Hacia la consolidación del bilingüismo en Cataluña

ACABA DE hacerse pública en Cataluña una sentencia que supone un importante respaldo judicial al espíritu del Estado de las autonomías. Un grupo de maestros había recurrido contra la exigencia de la Generalitat de que todos los enseñantes que impartan clases en Cataluña conozcan y dominen la lengua catalana. La Audiencia Territorial de Barcelona ha fallado que esta disposición de la Generalitat no vulnera la Constitución, y viene a considerar que si el objetivo del bilingüismo que se propugna en Cataluña es que todos los escolares al acabar sus estudios sepan expresarse correctamente en las dos lenguas, para conseguirlo es lógico que todos los enseñantes estén en condiciones de enseñarlas y utilizarlas.Esta decisión judicial es una estimable aportación a la convivencia de los ciudadanos de Cataluña. El proceso de normalización lingüística se está efectuando con bastante rigor y seriedad -aunque se hayan producido incidentes aislados de intolerancia, tanto por quienes lo consideran demasiado lento como por los que lo encuentran excesivamente rápido-, y una de las pocas cosas que podría romper el actual y delicado equilibrio de buenas voluntades sería que en un tema así hubiese un fallo que resultara incomprensible para la opinión pública catalana.

Pero lo positivo de esta sentencia rebasa lo estrictamente catalán. Con excesiva frecuencia, en algunos sectores de la sociedad española se tiende a pensar que la problemática de la lengua catalana -así como la del euskera y el gallego- es algo que afecta y compromete únicamente a los ciudadanos de estas tres comunidades, y ello es absolutamente falso. La Constitución, que rije para todos los españoles, en el mismo artículo en que consagra al castellano como la lengua oficial de todo el Estado, establece la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas, por lo que su defensa compete a los demócratas de todo el país. Asimismo, la descentralización del poder que establece la propia Constitución, y que debe desarrollarse a través de los gobiernos y los parlamentos autonómicos, legitima a todas estas instituciones para que adopten las medidas necesarias para que sea una realidad el pluralismo lingüístico. En Cataluña, por consenso entre todas las fuerzas políticas parlamentarias, se ha preferido huir de la posible quiebra en dos de la sociedad catalana que podría suponer el que unos ciudadanos se educaran y hablasen en castellano mientras otros lo hicieran en catalán, y se ha asumido el desafío de intentar un modelo de bilingüismo total, y para ello se legisla pensando que en el futuro todos los catalanes deben estar en condiciones de expresarse en castellano y en catalán. Y dada la legitimidad con que se aborda, conseguirlo es un objetivo de todo el Estado.

Pero la consecución de esa meta necesita, además de la comprensión de toda la sociedad española, una colaboración activa de toda la ciudadanía de Cataluña. Y entre otros elementos, precisa que toda la planificación educativa tenga en cuenta la aspiración bilingüista. Para ello es necesaria una participación muy especial de toda la clase docente. El recurso que ahora ha sido desestimado venía a considerar que era una discriminación que para impartir clases en Cataluña se exigiera el conocimiento del catalán, un requisito innecesario en el resto del Estado. La sentencia tiene la oportunidad de subrayar la constitucionalidad de la exigencia, dado que la Constitución reconoce el carácter oficial de la lengua catalana, y precisa además que, sin ese requisito que se pide a los maestros, los discriminados serían los alumnos a quienes les correspondiera aprender con el personal docente incapacitado para enseñar utilizando las dos lenguas.

En el fondo del problema hay una realidad que deben entender los maestros: precisamente por su condición de funcionarios de un Estado que se reconoce plurilingüe, y precisamente por estar encargados de la docencia, tienen la obligación de asumir un papel protagonista en la recuperación del catalán. Una obligación como españoles y una obligación como maestros. Y cabe esperar que cuando el recurso que ahora anuncian llegue al Tribunal Supremo, exista allí también, como en la Audiencia de Barcelona, la suficiente sensibilidad para entender el problema. Porque, en esencia, de la misma manera que la historia nos recuerda que para el conjunto de España es impensable la libertad sin una estructura democrática, para Cataluña no hay una verdadera democracia sin el reconocimiento de su lengua, con todo lo que ello significa.