Nuevo choque por la reforma judicial: el Comité de Evaluación del Poder Judicial frena la selección de candidatos

Los recovecos en el camino para llegar a la elección de jueces en junio de 2025 no cesan. A solo unos meses de que el país se enfrente a esta consulta extraordinaria, en la que se elegirán 881 cargos judiciales, uno de los tres comités que debe seleccionar a los candidatos ha decidido frenar el proceso. El Comité de Evaluación del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que anuncia que detiene “toda actividad” en cumplimiento de una resolución del juzgado primero de distrito de Michoacán, que el 20 de diciembre ordenó como medida cautelar suspender este proceso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ya han anunciado este miércoles que los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo van a seguir para adelante con la selección de candidatos.

La polémica reforma judicial ha recibido desde el inicio una cascada de amparos y suspensiones con el objetivo de frenarla. Este es el primero conocido que se dirige directamente a los 15 integrantes de los tres comités de evaluación. La resolución da un plazo de 48 horas, desde la notificación a cada comité, para “suspender en la etapa en que se encuentra y en el ámbito de sus competencias todo proceso”: “Lo que desde luego implica que no continúen con las etapas subsecuentes a la publicación de los listados de las personas aspirantes inscritas al proceso electoral extraordinario”. En caso de no hacerlo, dicta la sentencia del juez de distrito de Michoacán, se procederá “de inmediato” a abrir una carpeta de investigación contra los integrantes de los comités y se les impondrá una multa de más de 107.000 pesos.

Ante esas medidas cautelares, el Comité de Evaluación del Poder Judicial —notificado el 7 de enero— ha decidido suspender su proceso, aunque reconocen la “considerable inequidad” que supondrá para el proceso si el poder ejecutivo y legislativo no responden de la misma forma. Hasta el momento, este comité estaba analizando la idoneidad de 1.046 candidatos (después de eliminar en el primer filtro a 2.759), el número más pequeño entre el resto de órganos: el legislativo estudia 7.060 candidaturas (tras rechazar más de 20.000) y el ejecutivo 11.015 (al quitar 7.432).

La reforma judicial se convirtió en 2024 en una batalla campal de los jueces contra Morena, que controla el Ejecutivo y domina de forma arrolladora el Congreso. La guerra pareció terminar a principios de noviembre cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no logró aprobar cómo delimitar la reforma, gracias al apoyo in extremis del ministro Alberto Pérez Dayán. Después, el 18 de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, ante la lluvia de suspensiones, que “ninguna autoridad, poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del proceso electoral extraordinario”. En la lectura del fallo, la magistrada presidenta Mónica Soto citó al artículo 41 de la Constitución: “En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado”.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial señala en su comunicado que no ignora esta sentencia del TEPJF, pero que está “emitida en una jurisdicción constitucional diversa a la del juicio de amparo y, por otra parte, no corresponde a este órgano colegiado cuestionar lo determinado por un juez de distrito”. En sentido contrario, los otros dos comités sí se acogen a esta resolución del Tribunal Electoral.

La abogada Vanessa Romero, integrante del comité del Poder Ejecutivo, explica a EL PAÍS que todavía no han recibido la notificación del juzgado de distrito de Michoacán. Pero que cuando lo hagan, este comité va a respetar la sentencia del 18 de noviembre: “Si no estaríamos desacatando una orden del Tribunal Electoral, que ya resolvió que este tipo de amparos son ilegales porque atentan contra una reforma institucionalizada. Además, la materia es electoral, no pueden conocer de esta materia”. En ese mismo sentido, Sheinbaum ha declarado este miércoles en su conferencia: “Nos vamos con la resolución del TEPJF que ya había establecido que en materia electoral estos amparos no son procedentes”.

Por su parte, Fernández Noroña ha calificado la decisión del Poder Judicial de frenar el proceso como un “intento desesperado e irresponsable de descarrilar la elección de jueces”. Además, el presidente del Senado se ha ofrecido a integrar a los candidatos que estaba estudiando el comité del poder judicial en el del legislativo, algo para lo que no hay vía establecida y que sumaría a los cinco integrantes de este comité el trabajo de analizar 1.000 candidaturas más.

En esta fase del proceso, los comités están analizando la “idoneidad” de los 19.121 candidatos que quedan. Más allá del título de Derecho y de un buen promedio que se solicitaba en la primera etapa, ahora se calificará la honestidad, probidad, fama pública, experiencia profesional y trayectoria académica de los aspirantes, además de un ensayo de tres páginas que deberán entregar. Además se empezará con las entrevistas. La última fase de la selección de los candidatos que aparecerán el 1 de junio en la boleta se hará por sorteo.