El 'paisito', en libertad condicional

Los militares uruguayos podrían llegar a inspirar cierta ternura de no ser por la sangre derramada, los sufrimientos, la ruina económica y el tiempo perdido. Dueños prepotentes de una llanura de 170.000 kilómetros cuadrados, apenas poblada por dos millones y medio de habitantes, y desplegando unas fuerzas armadas profesionales de 68.000 hombres, con más coroneles que cabos y más generales -proporcionalmente- que Estados Unidos, no han hecho otra cosa en los últimos 12 años que perder todas su batallas interiores.Instalaron en el país -en el paisito- una de las dictaduras menos sangrientas, pero más obtusas, del Cono Sur, cimentada en policías, confidentes, rencores, mezquindades, ciudadanos de primera, segunda y tercera categorías, según su fiabilidad política, represalias laborales contra los desafectos" pago de la estancia en la cárcel por los presos políticos, crueldad penitenciaria consideración de los presos como rehenes del Estado, asesinato de exiliados en la otra orilla del río de la Plata, control generalizado del correo y del teléfono y una censura de Prensa que en algún morriento llegó al absurdo de prohibir la difusión de información política nacional.

No obstante, en un caso sin precedentes en la historia de las dictaduras, los militares uruguayos patrocinaron un plebiscito y unos comicios partidarios, y perdieron ambos. En 1980, convocaron un referéndum para modificar la Constitución y establecer una democracia tutelada. Votó el 85% del electorado y un 58% de los sufragios emitidos lo fueron contra el proyecto. Dos años después convocaron elecciones internas en los tres partidos tolerados -Colorado, Nacional (Blanco) y Unión Cívica (derecha de la democracia cristiana)-, para ver cómo quedaban estrepitosamente derrotados los candidatos oficialistas a manos de la oposición frontal al régimen.

Preocupados por una Administración urbana demostrativa y detallista, a la postre muy femenina, de continuas inauguraciones de placitas, jardincillos, fuentes y monumentos, los uniformados erigieron en la plaza montevideana del Ejército un descomunal monolito cuya cima recordaba sospechosamente a un falo. A la mañana siguiente fue preciso colocar guardia armada al monumento, mientras cuadrillas de obreros rascaban con arena la gran pintada: "Esta es la pija que los militares le metieron al pueblo". Poco después inauguraron un costoso monumento a la bandera, en cuyo mástil izaron una gigantesca enseña especialmente fabricada en el Reino Unido por una acreditada firma de velámenes, que flameaba a la menor brisa. Al día siguiente les habían robado la bandera.

Con una deuda externa de cerca de 6.000 millones de dólares (las exportaciones, a la baja, apenas superan losI.000 millones de dólares anuales), visiblemente empobrecido el país incluso en el centro montevideano, y convencidos los militares, al fin, de que el pueblo uruguayo, muy civilizado y culto, no entiende otra forma de gobierno que la democracia por sufragio universal, la dictadura se retira.

Problemas para el futuro

Los militares, en vez de establecer con los partidos políticos un acuerdo para preservar su impunidad (sólo hay 17 desaparecidos y los asesinatos dentro y fuera del país y los homicidios en los penales y centros de tortura costará probarlos judicialmente), han organizado unas elecciones sembradas de trampas inútiles y problemas gravísimos para el inmediato futuro democrático.

Así, a los comicios del próximo domingo no concurre el Partido Comunista con su propio nombre, al estar proscrito, aunque lo hace bajo el lema de Democracia Avanzada; su secretario general, Rodney Arismendi, que acaba de poner fin a su exilio en Moscú, tampoco puede ser candidato. El general Líber Seregni, presidente del Frente Amplio (Democracia Avanzada, Partido Socialista, Izquierda Democrática Independiente, Partido Demócrata Cristiano y Lista 99, una escisión por la izquierda de los colorados), no puede optar a la candidatura presidencial y le representa el ginecólogo Juan Crottogini, su compañero de fórmula en las elecciones de 1981. Wilson Ferreira Aldunate,jefe de la Mayoría Nacional o blanca, continúa preso en un cuartel a 200 kilómetros de Montevideo, esperando la nulidad de su procesamiento por presunta traición a la patria. Su vicario electoral es un oscuro hacendado -Alberto Zumarán-, llamado a desempeñar el papel que Héctor Cámpora jugó en Argentina respecto a Juan Domingo Perón en caso de triunfo electoral blanco, con la previsible convocatoria de unas nuevas elecciones verdaderamente libres.

694 presos políticos

Miles de partidarios del Frente Amplio permanecen políticamente proscritos y no pueden ser candidatos (sólo el Partido Colorado de Julio María Sanguinetti no ha sufrido trabas electorales: su persona y su partido son los preferidos de la dictadura en su condición de lo menos malo) y al menos 3.000 exiliados no pueden votar al estar reclamados por la supuesta comisión de delitos por convicción. Los militares se han negado a decretar una amnistía y han accedido sólo a liberar a 411 presos políticos con la mitad de la pena cumplida. En prisión quedan 694, entre ellos el legendario fundador de los tupamaros, Raúl Sendic. De las tres grandes figuras de la política uruguaya -Sanguinetti, Ferreira y Seregni-, dos no pueden ser elegidos y están representados por vicarios. El futuro embrollo es seguro.

Sin embargo, todas las precauciones anteriores no satisfacen la cicatería y medrosidad militares. Hace tres meses, en el Club Naval de Montevideo, la dictadura saliente impuso a los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica -el Partido Nacional no participó de las conversaciones y hasta se retiró de la Multipartidaria tras la detención de Wilson Ferreira al regresar al país el 6 de junio- un pacto de cinco puntos previo a la convocatoria electoral: constitución de un Consejo de Seguridad Nacional en el que participen los militares, en minoría, junto a las autoridades civiles; control militar de los ascensos hasta marzo de 1986; creación de la figura jurídica del estado de insurrección; vigencia de todos los decretos de la dictadura hasta que sean aprobados o rechazados por plebiscito en noviembre de 1985; y mantenimiento de la proscripción de Ferreira, Seregni y el Partido Comunista hasta el 1 de marzo de 1985, fecha de la entrega del poder a las autoridades electas.

Por lo demás, Montevideo es una fiesta de pasquines, mítines, marchas y cánticos bufos contra el presidente, general Gregorio Goyo Álvarez, sin que la gendarmería se moleste en dar un palo al agua. La izquierda levanta libremente el puño y se denuncia por radio y televisión el pacto del Club Naval. El paisito camina hacia su libertad condicional.