Nicaragua suspende las garantías democráticas y acusa a la Iglesia y a la oposición de conspirar con EE UU

El Gobierno nicaragüense ha decretado, "hasta que Estados Unidos no cese su agresión" la plena vigencia durante un año del estado de emergencia en todo el país, lo que supone la suspensión de las libertades de expresión, comunicación, circulación, huelga y asociación así como el derecho de hábeas corpus. Al anunciar la medida, el presidente, Daniel Ortega, acusó el martes a la Iglesia y a la oposición, de izquierdas y derechas, de connivencia con Washington y la contra. El decreto gubernamental suspende también las garantías mínimas del procesado, la fundación de organizaciones cívicas y el recurso de amparo, y permite, además, a las autoridades la revisión previa de todo material periodístico antes de su publicación.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó en una conferencia de prensa que "el Gobierno no se puede quedar de brazos cruzados mientras las izquierdas y las derechas presionan y EE UU hace nuevos anuncios de acciones terroristas tendentes a destruir la revolución nicaragüense". El órgano del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Barricada, reflejaba en su edición de ayer el espíritu del decreto al afirmar: "No podemos permitir que agentes del imperialismo continúen saboteando la defensa de la patria"..El decreto anunciado por Ortega parece dirigido, a juicio de los observadores, a Estados Unidos tanto como a la oposición interna. Estas fuentes consideran que ni la situación militar -el viceministro de Defensa, Joaquín Cuadra, declaró el lunes que la contra estaba "estratégicamente derrotada"- ni la debilidad combativa de los partidos políticos de oposición parece justificar medidas tan dramáticas.

Estados Unidos ha apoyado y entrenado en la frontera de Honduras un ejército formado por unos 12.000 rebeldes para derrocar el régimen sandinista, al que Washington considera responsable de la turbulenta situación en Centroamérica. Pero los contras no han conseguido ocupar, hasta el momento, ningún territorio estratégico en el interior de Nicaragua.

La política de Washington ha provocado "sabotajes y miles de muertos nicaragüenses", dijo Ortega, quien agregó que, mientras la "contra golpea y asesina en el Norte", Estados Unidos ha impuesto un "bloqueo criminal para destruir la revolución". Ortega culpó a Estados Unidos de "recomponer al ejército mercenario" para desatar "la agresión contra Nicaragua", contando con apoyo interno y de la Iglesia católica, a la que acusó de unirse "a la contrarrevolución con su actividad política".

Como primera medida tras la imposición del estado de emergencia, efectivos militares allanaron una oficina de la curia episcopal, según denunció un portavoz eclesiástico.

El portavoz del cardenal Miguel Obando y Bravo, Bismarck Carballo, declaró que la operación de registro en la curia, donde funciona el departamento de pastoral social de la Iglesia, la dirigieron el comandante Lenin Cema y el capitán Óscar Loza, director general y jefe de operaciones de Seguridad del Estado, respectivamente.

El portavoz dijo que todo el personal que trabajaba en esa dependencia fue evacuado y expresó su temor de que a la incursión puede seguir la suspensión del diario La Iglesia, órgano oficial de las autoridades eclesiásticas nicaragüenses.

La imposición del estado de emergencia, levantado parcialmente en julio de 1984, se produce cuando la Coordinadora Democrática de Oposición ha pedido un referéndum nacional bajo supervisión del Grupo de Contadora y el grupo de apoyo a éste.