Minoría Catalana, insatisfecha de la negociación sobre la ley del Patrimonio

A pesar de haber sido aceptadas 25 de las 58 enmiendas presentadas al proyecto de ley del Patrimonio Histórico, el grupo parlamentario Minoría Catalana (formado por los diputados elegidos en las listas de Convergència i Unió) se muestra insatisfecho con el resultado final de las negociaciones, según afirmó el diputado Joaquim Ferrer, ya que, en su opinión, el redactado final podría afectar a diversas competencias actuales de las comunidades autónomas. El diputado asegura que, de no conseguirse mejores resultados en el pleno, su grupo acabará votando en contra de la ley cuando ésta sea sometida a votación en el Congreso.El proyecto de ley quedó dictaminado en comisión el pasado viernes y se estima que podría ser debatido en el pleno que debe celebrarse el jueves de la próxima semana.

Unas semanas atrás, el ministro de Cultura, Javier Solana, se comprometió con el conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Rigol, a intentar lograr un acuerdo en torno a esta iniciativa legislativa a la que se han opuesto representantes de diversas comunidades autónomas.

Joaquim Ferrer indicó que las principales enmiendas presentadas por Minoría Catalana no habían sido aceptadas y citó, entre otras, la dirigida contra el artículo primero del proyecto de ley, en la que se defendía la competencia exclusiva en materia de cultura de las comunidades autónomas, salvo en lo que se refiere a la lucha contra la exportación ¡lícita de obras de arte y la expoliación y regulación de museos, bibliotecas y archivos que tengan titularidad estatal.

Enmiendas derrotadas

Otras enmiendas presentadas por Minoría Catalana y derrotadas en comisión propiciaban, según Joaquim Ferrer, la difusión internacional de todas las culturas hispánicas y no exclusivamente la castellana; el que las comunidades autónomas pudieran tener como consultores a instituciones de la propia comunidad y también que pudieran contar con un registro propio de los bienes culturales.El diputado convergente Joaquim Ferrer precisó que otras enmiendas presentadas por su grupo no aceptadas son las que pedían que las comunidades autónomas tuvieran la facultad de definir lo que se considera bienes de interés cultural; otra en la que solicitaba una mayor concreción en lo que se deba entender por expoliación de obras de arte y bienes culturales, y una tercera en la que se pedía que no fuera prohibida la venta de cualquier bien cultural perteneciente a la Iglesia católica.