Medicamento, democracia y expertos

Ciertamente, la actual Administración sanitaria tiene una innegable inclinación a oficializarlo todo y desconocer la iniciativa privada o la aportación profesional, en este sentido, sobre cualquier actividad relacionada con la gestión de la salud. A esa tendencia une nuestra Administración no se sabe bien si cierta impertinencia o, por lo menos, algunos toques de inoportunidad.Cuando los farmacéuticos españoles están más irritados y se sienten menos partícipes de las posibles decisiones que se toman sobre su profesión por las autoridades sanitarias, éstas, como para que se repare su capacidad autoritaria, publican, con la firma del titular del departamento (BOE del 11 de julio de 1985, día anterior de nuestra huelga a la japonesa) una orden ministerial por la que se regulan los órganos encargados de la farmacovigilancia.

Crispación

Dicha disposición, que traemos a esta tribuna como actualidad justificativa de la crispación que vive ahora mismo el conjunto de profesiones sanitarias, desvela, las intenciones que se perciben en cada acto dispositivo en que interviene, promoviendo o decidiendo, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Sólo es válida aquella orden en su enunciación, porque su propio preámbulo ya se encarga de desentrañar su propósito, que es, a nuestro entender, el siguiente: construir un instrumento oficialista y dependiente de dicha dirección general modificando la actual composición del órgano encargado al efecto y de donde desaparecen los representantes de la industria, la distribución y la dispensación. Y conste que es así de simple porque en el mencionado preámbulo ya se reconoce -como decíamos- que el órgano que se sustituye tiene una "composición parcialmente corporativa y no plenamente tecnica". Si no fuera porque el tema es suficicientemente serio, hasta induciría a ironía comprensiva que el último artículo de la citada orden ministerial garantice dietas y viáticos a los componentes del nuevo órgano oficial.Se ha oficializado en nuestro país, como tantas otras cosas, la institución encargada de la farmacovigilancia. Cargos oficiales y 10 expertos, naturalmente designados a dedo, serán sus responsables. Ni los profesionales ni las fuerzas sociales tienen nada que decir. El proceso de reconversión al autoritarismo es innegable en el mundo sanitario.

Pero este relato no es sino una muestra, plenamente actual y significativa, de las razones por las que el mundo sanitario en general, y muy particularmente los farmacéuticos, nos sentimos inquietos.

El borrador de anteproyecto de ley del Medicamento dedica un titulado libro octavo a lo que vayan a ser órganos de la Administración encargados de la evaluación y control de medicamentos, y ni siquiera es el Miniserio de Sanidad y Consumo, sino la prepotente Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios quien asume todas las facultades y competencias al respecto. Pero lo peor de todo es que lo hace omnímodamente, aunque, eso sí, asesorada por un centro nacional y siete comisiones, cuyos presidentes y vocales "serán científicos o profesionales sanitarios eminentes designados por el Ministerio de Sanidad y Consumo". Pero para mayo res garantías, los "expertos o consultores que sean llamados por la Administración... se seleccionarán de entre los incluidos en una lista de expertos que elaborará y mantendrá permanentemente actualizada el Ministerio de Sanidad".

El esquema no puede ser más diáfano: el experto designado a dedo sustituye al representante elegido en su corporación, sector o segmento de intereses. Para ello hay listas, y el que no esté en ellas ni puede ser experto ni representativo.

Expertos designados a dedo

Así se justifica también cómo un borrador de anteproyecto de ley del Medicamento haya podido ser elaborado por expertos o técnicos designados a dedo, y así se comprende, consecuentemente, el sentido de ese borrador. Y es que la Administración sanitaria actual está cayendo en pretender como fiable algo que no se sostiene lógicamente: la identidad entre experto y designado. La Administración parece no creer que un elemento representativo de algo que no sea ella misma pueda ser técnico o experto en nada. Lo Corporativo es deleznable porque no produce garantía; sólo la produce la designación.Sólo desde una mentalidad no democrática pueden justificarse los avatares actuales de la legislación sanitaria. Nunca en la historia de la organización de la salud en España ha habido tanto distanciamiento entre la Administración y las corporaciones sanitarias. De nada vale, por ejemplo, que el Ministerio de Sanidad y Consumo diga como réplica a nuestro rechazo del anteproyecto de ley del Medicamento que es sólo el producto de una comisión de expertos, porque ello incita a parafraser aquello de que "... no quiere la guerra, quiere la victoria". Si no fuera así, abandonaría el tecnicismo dogmático de sus expertos y se acordaría, por ejemplo, del artículo 23 de la Constitución española, cuando dice que "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos...". O del 36; o del 52; ... o simplemente del 1, cuando afirma aquello del "Estado social y democrático...".

Verdades a medias

Claro está que el lenguaje, y mucho más la dialéctica política, puede confundir, y de hecho, en determinadas actitudes, se utiliza para ello. Ese lenguaje, con verdades a medias, con calculadas ambigüedades, ha intentado predisponer a la opinión pública contra los intereses corporativos y profesionales.En definitiva, se trata de hacer prevalecer no los intereses genera les de la población, que nosotros somos los primeros en defender, sino las tesis y las estrategias de la actual Administración sanitaria. Para ello lo mejor es desconocer las representaciones profesionales... y sustituirlas por expertos... Aunque perdamos todos, y lo primero la mentalidad democrática.