Algunos dirigentes sindicales colaboran tácitamente con los militares procesados en Argentina

El juicio oral contra las tres primeras juntas militares ya está sirviendo, cuando menos, para un más adecuado reparto de papeles en la sociedad argentina. Así, en la sesión del miércoles quedó bastante clara la tibieza de la cúpula gremial peronista ante el drama de la desaparición de personas y su tácito colaboracionismo con la dictadura militar. Por otra parte, las declaraciones de la vista anterior efectuadas por altos jefes navales, en el sentido de que los cadáveres recogidos en el río de la Plata durante los años de la represión "eran normales por su número" quedaron por los suelos.

El fiscal Strassera presentó un escrito, firmado por un ex funcionario judicial, en el que se abría una causa ante los tribunales de San Martín. Se trataba de la aparición, en los canales de San Fernando -octubre de 1976-, de ocho tambores metálicos rellenos con cemento. En su interior se encontraron ocho cadáveres con un tiro en la nuca. El tribunal aceptó que fuera llamado a declarar el funcionario firmante.Particularmente dramáticas resultaron las declaraciones de los científicos estadounidense Eric Stover, miembro de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, y Clay Colin Snow, miembro de la misma sociedad y destacado biólogo y antropólogo.

Ambos fueron en su día reclamados por las Abuelas de la Plaza de Mayo como consultores científicos en la identidad de cadáveres NN (Ningún Nombre) y para la práctica del abuelismo, estudio genético que puede establecer el parentesco de un niño por sus abuelos vivos en el caso de desaparición de los padres.

Ambos científicos, apoyándose en la proyección de diapositivas, presentaron los casos estudiados en Argentina, la identificación de niños por el abuelismo (aceptada por la justicia) y de cadáveres NN correspondientes a personas dadas por desaparecidas; cadáveres que presentaban orificios de bala efectuados siempre a muy corta distancia.

Defensores obtusos

Los 21 abogados defensores -entre los cuales los más obtusos defensores del juicio de Campamento a los golpistas del 23-F brillarían como luz del Derecho- quedaron algo confusos en cuanto se pasó de las disquisiciones precedentes sobre las acepciones ideológicas y jurídicas del verbo aniquilar y otros extremos.El abogado del ex presidente teniente general Viola, doctor Orgueira, intentó descalificar al testigo Eric Stover:

-Ya que el testigo dijo que los miembros de esa asociación que integra son 123...

El presidente de la Cámara: "No, doctor; el testigo dijo 123.000".

Orgueira: "¿Podría facilitar el testigo los nombres de los miembros de su asociación?".

El presidente: "¿El de los 123.000 científicos que la integran?".

Orgueira: "¡Ah, pero son científicos ... ?".

El defensor de Viola adujo en su descargo que pensaba que la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias estaba integrada por entidades y no por profesionales de la materia.

Otro letrado de las defensas, el doctor Enrique Munilla, abogado del ex presidente teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, intentó recusar al testigo Van Boven, ex director de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, declarante la víspera, por tener conocimiento de que había viajado a Argentina a cuenta del Gobierno y con fondos provistos por el Estado. La recusación fue rechazada por irrelevante.

Los principales testigos restantes en la tercera vista oral fueron el doctor Raúl Matera, prestigioso neurocirujano y dirigente peronista, y siete dirigentes sindicalistas, entre ellos Jorge Triaca y Ramón Valdassini, dos de los cuatro secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Estos dos últimos se quedaron muy tranquilos testificando que desconocían por completo que, entre 1976 y 1982, se hubiera secuestrado, torturado, detenido ilegalmente o asesinado a algún gremialista.

El doctor Matera reconoció que en agosto de 1980 había concurrido, en compañía de otros dirigentes peronistas, a una reunión con el entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, para dialogar políticamente con la dictadura.

Y que a aquella reunión había concurrido con listas de desaparecidos de las que posteriormente el ministro adujo carecer de información.

Murmullos

Valdassini y Triaca motivaron murmullos entre el público y los periodistas, por unas declaraciones que apuntalaban a la defensa. El primero fue incapaz de recordar que en el período investigado desapareciera algún líder obrero. Se lo tuvo que recordar el fiscal: el dirigente gremial Óscar Smith, desaparecido el 11 de febrero de 1977, amigo del declarante.Triaca aceptó esta desaparición -no le quedaba otro remedio-, pero se apresuró a testificar que cuando él permaneció detenido por la dictadura militar había recibido un trato "ejemplar".

El fiscal Strassera tuvo que recordar al jefe del sindicato de los trabajadores del plástico, que su detención había sido ilegal y que había olvidado denunciarla ante los tribunales de la restaurada democracia.

Tuvo que ser el propio fiscal quien presentara ante la Cámara la denuncia de oficio por esta nueva detención ilegal de la dictadura. No en balde Triaca dirigió la fracción de la CGT colaboracionista con los militares. Y no en balde estos líderes obreros peronistas han sido llamados a declarar por las defensas de los presuntos genocidas.