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Morena prolonga su guerra fría con la Suprema Corte de México

El oficialismo excluye a la mayoría de los togados del festejo republicano por la Constitución de 1917, otro botón de muestra de la pérdida de poder del Alto Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en enero de 2025.SCJN
Zedryk Raziel

Morena no solo ha ido quitando poderes a la Suprema Corte de Justicia de México, sino que también ha arrinconado al máximo tribunal hacia la invisibilidad política. La reforma judicial impuesta por el oficialismo creará este año una nueva Corte, integrada por nueve ministros electos por voto popular y que tendrá menos facultades que el actual órgano jurisdiccional. Mientras tanto, los togados salientes, aunque renunciaron, están obligados a seguir despachando asuntos mientras llegan sus relevos, en septiembre. El Supremo mexicano opera ahora con una limitada agencia política. A pesar de que el Judicial es uno de los tres poderes que conforman el Estado mexicano, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha decidido no invitar a su titular, Norma Piña —cabeza también de la Suprema Corte—, al aniversario de la Constitución de 1917, una liturgia oficial eminentemente republicana. Solo han sido invitadas las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, las tres juezas alineadas a Morena, según ha podido confirmar EL PAÍS. El desaire de la presidenta es solo el último episodio de la serie de choques entre el oficialismo y los jueces.

La mandataria mexicana ha explicado que la no invitación a Piña obedece a las “faltas de respeto” que ha mostrado la Judicatura hacia el Ejecutivo y el Legislativo —este último también controlado por Morena en las dos Cámaras—. “Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro. Hasta ahora, la Corte, ¿qué es lo que ha estado haciendo, o la mayoría de los ministros de la Corte?”, ha dicho en la conferencia Mañanera en Palacio Nacional. “Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que, es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución”, ha indicado.

La Suprema Corte ha decidido no hacer comentarios al respecto, según han informado desde comunicación social a este diario. Al margen, un grupo de jueces federales reunidos en el Colectivo Artículo 41 ha criticado la decisión de Sheinbaum y ha afirmado que no se corresponde con la investidura de una jefa de Estado. “No es su fiesta de cumpleaños, no es un mitin político de quienes están a su lado y que comparten sus filias y sus fobias en la política”, ha señalado la magistrada federal Julia García González, integrante del colectivo.

Juan Jesús Garza Onofre, abogado e investigador, sostiene que Morena ha convertido al Poder Judicial en un rival político y le ha quitado su carácter de componente del Estado. Afirma que, aunque la Suprema Corte sigue emitiendo sentencias, el Gobierno promueve en la opinión pública la noción de que se trata de un órgano que es puro cascarón. “Es hacer como que ya se murió, que estamos solo en una cuenta regresiva donde lo que digan [los ministros], lo que hagan, no tiene ya ningún sentido”, explica en entrevista.

Sheinbaum acusó en las últimas semanas al Supremo de violar la Constitución, luego de que el Poder Judicial paró el proceso de definición de candidatos para la elección judicial, en acatamiento a la resolución de un juez de amparo. Dicha sentencia obligaba también al Ejecutivo y al Legislativo, pero estos, simplemente, decidieron no acatarla y continuaron con el cribado de los aspirantes a jueces. La ministra Piña había señalado, en un duro discurso en diciembre contra los ataques del oficialismo, cómo, desde que Morena presentó la reforma judicial, se volvió una práctica generalizada de las autoridades “violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales, en contravención directa de la Constitución”, así como “desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular”.

Para Sheinbaum, el hecho de que el Poder Judicial acatase la suspensión del juez de amparo mostraba su desdén hacia la Carta Magna. El argumento de Morena era que la enmienda judicial ya es una norma firme y tiene rango constitucional. Entonces entró a escena el Tribunal Electoral, dominado por una mayoría oficialista, y destrabó la parálisis a favor del oficialismo: quitó de la ecuación al Poder Judicial y ordenó al Senado elegir a los candidatos a jueces. “Preocupa cómo puede entenderse la función de la Suprema Corte y el Poder Judicial en el futuro. Hemos visto que, si alguien con poder no quiere hacer caso a las suspensiones o las sentencias de jueces de amparo, las puede simple y sencillamente ignorar y dejar que la política lo resuelva”, anota Garza Onofre.

La pérdida de poder de la Suprema Corte ha transitado a pasos. Sus facultades se han visto disminuidas a causa de la propia enmienda judicial. Morena aprobó en el Congreso una reforma de supremacía constitucional que impide, ahora, que las reformas a la Carta Magna sean revisadas por los tribunales a través del amparo, controversias constitucionales o recursos de inconstitucionalidad. “La Suprema Corte, entendida como tribunal constitucional, como un órgano contramayoritario que puede, en ocasiones excepcionales, enmendar la plana al Legislativo o al Ejecutivo, se acabó”, explica Garza Onofre. “Ahora, la Corte deja de ser Suprema y se convierte en una especie de tribunal de alzada que va a corregir a los órganos judiciales inferiores”, agrega.

Otro rasgo del debilitamiento ha sido la reforma a la Ley de Amparo que quita facultades a los jueces para suspender la entrada en vigor de normas reclamadas. Dicha enmienda establece que el juicio de amparo aplicará exclusivamente a quien promueva el recurso, sin que tenga efectos generales, un cambio que busca limitar el margen de acción de los jueces, luego de las resoluciones que frenaron varias de las iniciativas legales y proyectos de infraestructura prioritarios para Morena.

Hay que sumar el poderío del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará la conducta de los jueces. Los integrantes de la Judicatura han expresado preocupación por el hecho de que un mismo órgano tenga facultades de investigar y sancionar a los juzgadores sin que exista un tribunal superior para revisar sus resoluciones. Garza Onofre sostiene que, con todas las acotaciones puestas por Morena alrededor del Supremo, México vislumbra un nuevo Poder Judicial “muy alineado” con la agenda del Ejecutivo y el partido que le representa, Morena.

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Sobre la firma

Zedryk Raziel
Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).
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