaciones se realizaban, como es preceptivo, a través de la banca delegada, y su volumen total ascendió hasta unos 14 millones de dólares (más de 2.000 millones de pesetas). El margen comercial de beneficios con el que Suin operaba estaba situado alrededor del 40%.

El material adquirido a la compañía Fairchild era postenomente reexportado a Bulgaria, después de que en Barcelona se realizaran ajustes, comprobaciones y pequeñas manipulaciones. Los que intervenían en las operaciones de compra recibían un tanto por ciento de cada operación, que era pagado en talones que Carlos Mira obtenía de la compañía Fairchíld y para lo que viajaba personalmente a Califórnía.

Una vez endosados los talones, según el auto de procesamiento, Mira se trasladaba a Suiza, Francia o Italia, donde personalmente los entregaba a personas italianas, francesas o búlgaras, sin que hasta ahora se haya podido determinar la cuantía exacta de estas comisiones, aunque se sabe que ha superado el contravalor de 50 millones de pesetas (cantidad fijada en la ley para la existencia de delito). Para el abono de estas comisiones nunca se solicitaron las preceptivas autorizaciones de la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda.

A preguntas de un redactor de este periódico, el magistrado Luis Lerga precisé que a él sólo le competen los delitos monetarios y que el asunto de fondo tiene otras derivaciones que no son competencia del juzgado, por lo que él no puede entrar en ellas.

Fuentes jurídicas afirmaron que el caso "no es oscuro en cuanto a los hechos. El problema puede radicar en otras áreas ajenas al juzgado de delitos monetarios".