La organización antisandinista FDN rechaza la amnistía aprobada por el nuevo Parlamento de Managua

El Parlamento nicaragüense estrenó el martes sus funciones legislativas con la aprobación de una amnistía a la que podrán acogerse, hasta el próximo 19 de julio, todos los insurgentes. La ley excluye a quienes están detenidos y condiciona su aplicación a la previa entrega de las armas. La Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que con 12.000 hombres apoyados por Washington es el grupo guerrillero más consistente, se apresuró a rechazar la oferta desde Tegucigalpa. Los sandinistas han definido esta iniciativa del presidente Daniel Ortega como, "una contribución a la lucha por la paz".

El texto fue aprobado en su lectura final por consenso (86 votos a favor, ninguno en contra), pero sólo los diputados gubernamentales apoyaron el primero de sus cinco artículos, que mantiene al margen de la amnistía a los contras encarcelados. La portavoz del Grupo Parlamentario Sandinista, comandante Tora María Téllez, defendió la necesidad de establecer una diferencia entre el que se entrega y el que es capturado. "No es una ley de impunidad", dijo. "El contra tiene que manifestar su buena voluntad con la entrega de las armas".Conservadores, liberales y representantes del Partido Popular Social Cristiano, propusieron enmniendas para incluir también a los presos. Los diputados de los tres partidos marxistas situados a la izquierda del Gobierno plantearon un aplazamiento del debate para el estudio más detenido de la ley. El conservador Eduardo Molina, que denunció la existencia de cárceles clandestinas en el país, aseguró que si la amnistía no beneficia también a los capturados será "una ley para la exportación".

La apisonadora sandinista se impuso al fin sin aceptar ninguna modificación sustancial. El primer artículo quedó aprobado por 56 votos a favor, 22 en contra y seis abstenciones. El resto de la ley no encontró una oposición tan cerrada.

El segundo artículo establece que los insurrectos que permanecen en territorio nicaragüense deberán entregar sus armas a las autoridades que determine el Ministerio de Defensa. El tercero fija el mecanismo correspondiente para quienes se hallan en Costa Rica y Honduras. Managua solicitará a sus vecinos que designen representantes para hacerse cargo de las armas depositadas. Este proceso podrá realizarse también a través de la Cruz Roja. Los consulados de Nicaragua se comprometen a repatriar a los amnistiados.

Con esta medida, el Gobierno sandinista trata de mostrar un perfil conciliador ante el mundo, aunque sabe de antemano que los líderes de las guerrillas van a rechazarla como lo hizo de inmediato el directorio del FDN. El objetivo de Managua es conseguir la entrega de los combatientes de a pie, a fin de reducir las fuerzas del enemigo.

El diputado sandinista Federico López expresó este punto de vista al señalar que "esta ley es un arma de lucha para descomponer al ejército mercenario, tan importante como los cañones y fusiles para enfrentar a los que no depongan las armas".

El presidente Daniel Ortega ya ha puntualizado que esta ley no cambia para nada su decisión de no negociar con los contrarrevolucionarios, sino con sus jefes máximos que están en la Administración norteamericana.

La respuesta del FDN ha sido igualmente altanera: exige la renuncia del Gobierno y la inmediata salida de los militares internacionalistas. La amnistía es inviable en un momento en que miles de nicaragüenses huyen de su país. Ni los alzados en armas ni su patrocinador, Estados Unidos, están dispuestos a renunciar a una lucha de años sin contrapartidas políticas.

Washington tratará de forzar al Congreso para que reanude la ayuda militar a los combatientes, a fin de contrarrestar el debilitamiento moral que pueda originar la amnistía.

Tal como ha sido planteada es poco probable que esta ley tenga más éxito que otras similares promulgadas en su día en El Salvador y Colombia.