El ex alcalde de la Jonquera y otros implicados en un delito monetario se acusan entre sí

El ex alcalde de La Jonquera, José María Mesquida, y los restantes implicados en un delito monetario de evasión de 32 millones de pesetas propiedad del industrial valenciano León Gran se acusaron mutuamente durante el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Nacional. El fiscal, que elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, pide para cada uno de los cinco procesados penas de tres años de prisión y multa de 50 millones de pesetas.

De las declaraciones realizadas en el juicio por los acusados se desprende que León Grau, propietario de una fábrica de hilaturas en Alcoy (Valencia), tenía un remanente de 35 millones de pesetas que quería invertir en el extranjero. A través del banco con el que operaba en Alcoy, se puso en contacto con un empleado del mismo banco en Madrid, que a su vez le recomendó a una persona de Barcelona, el procesado Alberto Casamayor, para que le gestionara la operación.Casamayor asumió el encargo y puso en contacto a Grau con Juan Antonio Obiols -otro de los procesados- como persona relacionada con la banca y que iba a llevar a efecto el negocio. Obiols, por su parte, y a través de otro de los acusados, Eugenio Baturone, se reunió con el entonces alcalde de La Jonquera, José María Mesquida, al que le propusieron la supuesta inversión y por la que cada uno de ellos obtendría la correspondiente comisión. Mesquida se comprometió a entregar a cambio un cheque con el contravalor en dólares.

Grau llevó el dinero en una maleta desde Alcoy hasta Barcelona y lo ingresó en una caja de seguridad de una entidad bancaria, desde la que se hizo el cambio a otra caja fuerte abierta por Obiols. Éste, a los dos días del ingreso, introdujo el dinero en una bolsa de deportes, que junto con Casamayor llevaron al restaurante Marfil, donde esperaba Baturone, que a su vez hizo entrega de la bolsa con el dinero a Mesquida después de que los anteriores hubieran cobrado las comisiones correspondientes.

Posteriormente, Baturone recibió una llamada en la que se le informó que Mesquida había sido detenido en la frontera y que se necesitaban otros 20 millones de pesetas para "tapar el asunto". Cuando esto fue comunicado a Grau, el industrial se sintió estafado y les amenazó con denunciarles a la policía. Baturone descubrió que Mesquida no había sido detenido y le acusó de quedarse con el dinero. Además intentó entrevistarse con él para que le devolviera el dinero, pero Mesquida se negó.

El ex alcalde, sin embargo, acusó ayer a Obiols y Baturone de que no le propusieron una inversión sino una evasión de capi tales, y que él era el encargado de pasar el dinero por la frontera debido a que su domicilio particular está más allá de la aduana. Mesquida afirmó que rechazó la operación porque no era legal y que les denunció a un confidente de la Guardia Civil, Eduardo Solé, al que creía miembro de la policía. Aseguró que no se explica por qué los otros procesados le acusan de haberse quedado con el dinero, ya que no lo recibió. En el juicio, Mesquida reconoció que tenía una caja fuerte alquilada en un banco de Perpiñán (Francia), "para guardar los libros y menesteres de sus hijas, que estudiaban en Francia". En esa caja la policía en contró fajos de papeles blancos de idénticas dimensiones que los billetes de 5.000 pesetas y que Mesquida añade que eran blocks. Los 32 millones (descontadas las comisiones) entregados por Grau estaban constituidos por fajos de billetes de 5.000 pesetas.

El ex alcalde añade que la denuncia a Solé la realizó el 11 o 12 de noviembre de 1982 y que Solé llamó inmediatamente en su presencia al comandante Seco de la Guardia Civil. Sin embargo, el citado comandante ha afirmado en el juicio que la llamada la recibió el día 16 de ese mes y que la denuncia era por valor de 500 millones de pesetas. Mesquida, verdadera estrella del juicio, dijo que un tal Carlos cobró 570.000 pesetas de los otros acusados para "hacerme entrar en razones y que así devolviera el dinero".

El fiscal solicitó para cada uno de los procesados tres años de cárcel y multa de 50 millones y los defensores la absolución para sus defendidos.