Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:La nueva ley llega al Pleno del Congreso

La izquierda adopta una posición 'conservadora' para defender el patrimonio

La izquierda ha adoptado "una posición correctamente conservadora" en favor del patrimonio cultural, según Miguel Satrústegui, secretario general técnico del Ministerio de Cultura. El Pleno del Congreso debate hoy el proyecto de ley de Patrimonio Histórico Español, que prevé sanciones de hasta 100 millones por el derribo de un "bien de interés cultural", y beneficios fiscales por su protección.

Se pretende hacer un inventario de los bienes más relevantes del patrimonio, aunque no estén declarados de interés cultural, y por primera vez se incluyen, además de los históricos y artísticos, bienes arqueológicos y científicos. Los investigadores podrán consultar parte de la documentación oficial archivada, salvo los secretos oficiales y datos personales privados, lo que, en principio, beneficiará la investigación histórica.El anteproyecto fue acogido en su día con recelos por la oposición, ciertas comunidades autónomas e instituciones como la Iglesia. La mayoría socialista aceptó en comisión parte de las enmiendas de los otros grupos: casi la mitad de las de Minoría Catalana y cerca de la tercera parte de las del Grupo Popular. Este espíritu constructivo fue juzgado inédito en esta legislatura por José Luis Álvarez, diputado de Alianza Popular, si bien su grupo sigue creyendo excesivas ciertas competencias que el proyecto adjudica a la Administración.

El ministro de Cultura, Javier Solana, explicó a este periódico la voluntad del Gobierno de que ésta sea una ley que perdure, razón del espíritu de comprensión hacia las enmiendas de las minorías, que a su juicio han enriquecido el proyecto. Según Miguel Satrústegui, secretario general técnico del Ministerio de Cultura, la ley intenta responder al evidente desarrollo cultural de los últimos años en España, como quiso en su día la de 1933, a la que viene a sustituir.

El 1% del coste de cada obra pública superior a 100 millones de pesetas y que no afecte a la defensa del Estado revertirá en la conservación del patrimonio o en el fomento de creación artística, según el proyecto de ley. Éste prevé, además, créditos oficiales para la conservación de bienes del patrimonio y la exención del impuesto de lujo en la compra de obras de artistas vivos o en la importación de bienes culturales.

Pagar impuestos con cuadros

Beneficios fiscales diversos disfrutarán quienes inviertan en la mejora de los bienes o realicen donaciones al Estado o entidades benéficas. Los impuestos de renta, del patrimonio y de sucesiones podrán ser pagados con la entrega de bienes del patrimonio histórico. Éstas medidas han sido inspiradas por las legislaciones francesa -la ley Malraux- e italiana, "países que tienen no poco que conservar", según recuerda Satrústegui.

Estas disposiciones son en general apoyadas, con matices, por los diferentes grupos, pero no así los derechos de tanteo y retracto que el Estado se reserva en la venta de todo bien de interés cultural o tan sólo incluido en el inventario general.

A juicio de Álvarez, es esta una competencia excesiva que no será cumplida, y, por tanto, no contribuirá a la pretendida transparencia del mercado artístico. Debería reservarse para los bienes de reconocido interés.

Miguel Satrústegui subraya el acceso previsto en la ley a la documentación oficial archivada sin plazos de tiempo, como ocurre en la legislación norteamericana por ejemplo, y salvo en lo que ataña a secretos oficiales o pueda perjudicar la intimidad de las personas. A su juicio, ello obligará a las diferentes administraciones a conservar su patrimonio documental, y, en algunos casos, a proceder a su archivo y clasificación.

En el texto aprobado por la comisión parlamentaria, el artículo 52 insta a permitir la inspección del patrimonio documental por los organismos competentes, previa solicitud razonada, y el 57 establece la libre consulta, salvo previsibles excepciones.

En cuanto a ciertos recelos sobre una posible expropiación de bienes a la Iglesia -de la que depende cerca del 80% de los monumentos-, Solana niega tajantemente ninguna intención expropiatoria, no sólo porque el Ejecutivo respeta los acuerdos internacionales, como el firmado con el Vaticano, sino por la sencilla razón de que la ley no pone para nada en cuestión el problema de la propiedad del patrimonio. Se pretende únicamente, según dijo, que todos los bienes de interés cultural puedan ser objeto de la protección prevista en la ley. El ministro aseguró que ésta es una ley más abierta, a este respecto, que la de 1933.

Oposición autonómica

Las comunidades autónomas de Galicia, Baleares, Cataluña y Euskadi han manifestado su desacuerdo con el proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español. El PNV ha presentado una enmienda para que se incluya una disposición adicional, según la cual la ley no sería aplicable en el País Vasco.

La Generalitat y Minoría Catalana han manifestado su oposición a aspectos importantes del proyecto por considerarlo reglamentista y un recorte a las competencias transferidas. Un portavoz de la Generalitat declaró a este diario que se ha negociado con el Ministerio de Cultura la supresión de la expresión, muy reiterada en el texto legal, "es propio del Estado" por la de "es propio de la autoridad competente" para evitar una concepción restringida de la autoridad facultada para intervenir.

Se prevé legislar mediante real decreto la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC). Las comunidades autónomas citadas piden la supresión del término 'real' que implica la asunción por parte del Estado de una competencia traspasada. En caso de mantenerse, las comunidades reclaman la incoación de los expedientes de declaración y la canalización de los recursos destinados a la conservación y mantenimiento de los BIC.

Antoni Pladevall, director general del Patrimonio Artístico de la Generalitat, manifestó que el decreto asume las declaraciones realizadas hasta ahora, lo que supone para Cataluña un total de 600 BIC sin que se precisen las obligaciones económicas derivadas de esta definición. Consideran competencia autonómica la aprobación del expediente de desplazamiento y se discute la propiedad de los bienes recuperados de una exportación ilegal. Se reconoce al Estado la competencia para defender el patrimonio pero no el monopolio de su titularidad. Solana rechaza que la ley sea "atentatoria contra las competencias de las autonomías". A juicio de Miguel Satrústegui, estas protestas responden a un mal entendimiento de lo que son las competencias del Estado en esta materia, por lo demás previstas en la Constitución: en su artículo 149 establece que es deber del Estado proteger la cultura, y le corresponde su defensa frente a la expoliación y la exportación.

Expoliación es todo aquello que ponga en peligro los bienes del patrimonio o que perturbe su función social. Quien exporte indebidamente un bien del patrimonio deberá devolver el dinero al comprador de buena fe, y el bien pasará a ser propiedad del Estado. El proyecto de ley prevé la creación de un grupo de investigación especial.

Para José Luis Alvarez, es preciso respetar la Constitución y los estatutos de autonomía, con la lógica primacía de la primera. Aun así, considera que el de las competencias respectivas es asunto de gran complejidad. Frente a posibles susceptibilidades nacionalistas, Satrústegui explica que la ley no define ninguna cultura nacional, sino vías de protección de bienes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de febrero de 1985