Desaparece el empresario que denunció una red de funcionarios corruptos en Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha dado orden de busca y captura contra José María Humbert Rovira, ex gerente de una empresa dedicada a los embargos y lanzamientos judiciales, que puso al descubierto, una red de funcionarios corruptos de los juzgados. La orden de detención fue decretada ayer al mediodía, después de que no compareciera a un juicio que debía celebrarse contra él por presunta malversación de caudales públicos.

José María Humbert Rovira debía haber comparecido ayer a las 11 de la mañana ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona para ser juzgado por el presunto delito de malversación de caudales públicos, supuestamente cometidos en 1980 al vender unos cuadros y tapices que habían sido depositados, por orden del juez, en uno de los almacenes de su propiedad. El fiscal solicitaba por estos hechos una pena de once años de prisión.La trama delictiva en laque se ve implicado el industrial José María Humbert Rovira y numerosos funcionarios de la Administración de Justicia se puso al descubierto el pasado 19 de junio de 1983, cuando fue detenido por la Guardia Civil en el puerto de El Masnou, a pocos kilómetros de Barcelona. El detenido intentó "comprar su libertad" con una larga carta en la que denunciaba a cerca de 20 funcionarios de los juzgados de distrito y primera instancia de Barcelona, que habrían percibido en los siete últimos años sobornos por un total de 200 millones de pesetas.

Humbert Rovira, ex gerente de la empresa Conductoras de Barcelona, SA, se dedicaba desde 1976 al almacenamiento de bienes embargados por orden judicial, así como a la práctica de desahucios. Humbert contaba con el apoyo de numerosos funcionarios de la Administración de Justicia, a quienes pagaba importantes comisiones a cambio de que en los juzgados se le nombrara "persona de confianza" para efectuar estos trámites jurídicos. Humbert Rovira, que se había dedicado a los más diversos empleos, creó a partir de entonces un verdadero imperio económico.

Este industrial abrió un total de ocho almacenes, uno de los cuales tenía 3.000 metros cuadrados; algunos de estos locales se incendiaban periódicamente por causas fortuitas", desapareciendo los objetos allí depositados y cobrando las pólizas de seguro. El último de los almacenes siniestrados fue el de la calle Badal, 112, de Barcelona, a raíz del cual se abrieron unas investigaciones y se detuvo a un empleado, que fue visto cuando entraba en el local, con una lata de gasolina, minutos antes de que se declarase el fuego.

Este incendio significó el principio del fin de Humbert Rovira. Los juzgados de instrucción número 8 y número 1 de Barcelona, que presidía Manuel Saéz Parga, ordenó su detención, que se efectuó el 19 de junio de 1983 en el puerto de El Masneu. Entonces surgió el intento de pacto y una carta denuncia en la que se recogían numerosas irregularidades jurídicas. Las corrupciones denunciadas por Humbert Rovira fueron investigadas por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, que preside el magistrado-juez Luis Fernando Gómez de Vizcarra. El tema fue encomendado al fiscal Eduardo Peña, el mismo que redactó, y dirigió la investigación del presunto fraude a la Seguridad Social en el que se ven implicadas cerca de 300 empresas catalanas. Estas diligencias culminaron el pasado mes de junio con el procesamiento de Humbert Rovira y con su puesta en libertad, después de que pagara una fianza de un millón de pesetas.

En medios jurídicos se aseguraba ayer que la desaparición de este industrial podría provocar el archivo de las diligencias instruidas contra los funcionarios de Justicia denunciados.